Vía libre para reprimir la protesta social

El protocolo antipiquetes confirma la concepción de la protesta social como delito que los gobiernos anteriores construyeron (discursivamente y en los hechos), y le da un aval “legal” a las prácticas de las fuerzas de seguridad que se desplegaron por décadas en contra de las movilizaciones de trabajadores y sectores populares. El instrumento es oportuno para un flamante gobierno que profundiza el ajuste contra estos sectores y debe afrontar la perspectiva de que el reclamo en las calles se incremente.

Por Tania Piris Da Motta (*)

El pasado miércoles 17 de febrero el Consejo de Seguridad Interior, compuesto por autoridades nacionales y los ministros de área de cada provincia, aprobó en Bariloche el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, más conocido como “protocolo antipiquetes”. El protocolo, presentado oficialmente por la ministra Patricia Bullrich, está expresamente dirigido (como se observa en el propio título) a reprimir la protesta y a legitimar la intervención de las fuerzas de seguridad en los conflictos sociales.

Despejando la vía

Al anunciar la medida la ministra Bullrich hizo hincapié en el efecto más esperado de una resolución como ésta: “la nueva regla es que no haya cortes”. Para garantizarlo, se elide el requisito de la orden judicial y se le da todo el poder a la Policía Provincial, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura, y Seguridad Aeroportuaria.
En efecto, uno de los aspectos esenciales de la normativa es que ya no hay necesidad de esperar la intervención de la Justicia para que las FFSS comiencen a “disolver la manifestación” (léase reprimir), en el caso de que los participantes se nieguen a desalojar la vía pública. Dice el punto I del capítulo II: “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida se les solicitará que depongan el corte (…) poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación.” Es decir, sólo basta “poner en conocimiento” del suceso al juez, sin esperar a que éste emita orden alguna. Los uniformados actúan con toda la autoridad, dejando de ser meros “auxiliares de la Justicia”.
La “instancia de negociación” que tanto enfatizaron algunos medios oficialistas (como Misiones On Line) se hace a esos fines y con la policía. “Se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia” (regla I del capítulo II). En realidad, en ese “espacio” no se negocia nada: “Resuelto (SIC) positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito…”.
Bullrich lo dejó bien en claro al declarar: “Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos”. Y punto.

protocolo - escudos grande

En tanto, las reivindicaciones que se están demandando o la injusticia que provocó el reclamo no son objeto de esta primera “mesa de negociación”, y tampoco se prevé la presencia de las autoridades. Hay una segunda “mesa de negociación” que se hace con los funcionarios gubernamentales, pero tal como se explica en el protocolo, sería posterior a la represión. “Una vez liberadas las vías de circulación, el MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación, las autoridades competentes de los GOBIERNOS PROVINCIALES y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, instruirán a los funcionarios civiles afectados al operativo, a aquellos pertenecientes a los Ministerios de las demandas involucradas, y al personal civil que considere pertinente de los organismos y/o entidades involucradas, a establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan” (regla II del capítulo II). Obsérvese el uso del singular cuando habla de los representantes de los que participan de la protesta. (Cabe preguntarse, además, cuál es el verdadero alcance del verbo “instruir”).
El desalojo es, como vemos, el objetivo más importante al que apunta el articulado. Aunque los considerandos mencionen engañosamente el derecho a la protesta como un derecho amparado constitucionalmente, en realidad lo único que se resguarda es el derecho a la circulación. Estos considerandos reproducen el lugar común más reaccionario que suele usarse para limitar derechos (“la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro”) sin aclarar que al limitar el derecho a la protesta, se jerarquiza como más importante y fundamental el derecho a transitar libremente. De lo contrario, el derecho a circular, bajo el mismo criterio, ¿no debería terminar donde empieza el derecho a protestar de los demás?

El que protesta es un delincuente

Pero el instrumento va más lejos aún; no sólo coloca un derecho por arriba del otro, sino que equipara la manifestación en la vía pública con un delito.
Los manifestantes son considerados criminales sorprendidos en pleno acto delictivo, lo que habilita también a las fuerzas de seguridad a detenerlos para que se les inicien causas judiciales. Dice el capítulo II en el punto ya mencionado: “Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción…”
Considerar la manifestación como un delito explica por qué hay un punto dedicado exclusivamente a los “artículos” que podrían portar tales delincuentes: “Si entre los manifestantes se encontraren personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas, de los miembros de las FFSS, los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta, y el medioambiente, las FFSS procederán a aislar e identificar a esas personas…” (regla III del capítulo II). Nada dice el artículo, obviamente, de los objetos de las mismas características que generalmente portan los agentes de las FFSS (a saber: garrotes, gases lacrimógenos, bengalas, gas pimienta, picanas eléctricas, etc.)

protocolo armas

Las causas penales, además, pueden replicarse en causas civiles relativas a “daños a la propiedad”, de los cuales se hacen responsables no sólo a los “sospechosos” sino a las organizaciones a las cuales pertenecen.
Están prohibidas las “armas letales”, pero es sabido que proyectiles como balas de goma (o como la granada de gas que le quitó la vida al docente Carlos Fuentealba en el 2007) pueden resultar mortíferos en determinadas circunstancias.

Lo que todos quisieron hacer (e hicieron) y nadie se atrevió a poner en papel

Esta resolución le da una pátina “oficial” a aquello que el gobierno anterior ya hizo en numerosas oportunidades, cuando se enfrentó a la población movilizada en las calles, aun cuando formalmente reconociera el derecho a manifestarse. Basta recordar los últimos hechos con que Cristina se despidió de su mandato: la represión a los choferes de la línea 60 en la Panamericana (que dejó varios trabajadores heridos y hospitalizados) y el asesinato del luchador chaqueño Ángel Verón a manos de la policía de su provincia. En total, según el relevamiento elaborado y publicado en esta misma revista (Para pensar las muertes por represión) son 37 los muertos a causa de la represión de la protesta social durante el kirchnerismo, que forman parte de por lo menos 112 casos registrados durante todo el período democrático.
Así es, luego del retorno a la democracia en el ´83, el asesinato de personas durante marchas, manifestaciones y otras medidas de protesta, como resultado de la violencia desatada por las Fuerzas de Seguridad, no fue un dato inusual de los titulares (aunque algunos ni siquiera llegaron a los diarios). Y la represión de la protesta social se mantuvo como política de Estado aunque fue variando en sus versiones de acuerdo con cada gobierno (cfr. la nota mencionada).
La versión alfonsinista fue la de una política que no hacía uso recurrente de la fuerza, aunque sí tomó acciones excepcionales y gravísimas (como el fusilamiento de los militantes de Todos por la Patria y los casos de muerte durante los saqueos en el ´89). A partir de ese año, la versión menemista -que se impuso en el período de mayor conflictividad social- consistió en ampliar las funciones de las fuerzas de seguridad frente al conflicto “interno” y en judicializar la protesta como medida corriente. Víctor Choque (1995) y Teresa Rodríguez (1997) fueron las muertes emblemáticas de este nuevo ciclo. Luego vendrá de la Rúa y sus 38 muertes durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y Duhalde con la cacería humana desatada sobre el Puente Pueyrredón y la masacre de los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (2002).
Una versión diferente se dio con el ciclo kirchnerista, que adoptó el discurso de los “derechos humanos” pero siguió reprimiendo y matando a pesar de que la conflictividad social había bajado. Sólo el “operativo” del Parque Indoamericano dejó un saldo de tres muertos.

DYN28.JPG

Las declaraciones de Cristina en los últimos años daban cuenta de una profundización de la política represiva y de un viraje incluso discursivo en contra de los cortes de ruta. En su discurso de apertura de las sesiones legislativas del 2014 se pronunció a favor de sacar “una normativa de respeto a la convivencia ciudadana”, anticipándose a los contenidos que hoy expresa el protocolo analizado. “No puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan”, fundamentó. Ésa era una de las coincidencias que, según adelantó, tenía con Macri, a quien hoy debería agradecerle que haya cumplido con su deseo.
¿Por qué ningún gobierno se apartó de la lógica represiva?
En un exhaustivo trabajo, Katrina Buhl y Claudia Korol (2009) explican que “la criminalización de la protesta y los movimientos sociales es un aspecto orgánico de la política de ‘control social’ del neoliberalismo. Articula distintos planos de las estrategias de dominación, que van desde la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social, hasta la represión política abierta y la militarización. Son distintos mecanismos tendientes a subordinar a los pueblos a las lógicas políticas del gran capital, para asegurar el control de los territorios, de los bienes de la naturaleza, de las poblaciones que los habitan, y para reducir o domesticar las disidencias”.

Cerco para los periodistas

Capítulo aparte con respecto al análisis del “protocolo antipiquetes” merece el lugar que debería ocupar la prensa durante las manifestaciones. Transcribimos el punto correspondiente: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”. A esta disposición se la bautizó como “corralito” y fue criticada por algunos medios de prensa, como por ejemplo, Infobae, que publicó una nota titulada “Las imágenes que podrían no existir si se aplica el protocolo”, entre las que se incluye la siguiente:

Asesinato Darío Santillán

Es evidente que la finalidad de este capítulo del protocolo no es proteger a la prensa sino, por el contrario, reducir su actividad de cobertura y evitar registros que pudieran resultar dañinos para la imagen del gobierno o de la “institución”. Tal vez tampoco podrían existir estas imágenes que, gracias a la valiente incursión del periodista Martín Sereno en un violento desalojo de campesinos en el paraje Las Coloradas, pudimos ver en Misiones:

protocolo desalojo

protocolo desalojo bala

En Misiones

Según una noticia del diario Página 12, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, declaró que la provincia no va adherirse al protocolo aprobado por el Consejo de Seguridad Interior. La frase que usó Pérez para fundamentar su decisión no se puede dejar pasar:
“no creemos que lo primero sea ir a golpear cuando hay una protesta“. Lo sucedido en los últimos años con respecto a las protestas realizadas por docentes, tareferos o cualquier otro sector trabajador, en coincidencia con el giro antipiquetero de Cristina, desmiente en forma contundente la afirmación del ministro, ya que muestra que todos los intentos de corte de ruta fueron brutalmente frustrados por las fuerzas de seguridad a las órdenes de Jorge Franco y de Closs, de la misma línea política a la que pertenece Pérez.

protocolo - represión-02

Y no sólo eso, hubo protestas que no implicaron cortes de ninguna vía, como la que en el 2010 la Corriente Clasista y Combativa realizó frente a Casa de Gobierno, que también fueron ferozmente “aplacadas”, con gran cantidad de heridos.

protocolo represión CCC

La represión contra los maestros y los estatales en el puente Garupá en el 2014 fue tan bestial que tuvo repercusión mediática nacional y derivó en la hospitalización de mujeres por fracturas y otras lesiones y la detención de 20 personas, entre dirigentes de Ate y militantes docentes. Como dijo Mario Coutouné, dirigente del Partido Obrero, para medios locales: “han reprimido sin protocolo previo”, por lo que es difícil creer que ahora no lo aplicarán.

protocolo represión puente Garupá

El test de la marcha de los estatales

La marcha de Ate se realizó el pasado 24 de febrero sin aplicación del protocolo antipiquetes. La novedad, que resulta auspiciosa para todos los que hoy decidieron movilizarse en contra de los despidos, y para todos los trabajadores que saben que la calle o la ruta es su mejor recurso para oponerse al ajuste, fue comentada en medios como TN como un escándalo, en medio de quejas por la obstrucción del tránsito de la avenida 9 de Julio por tantas horas.

protocolo marcha-ate capital

Pero más allá de las imbecilidades previsibles de algunas coberturas periodísticas, ¿por qué no se aplicó el protocolo? El Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, dijo el día anterior que la medida de Ate “no infringía las nuevas disposiciones”. Por su parte, Ate había decidido “desconocer” el instrumento, según los dichos de su principal dirigente, Hugo “Cachorro” Godoy. Ayer se supo, además, que la jueza Graciela Beatriz Dalmas hizo lugar al pedido de hábeas corpus que presentó el sindicato, aunque este dictamen fue recurrido en la Cámara de Apelaciones una hora antes de que se iniciara la manifestación. Para completar el cuadro, el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta sostuvo que el protocolo no estaba aún reglamentado en Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó la protesta.
Cualquiera que sea la explicación, lo cierto es que el protocolo está vigente, y el 24 de febrero no pasó el test.
Según estipula la norma, cualquier manifestación que implique que el tránsito se obstruya, como seguramente sucederá el próximo 24 de marzo, puede entrar dentro del rango de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Hay que ver quién ganará la pulseada cuando las organizaciones políticas y de derechos humanos se movilicen por los 40 años del golpe de Estado. Una fecha clave, y alusiva.

(*) Periodista de revista superficie

Referencias:
El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas puede leerse completo en: http://www.minseg.gob.ar/pdf/protocolo-final.pdf

Bibliografía:
BUHL, K. y KOROL, C. (orgs) (2008). Criminalización de la protesta y de los movimientos sociales. Sao Paulo: Instituto Rosa Luxemburg Stiftung