Un juez al servicio de la impunidad

El magistrado Juan Pablo Fernández Rissi, del Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú, rechazó el pedido de Héctor Plaul para reactivar el expediente sobre la muerte de su hijo Pablo, electrocutado en un hotel de Iguazú en 2006. Es el mismo juez que se apartó de la causa por el femicidio de Taty Piñeiro, tras una vergonzosa actuación. Fue elegido por una comisión que integraba el diputado Gilberto Gruber, a cuyo hijo los familiares apuntan por el asesinato impune de Piñeiro. Otro fiel exponente de la oscura corporación judicial misionera.

Por Sergio Alvez (*)

Juez Fernandez Rissi
Luego de apartarse de la causa Piñeiro tras no haber investigado debidamente, el juez Fernandez Rissi cajoneó la causa Plaul.

El 19 de octubre de 2006, Pablo Plaul, de 17 años, murió electrocutado en el hotel Raíces, de Puerto Iguazú, tras sufrir una descarga al tocar una luminaria. Pese a las evidentes falencias edilicias que presentaba el hotel donde Pablo y sus compañeros se alojaron en el marco de un viaje de estudios, su dueño, Ricardo Ayala, resultó libre de culpabilidades en la muerte del joven Plaul: fue procesado por el fiscal Alejandro Monzón, que después, con las mismas pruebas, lo desprocesó. Las autoridades del colegio —el Instituto Parroquial San Justo (Buenos Aires)— y los dueños de la empresa de turismo que organizó el viaje también quedaron exentos de cualquier responsabilidad.

La causa judicial ya pasó por las manos de tres jueces: José Rivero, Ricardo Gerometta y por último Juan Pablo Fernández Rissi.

Meses atrás, los representantes legales de la familia de Pablo, realizaron al juez Fernández Rissi tres pedidos: que active la causa, que revea el sobreseimiento del dueño del hotel y que acepte a Héctor Plaul, padre de Pablo, como querellante. El juez desestimó las tres solicitudes. Por ello, la causa seguirá paralizada, el dueño del hotel, libre y el padre de Pablo no podrá defender la memoria de su hijo.

De este modo, el juez Fernandez Rissi suma un capítulo más a su historial al servicio de la impunidad, situándose como una joven promesa en la defensa de los poderosos, como bien lo demostrara en su tristísima actuación en la causa por violación y asesinato de la adolescente Taty Piñeiro —y la tortura seguida de muerte del perejil Hernán Céspedes—, de la cual se desvinculó aduciendo “hostigamiento” por parte de las familias que claman justicia, desnudando de todos modos, su incapacidad o intencionalidad para avanzar en una investigación que tiene demasiados puntos oscuros, complicidades y aspectos fundamentales que nunca se han investigado.

Designado por Gruber: no morder la mano del amo

Juan Pablo Fernández Rissi, juró en el Consejo de la Magistratura el 26 de diciembre de 2011. Tomó posesión del cargo como Juez del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Iguazú, reemplazando a José Pablo Rivero, quien pasó a integrar del Tribunal Penal 1 de Oberá.

La comisión de poderes que lo eligió para ocupar esa vacante, estuvo compuesta por ocho diputados, entre ellos, aunque resulte increíble, por el diputado provincial Gilberto Gruber, padre de quien todos en Puerto Esperanza sospechan que asesinó a Tati Piñeiro.

Fernandez Rissi es oriundo de la ciudad de Corrientes pero hace 10 años que vive en Misiones.

El martes 15 de noviembre de 2011, Fernandez Rissi, entonces aspirante al cargo de juez de Iguazú, participó de una audiencia pública en la Legislatura Provincial, ocasión en la que declaró que entre sus motivaciones se encontraba el hecho de que “la gente pide celeridad en las resoluciones judiciales”.

Fernandez Rissi juró en diciembre de 2011, ante el Superior Tribunal de Justicia, que en Misiones está íntegramente compuesto por probados familiares y amigos del Poder Ejecutivo. Uno de los poderes judiciales más oscuros del país.
Fernandez Rissi juró en diciembre de 2011, ante el Superior Tribunal de Justicia, que en Misiones está íntegramente compuesto por probados familiares y amigos del Poder Ejecutivo. Uno de los poderes judiciales más oscuros del país.

Caso Piñeiro/Céspedes: actuación bochornosa

Itatí Piñeiro, estudiante de 18 años, fue asesinada el 11 de julio de 2012 en Puerto Esperanza. El cadáver apareció en un descampado. Numerosas pruebas testimoniales e incluso el propio relato del diputado provincial Gilberto Gruber en una emisora radial local, revelan que tanto el legislador como su hermano, el intendente Alfredo Gruber, estuvieron presentes en el lugar de las primeras pericias, junto al juez Fernandez Rizzi, que inexplicablemente permitió esta intromisión, a tiempo que impidió a los propios familiares de la víctima el acercamiento al lugar.

Esta actitud despertó sospechas en el pueblo, en cuanto al vínculo del juez Fernandez Rizzi con el poder local, tomando en cuenta que para los familiares y un vasto sector de la sociedad, el responsable de la muerte de la adolescente, es Fabián Gruber, hijo del diputado del Frente Renovador.

Posteriormente, el juez fue visto junto al diputado Gruber en un conocido local gastronómico de la ciudad, de acuerdo a varios testimonios de lugareños. Numerosas voces sumaron elementos que darían cuenta de una fluida relación entre el magistrado y la familia Gruber.

El jueves 19 de julio, a instancias del juez Fernandez Rizzi, es detenido Hernán Céspedes, un compañero de escuela de Itatí Piñeiro, que al igual que varios otros jóvenes, fueron amenazados y golpeados por la policía local de Puerto Esperanza para que confiesen un crimen que no cometieron. Durante su detención, Céspedes informa a su madre acerca de las torturas y amenazas de muerte a la que estaba siendo sometido en la Unidad Regional 5 de Puerto Iguazú. Horas antes de declarar, el 22 de julio de 2012, Céspedes aparece muerto en su celda. La policía reporta un inverosímil suicidio. El juez Fernandez Rizzi, gran responsable de la muerte del joven, nunca investigó debidamente lo que a todas luces aparenta ser el asesinato de un perejil por parte de la policía.

En enero de este año, el periodista de Puerto Esperanza, Daniel Ortigoza, aportó al juez Fernandez Rizzi un conjunto de cinco fotografías que demuestran, entre otras cosas, que Itatí no fue asesinada en el lugar donde apareció el cadáver. Esta prueba fundamental, también fue ignorada por el juez, que luego, acorralado por los elementos que exhiben la pobreza de su irregular “investigación” en ambos casos —favoreciendo la impunidad de ambas muertes, la de Piñeiro y Céspedes, y protegiendo a hijos de poder y a la policía de Iguazú—, salió a victimizarse y pedir el apartamiento de la causa, que actualmente está en manos del juez Roberto Saldaña.

“Le llevé las fotos al juez, pero nunca las peritó ni las investigó. Las fotos cuentan otra historia que la que contaron los peritos. Porque en una de las fotos se ve claramente que el cuerpo no está en el lugar indicado como el lugar del hecho, porque se ve claramente que es otro tipo de suelo, otro entorno, muy similar al del campo de aviación, que está a unos dos kilómetros de allí. ¿Qué hacía el cuerpo ahí? ¿Cómo llegó hasta el trillo? Es totalmente improbable, que, como se intenta decir, una sola persona y en moto haya trasladado el cuerpo atravesando todo el pueblo de Puerto Esperanza sin ser visto por nadie. Lo que las fotos demuestran, entiendo, es que a Taty no la mataron en ese trillo, y que una sola persona nunca pudo haber llevado a cabo todo ese procedimiento aberrante sola y en moto. Tuvo que haber participado un vehículo, un móvil cerrado, y más personas. Eso es lo que debería determinarse en la Justicia, pero el juez decidió mirar para otro lado” reflejó Ortigoza a revista superficie.

Previamente, el abogado de la familia Piñeiro, Juan Carlos Selva Andrade, denunció que el juez Fernandez Rissi incurrió en “una situación de encubrimiento fenomenal, en esta relación dudosa entre la política y la justicia”. El abogado agregó que “se lo menciona al hijo del diputado ‘Pato’ Gruber. Hay un sector de la comunidad de Puerto Esperanza que considera que el hijo de (Gilberto) ‘Pato’ Gruber, podría haber tenido una vinculación con el crimen, y este diputado integra la comisión de Poderes y Reglamento de la Legislatura, que designa a los jueces. Justamente, intervino en la designación de (Juan Pablo) Fernández Rissi (como juez de instrucción nro. 3 de Iguazú) Con otras causales más, forman el principal argumento para que el juez se aparte de la causa”, explicó el abogado, en defensa del pedido de apartamiento del juez Fernández Rissi de esta causa.

En este sentido, Selva Andrade añadió que “la jurisprudencia establece que cualquier tipo de sospecha que pudiera poner en duda la imparcialidad del juez es causal suficiente para que el magistrado, (se excuse) de intervenir en (el expediente). El juez no solamente no se excusó desde un principio, sino que tampoco pidió autorización a su superior inmediato en la Cámara de Apelaciones, para resolver esta cuestión. Cualquier juez lo hubiera hecho, pero Fernández Rissi no lo hizo”.

Los familiares, tampoco tienen dudas sobre el sospechoso accionar del juez. Rosa Piñeiro, madre de Itatí, señaló que “el juez protegió desde un principio a Fabián Gruber. No investigó nada. Fue muy obvio lo que hizo. Esta causa está impune porque él hizo todo lo posible para que se sepa la verdad”. En tanto, la madre de Hernán Céspedes, señaló que “no nos dejó a los familiares ver los expedientes, cubrió a los policías que asesinaron a mi hijo y a los verdaderos responsables de la muerte de Tati”.

Las familias de Tati Piñeiro y Hernán Céspedes apuntan al juez Fernandez Rissi como encubridor de los hijos del poder en el caso de Tati y de la policía de Iguazú en la muerte de Hernán.
Las familias de Tati Piñeiro y Hernán Céspedes apuntan al juez Fernandez Rissi como encubridor de los hijos del poder en el caso de Tati y de la policía de Iguazú en la muerte de Hernán.

El caso Plaul: ¿camino a la impunidad?

Pablo Plaul tenía 17 años. El 19 de octubre de 2006, se encontraba en Puerto Iguazú junto con sus compañeros del Colegio Parroquial San Justo, de Buenos Aires. Estaba cursando segundo año. Ese día, Pablo estaba jugando al vóley en el predio del Hotel Raíces cuando se resbaló y, al sujetarse instintivamente de una farola, recibió una descarga eléctrica mortal. El dueño del Hotel Raíces era entonces Ricardo Omar Ayala, un empresario turístico de probados vínculos con el poder provincial que al principio quedó procesado, pero luego fue sobreseído. La causa, a más de seis años, sigue impune.

Héctor Plaul, padre de Pablo, explica que “en la causa se determinó que las instalaciones del lugar que albergó a la delegación estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades. El fiscal misionero Alejandro Néstor Monzón procesó a Ricardo Omar Ayala, empresario del complejo hotelero, por ‘homicidio culposo’ y luego, con la misma prueba, lo desprocesó. En primer lugar intervino el juez José Pablo Rivero —actual camarista penal en Oberá—, luego el juez subrogante Ricardo Rubén Gerometta, ambos del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Iguazú, IIIº Circunscripción Judicial de Misiones, que en la actualidad está a cargo del doctor Juan Pablo Fernández Rizzi”.

En 2012, una delegación integrada por Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora; Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y el doctor Alejandro Bois, viajaron a Misiones. Hubo una entrevista con Fernández Rizzi en la cual reclamaron que la Justicia investigue y condene a los culpables. Sin embargo, persiste la impunidad.

Familiares y amigos de Pablo Plaul realizaron varias marchas y diversas actividades para pedir justicia por la muerte del joven, vecino de Ciudad Evita. Incluso Héctor Plaul hizo una huelga de hambre ante la Catedral de San Justo. En 2007 se concretó una campaña solidaria denominada “Por vos, por Pablo, por todos” que destinó diez toneladas de productos para la Aldea Mbororé de Puerto Iguazú, la comunidad que iba a ser visitada por Pablo y sus 38 compañeros del segundo año del Polimodal. En el cierre de la colecta, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, expresó que “esta lucha no terminó porque la búsqueda de la Verdad y la Justicia nunca termina”.

“Los familiares y amigos de Pablo Plaul, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH–LM), reclaman a la Justicia la reactivación de la causa que investigó la muerte por electrocución del joven, quien —en 2006— integraba un contingente de alumnos del Colegio Parroquial San Justo que realizaban un viaje de estudios en Puerto Iguazú, Misiones. Los magistrados intervinientes adoptaron resoluciones que extendieron un manto de impunidad sobre los responsables del homicidio, por lo tanto, es urgente que el Juzgado de Instrucción nº3 de Iguazú —a cargo del juez Juan Pablo Fernández Rizzi—, reabra el expediente; que declare la nulidad del indebido sobreseimiento al empresario Ricardo Omar Ayala y que acepte a Héctor Plaul —padre de Pablo— como “particular damnificado” y así pueda actuar como querellante. Estas medidas fueron solicitadas pero los funcionarios judiciales incurrieron en demoras injustificadas” expresa un comunicado reciente firmado por la Asamblea y por los familiares de Pablo.

La familia de Plaul solicitó a Fernandez Rissi que se reabra la causa y que su padre ejerza la figura del querellante. El juez les negó esa chance y cajoneó la causa.
La familia de Plaul solicitó a Fernandez Rissi que se reabra la causa y que su padre ejerza la figura del querellante. El juez les negó esa chance y cajoneó la causa.

“Es indispensable que el Poder Judicial de la provincia de Misiones garantice que se escuche a las víctimas y llegar a un juicio oral con las garantías que consagra la Constitución Nacional y los tratados sobre Derechos Humanos firmados por el país. El derecho de la víctima a participar del proceso es un derecho humano básico, de jerarquía constitucional, según lo dispuesto en el Art. 8º, inc. 1ro y 30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respaldado por una doctrina y jurisprudencia nacional a internacional. Sin embargo, la figura del ‘particular damnificado’ está ausente en el Código Procesal Penal de Misiones; este tema no debe resolverse con la normativa local sino también con tratados refrendados por la Argentina. El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que cuando se cerró, no se respetaron los derechos de la víctima” explican los familiares.

Recientemente, la familia Plaul denunció que el juez Fernandez Rissi, en otra actitud repudiable, rechazó los pedidos de los familiares.

(*) Cronista de revista superficie.