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Violencia institucional

Ya está disponible para ver en línea el documental Las formas de nacer.
A partir de las historias de mujeres que sufrieron maltratos institucionales y pérdidas irreparables, Las formas de nacer visibiliza la problemática de la violencia obstétrica. En el relato de las protagonistas, se manifiesta la lucha por el parto y el nacimiento respetado. Las experiencias expuestas proponen e invitan a reflexionar sobre otros modos o maneras de nacer y de dar a luz. Al mismo tiempo, las leyes nacionales relacionadas a la temática guían el relato otorgando sustento a las distintas voces. Desde una mirada sensible, el documental brinda datos e información teniendo en cuenta que “para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer”.
Premiado en 2015 con el Arandú a la mejor producción artística audiovisual, Las formas de nacer es una realización de la Cooperativa de Comunicación Superficie, de Misiones, que contó con el apoyo del Centro de estudios y promoción de la equidad de género Flora Tristán de la Universidad Nacional de Misiones y el aval de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. También aportaron artísticamente Osvaldo de la Fuente, Cecilia Moya en la música original y la reconocida fotógrafa argentina Natalia Roca, a través de su proyecto Dar a Luz.
Durante la semana mundial del parto respetado del 2015, el documental se presentó en Misiones, Córdoba (capital), CABA y La Plata. En los meses siguientes, “Las formas de nacer” se proyectó en Chaco, Mar del Plata (30° Encuentro nacional de Mujeres), Mendoza, Corrientes, Tucumán, Chubut, otras localidades de Misiones (Eldorado, Jardín América, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza y Oberá) y otros países: Encarnación (6° Encuentro Feminista del Paraguay), Brasil (Porto Alegre), España (Málaga), México y Uruguay. Participó en Festivales de cine de Argentina y sigue creciendo hacia nuevos horizontes.

Después de 5 años y 8 meses estando Luciano desaparecido y de una intensa búsqueda, familiares y amigos, fuimos transitando distintos avances que materializamos, como así también reconceptualizamos nuestras consignas en función de los momentos de la lucha.El acampe de 68 días, en el que convivimos con la gendarmería instalada en el ex destacamento, nos permitió arrebatarle una comisaría a la Bonaerense y al Municipio de La Matanza.

Diciembre es el mes en el que se cumplen 10 años de la muerte de David Gómez y en el que Hernán Céspedes hubiera cumplido 22. Ambos adolescentes fueron víctimas de la violencia institucional en la túrística ciudad de Puerto Iguazú, mundialmente conocida por las Cataratas. Allí, en el norte de la provincia de Misiones, uno fue “suicidado” en 2006 y el otro en 2012. Recientemente sus familiares compartieron una marcha denunciando la impunidad judicial.

Por Sergio Alvez (*)

Los dos tenían 18 años. Los dos tenían el pelo negro, la sonrisa plena y el lustre luminoso de la juventud aflorando en sus miradas. Ambos vivían en el norte de la provincia de Misiones. Ambos, con seis años de diferencia, fueron asesinados luego de ser detenidos por la policía en Puerto Iguazú, la ciudad de las Cataratas. David y Hernán. El primero de apellido Gómez, el segundo Céspedes. En ambos casos lo primero que dijo la polícia fue “se suicidó”. Dos pibes. Un mismo victimario: la violencia institucional. Esa maquinaria que bajo el ala de la complicidad política y judicial, ejecutan las “fuerzas de seguridad” en las barriadas humildes del país, cargándose pibes inocentes para tapar casos con “perejiles suicidados” o porque a veces “se va la mano”.

Hernán hubiese cumplido 22 años el 10 de diciembre de 2016. Era compañero de curso de Itatí Piñeyro, en la escuela nocturna. Todo sucede en Puerto Esperanza, Misiones, una localidad donde la multinacional Arauco tiene una de las “papeleras” más contaminantes de la región y donde la familia Gruber supo construir una casta de actores políticos que gobierna el pueblo hace muchos años. En definitiva, uno de los feudos del norte provincial manejado por el modelo forestal implementado en la provincia al servicio de Arauco S.A .
Itatí Piñeyro (18) fue hallada muerta en un descampado el 12 de julio de 2012. Había sido violada. Versiones de testigos atemorizados y anónimos, dieron cuenta a la familia de “Taty” de la posible participación en el hecho de uno de los hijos de Gilberto Gruber, llamado Fabián, a su vez sobrino del intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber. Cuenta el maestro de Taty y Hernán, Carlos Duarte- quien además es un reconocido militante social- que en horas posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima del atroz femicidio, “ la policía desplegó un operativo terrible contra mis alumnos, los compañeros y compañeras de Taty. A muchos los fueron a buscar de noche, los llevaron al río y los amenazaron de muerte, muchos se fueron y no volvieron al pueblo por el terror que les inflingieron”.
Sindicado como principal sospechoso en el femicidio de “Taty”, por orden del ex Juez de Puerto Iguazú, Eduardo Fernández Rissi, la policía detiene a Hernán Céspedes y hasta lo alejan de su pueblo: se lo llevan a la Unidad Regional V, de la turística Iguazú. De allí, a horas de tener que prestar declaración, Hernán aparece “suicidado”, presuntamente con un “cordón” (cuando habitualmente lo primero que se hace con los detenidos es quitarle todo tipo de cordones, cinturones, etc). Fue el 27 de julio de 2012. Días antes, Hernán le confesó a su madre, Rosa, que tenía miedo que lo matasen, porque estaba amenzado por los guardias, que le pedían que se declare culpable del femicidio de Taty Piñeyro.

Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial
Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial

Dos años después, un joven que en las últimas horas de vida de Hernán estuvo detenido en la misma comisaría de Iguazú (posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria de Eldorado), hizo pública una carta-entregada a organismos de Derechos Humanos nacionales e intgernacionales- en la cual señala : “Yo (…) preso en este momento en la cárcel de Eldorado, en el pabellón de menores, actualmente condenado por robo calificado, declaro que presencié, cuando ocurrió la muerte del joven Hernán Céspedes en la Comisaría Seccional V de Puerto Iguazú, a fines de junio del año 2012. Ese día yo estaba preso enfrente de la celda en que estaba preso Hernán Céspedes y escuche reiteradas veces, en muchas ocasiones, presencié y vi como le pegaban brutalmente (el) policía López, Mariano, y una mujer policía que venía de Puerto Esperanza, entre otros policías”, escribió el joven.

Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad
Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad

“Entonces, las sesiones de torturas eran constantes contra el preso. La distancia de mi celda a la de él era aproximadamente de dos metros y medio. Y la celda de él, la tenían con la luz apagada. Estaba acurrucado sobre un tipo de banca de cemento. Y venían constantemente, lo sacaban y lo traían de (regreso) al calabozo”.
Terminando 2016, la familia de Hernán Céspedes no solo no pudo conseguir que la Justicia investigue debidamente, sino que con el caso impune, siquiera cuentan con un abogado por falta de recursos.

Mural que pide Justicia para David Gómez
Mural que pide Justicia para David Gómez

David Gómez vivía en Iguazú. El 5 de diciembre de 2006, después del acto de colación en la escuela- terminaban quinto año-acudió a una fiesta con sus amigos. Un patrullero de la comisaría local arribó al lugar a pedir que bajen el volumen. No querían que escuchasen cumbia villera ni nada que hablase contra la policía. Cuentan que se dio un intercambio de palabras entre algunos de los pibes, entre ellos David Gómez. Terminada la fiesta todos volvieron a sus hogares. Todos menos David, quien fue interceptado por la policía. Calixto Gómez, militante de ATE y CTA y padre de David, recuerda que “vino el comisario a decirnos que apareció el cuerpo a 40 kilómetros, ahorcado en un pinar en Puerto Esperanza”.
Desde la aparición del cadáver de David, múltiples irregularidades se fueron sumando a la magra investigación judicial. “Cuando llegamos al pinar, mi hijo ya no estaba colgado, sino tirado en una camioneta de la policía de Puerto Libertad, lleno de hematomas, con los testículos muy inflamados, con claras marcas de haber sido brutalmente golpeado. Después apareció una testigo que dijo que vio como la policía lo golpeaba, pero fue amenazada y se apartó de la causa. A todo esto, las ropas de David no aparecieron nunca. La rama donde se colgó apareció cortada y el terreno bajo el árbol quemado”.
El caso, permanece impune y la causa judicial cerrada.

Familiares de David  Gómez, 10 años pidiendo justicia.
Familiares de David Gómez, 10 años pidiendo justicia.

El pasado 7 de diciembre, la familia de David Gómez organizó una marcha en Puerto Iguazú, a 10 años del asesinato impune de su hijo. Acudieron organizaciones, vecinos y amigos de David. Estuvieron presentes los padres de Hernán Céspedes y su hermana Paola. Al llegar al mural que recuerda a su hijo y exige Justicia, bajo un sol tremendo, Calixto Gómez dijo a los presentes: “Si estamos acá es porque no queremos que ningún pibe más en Misiones ni en ningún lugar de la Argentina pase por esto. No queremos que haya más victimas de la violencia institucional, que siempre son jóvenes y humildes, pibes de barrio. No queremos un sistema judicial corrupto y cómplice del poder. No queremos más impunidad. Ni un pibe menos”.

* Director de revista superficie

Sin pruebas en su contra, Cristina Vázquez está presa desde hace 8 años en la Unidad de Mujeres de Villa Lanús. Se la acusa de un asesinato ocurrido en 2001, cuando trabajaba como empleada doméstica en el Barrio El Palomar. En diálogo con Revista Superficie, el abogado que solicitó su excarcelación explicó que “es ilegal la prisión preventiva” y confió que en poco tiempo podría salir en libertad. Para la Asociación de Pensamiento Penal se trata de “el paroxismo de las prácticas penales pésimas”. Otro caso de criminalización de la pobreza en Misiones.
Por Sergio Alvez (*)

Últimamente, el caso del profesor Monte, quien encerraba a alumnos de la carrera de Comunicación Social bajo llave durante sus clases, está volviendo a poner en discusión otras formas de ejercer la violencia. Luego del hecho, los estudiantes se reunieron y expresaron a las autoridades de su carrera que el profesor no sólo los encerraba, sino que además tenía como práctica cotidiana acosar a sus alumnas y realizar comentarios sexistas y discriminatorios en cuanto a la condición sexual, física y/o política de los estudiantes. El primero de septiembre se realizará una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, para definir si avanza o no el pedido de Juicio académico presentado por los alumnos.

Por Asamblea Interclaustro de Comunicación Social (*)

La violencia de género es uno de los temas más candentes en nuestra agenda mediática. Los juzgados reciben cientos de denuncias por día de hombres y mujeres que viven el hostigamiento de sus ex o actuales parejas. Socialmente estamos despertando de este flagelo, que antes lo considerábamos perteneciente al espacio íntimo y familiar de cada persona. Hoy, gracias a las diferentes organizaciones de DDHH, feministas, estudiantiles, etc. ha logrado salir a la luz y se ha colocado dentro de la órbita social. El problema de la violencia de género no es un problema individual, sino colectivo. Si bien hoy poseemos mecanismos legales para contrarrestarlo, aún quedan espacios donde se debe luchar para la desnaturalización de estas prácticas abusivas.

La violencia, sabemos, se expresa de diferentes formas. La física puede llegar a ser la más visible, pero hay otras formas, mucho más arraigadas, que todavía nos cuesta identificar.

Últimamente, el caso del profesor Monte, que se generó en la FHyCS de la UNaM, está volviendo a poner en discusión cuáles son estas otras formas de ejercer la violencia. Los medios destaparon la olla al publicar que estudiantes de Comunicación Social denunciaron a un profesor por atentar contra el derecho legítimo de éstos a la libre circulación y el acceso a la educación, tras haber cerrado con llave la puerta de un aula, mientras daba clase. La cuestión empeoró cuando quienes intentaban ingresar fueron expulsados, utilizando la fuerza física.

Luego del hecho, los estudiantes se reunieron y expresaron a las autoridades de su carrera que el profesor no sólo había reaccionado de tal forma, sino que además tenía como práctica cotidiana acosar sexualmente, y realizar comentarios sexistas y discriminatorios en cuanto a la condición sexual, física y/o política de los estudiantes. Todo esto provocó que las víctimas se organizaran en una Asamblea Estudiantil, para exigir el Juicio Académico que determine la expulsión del docente de la universidad. El primero de septiembre se realizará una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, para definir si avanza o no ese Juicio académico.

Pero lo que realmente el Consejo deberá definir es qué hacer ante la problemática de la violencia, en sí. En este caso estamos frente a lo que denominamos Violencia Institucional. Acá no se está discutiendo si el profesor sigue o no trabajando en la universidad, la veracidad de los testimonios o si es exagerado el pedido de los estudiantes; el quid de la cuestión es cuál será la postura que asumirá la institución ante persistentes actos de violencia y de abuso de poder.

Humanidades adhirió a la marcha Niunamenos 2016.
Humanidades adhirió a la marcha Niunamenos 2016.

“Todavía las instituciones públicas tenemos mucho que mirar hacia dentro… Todos tenemos una gran responsabilidad. Y una primera gran responsabilidad es escuchar al otro y pensar que el otro está diciendo la verdad… Si una persona nos cuenta es porque nos está pidiendo auxilio”, expresaba la actual decana de la FHyCS, la MG. Gisela Spaciuk, en una nota realizada por un medio local, el 22 de abril del 2013. En aquella oportunidad, la funcionaria se refería a su investigación sobre la problemática de la violencia de género y destacaba la importancia de las relaciones primarias, es decir, cómo otros sectores sociales (públicas, privadas, educativas, familiares, etc.), son determinantes al momento de ayudar o no a la víctima. Y hacía foco en la responsabilidad que le atañe a una institución pública educativa, como la FHyCS, ante situaciones como ésta.

Luego de tres años, y en el año que desde la institución se pretende aprobar un proyecto de protocolo contra las violencias de géneros, la decana debe afrontar denuncias que implican a un docente, que además pertenece a su línea política. ¿Cuál será su dictamen? Hace unos días, se publicó en el boletín oficial de la facultad, que dará curso a la investigación, para que el asunto sea resuelto lo antes posible. “Asimismo, ratificamos nuestro compromiso de investigar y esclarecer lo sucedido entendiendo que es necesario e imperioso resolver la situación conflictiva suscitada”, dice el comunicado de Decanato. De acuerdo con el régimen disciplinario recientemente aprobado, esa investigación debe realizarse mediante un Juicio Académico, porque se trata de hechos que lesionan derechos básicos de las personas. En tal sentido, se llamó a la conformación de un Tribunal Académico, por lo que es posible pensar que el Juicio está en puerta. Pero nada sabremos hasta el primero de septiembre. Sí sabemos que la funcionaria está totalmente en desacuerdo que estos hechos sean publicados y denunciados en los medios de comunicación, por considerar que esto mancha y agrava la imagen de la institución y su gestión.

Qué dicen los estudiantes de Humanidades
Por parte del Centro de Estudiantes, no queda muy claro cuál es su postura. Si bien han expresado su rechazo hacia el abuso de poder y ha habido algún que otro acercamiento hacia los estudiantes de Comunicación Social, también acompañan la intención de la decana a que esto sea tratado dentro de la esfera académica. “Creemos en las vías institucionales y en el co-gobierno universitario para que éste pueda tomar decisiones pertinentes al tema y que las cuestiones de la Universidad se resuelvan en la Universidad”, dice el Facebook oficial de la agrupación que dirige el Centro (Frente Estudiantil). La última información que se maneja es que tras haberse convocado una Asamblea General (en la que participaron todas las carreras), los representantes estudiantiles dentro del Consejo (pertenecientes a las agrupaciones Muro, Frente Estudiantil y Carlos Terezcuk) dijeron que iban a “evaluar” si apoyan o no el pedido del juicio académico. Por lo pronto, la Asamblea Interclautro de Comunicación Social cuenta con la solidaridad de compañeros de otras carreras, ya que aseguran, el abuso de poder es una práctica cotidiana en las aulas de Humanidades. Desde la Asamblea Intercalustro se convoca a referentes estudiantiles, compañeros, docentes, no docentes y a la sociedad en general, a presenciar la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, el primero de Septiembre a las 9 horas, en el que se tratará el caso Monte.

Por qué el Juicio Académico
No es la intención castigar u hostigar a una persona en particular, la intención es pedir justicia por todas aquellas víctimas que por miedo no han podido defender sus derechos, que por miedo no han podido exigir respeto, que por miedo se han callado y que por miedo han dejado la carrera. La intención es dejar asentado un antecedente importantísimo ante hechos de abuso de poder y todo tipo de violencias.

Como ya lo mencionamos, la violencia de género, como la violencia en sí, es un tema que hoy está en agenda, y es un tema sensible en la sociedad argentina. No hace falta ver los índices de femicidio en ningún organismo oficial; sólo debemos estar frente a un medio de comunicación y ver las reacciones que han provocado los comentarios de un referente del rock, como Gustavo Cordera; o la denuncia al profesor Dante Palma por abuso de poder y violencia de género, realizada por alumnas de la carrera de Filosofía y Letras de la UBA. Quizás la sociedad en general y el estudiantado en particular, comprendió que los derechos conquistados no se negocian. Retomando las declaraciones de la decana, finalmente nos preguntamos ¿mirará o no mirará, hacia adentro, la institución que ella dirige?

Monte (abajo, izquierda) y la Decana Gisela Spasiuk (arriba, derecha) integran el mismo espacio político.
Monte (abajo, izquierda) y la Decana Gisela Spasiuk (arriba, derecha) integran el mismo espacio político.

(*) Un aporte para la reflexión producido por la Asamblea Interclaustro de Comunicación Social

Los gobiernos de todas las provincias del país, oficialistas y opositores, consiguieron que el Consejo de Seguridad Interior declare la Emergencia Nacional de Seguridad para iniciar 2016. Se reforzarán entonces tareas y recursos destinados a las fuerzas policiales y de seguridad, que nunca dejaron de afilarse las uñas y los colmillos. Hay algo más peligroso que monos con navajas.

Por Diego Bogarin (*)

En la primera semana de 2016, a días de la Declaración de Emergencia Nacional de Seguridad, se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que avaló el accionar de la Policía Federal para “pedir documentos sin motivos de sospecha”. Entre los argumentos, los jueces sostienen que esos procedimientos forman parte de la prevención del delito. También puede leerse en el escrito que “la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley, siempre que su ejercicio constituya una ‘actividad de seguridad’ (de prevención del delito)”.

La inexistencia de fundamentos para la detención, ¿puede legitimarse por el resultado obtenido? Es decir: ¿aceptamos, permitimos que “la policía” detenga a alguna persona que le parezca sospechosa para ver si está implicada en algún delito, especulando con que puede ser culpable? En ese caso, ¿es la sospecha motivo suficiente para legitimar un procedimiento policial?

Las facultades y competencias de la Policía de Misiones están detalladas en la Ley Orgánica IV-N°23 (ex 2.338/96). La norma posibilita a los agentes mucho más que accionar por sospecha: pueden, además, “aprehender” jóvenes “en situación de vagancia”, pueden decir lo que quieran en sus actas porque sus actuaciones “son válidas y merecen plena fe, sin requerir ratificación” y pueden “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida”. Y obviamente, por la forma en que están enunciadas estas opciones dentro de la legislación, pueden no hacerlo. Es decir, pueden actuar a discreción según su ética, humor u oficial de turno se lo indiquen: aquel agente -de cualquier rango- que quiere, puede hacer todo lo que la ley le permite; pero también puede no hacerlo porque la Ley no obliga a reprimir, sólo lo posibilita.

Indagar en el recorrido que tuvo la norma policial permite ver que desde su surgimiento en contextos dictatoriales, pocas funciones le fueron reducidas. La policía provincial de Misiones es creada en enero de 1957, mediante el decreto 81/57. En la primera norma se le asignaban funciones y competencias destinadas a “velar por las buenas costumbres”, “impedir la vagancia de menores” y “vigilar e impedir todo ataque o movimiento subversivo”; para ello tenía la posibilidad de “identificar a toda persona de la cual sea imprescindible conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen”.

La detención para averiguación de antecedentes nace en Argentina en 1958, con la “Ley Orgánica de la Policía Federal”, bajo el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Inicialmente, tenía como objetivo ser utilizado en época electoral, pero pasados los años, todos los gobiernos utilizaron la herramienta para legalizar las detenciones arbitrarias.

En Misiones, 12 años despues, en 1970 y bajo el gobierno del Brigadier Mayor Angel Rossi, se otorgó a la fuerza provincial la potestad de “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse”, detallando el decreto-ley 517 que “la demora no podrá prolongarse más de 24 horas”.

La facultad de la detención para averiguación de antecedentes, o “doble A”, se convirtió desde entonces en un instituto que permaneció inmodificable en todas las reformas de la ley orgánica que se realizaron en 60 años de existencia policial. Incluso subsistió a la reforma de 1981 que derogó toda la normativa anterior, y a la Ley 3.389 de 1996, que hizo lo propio a través de un proyecto impulsado por el entonces gobernador Ramón Puerta para “adecuar la estructura de la institución a las necesidades que en materia de organicidad y funcionamiento se requiere del organismo responsable de la seguridad en la provincia”.

En 2011, el equipo a cargo del proceso de adecuación de la Ley de 1996 para incorporarla en el Digesto Jurídico misionero, realizó algunas modificaciones vinculadas a aspectos funcionales de la fuerza, pero validó la continuidad de la “doble A” y el plazo de 24 horas para la detención, período que duplica el standar puesto de referencia por la Ley 23.950 de “Limitaciones a las Facultades de Detener”.

Esta norma, sancionada en 1991, modificó al artículo 5 de aquel decreto de Aramburu, atenuando las facultades de la Federal y estableciendo que “no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente”. Añade la Ley de Limitaciones que “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas”. Además, dice que “las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones”.

Un aspecto no menor de la legislación policial de Misiones es que, a diferencia de otras normativas en el país, no otorga la potestad de exigir que una persona acredite identidad, y sólo permite a la policía detener a una persona “cuando se niegue a identificarse”. El artículo 13 de la Ley Nacional 17.671 de “identificación del potencial humano nacional” establece que “la presentación del documento nacional de identidad […] será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas”. Esto quiere decir, literalmente, que respondiendo verbalmente los datos filiatorios, se cumple con la identificación. La presentación del DNI es para probar o acreditar la identidad, algo que la Ley de la policía de Misiones no expresa como justificativo para la detención, pues si digo cómo me llamo, no estoy negándome a identificarme. Punto. Pero.

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), hace 20 años que trabaja sistematizando la información disponible respecto de personas violentadas y muertas por las fuerzas del Estado. En 2009, esta organización elaboró el “Nuevo manual de bolsillo del pequeño detenido”, donde sistematiza información clave para toda persona detenida arbitrariamente. En el inicio del manual, sostiene: “Nadie tiene la obligación legal de llevar sus documentos, menos aún un menor de edad. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, tratá de llevarlos”.

El trato tutelar de la minoridad se enmarcó durante décadas en una perspectiva objetivizante de la niñez y la adolescencia. Toda persona que aún no había cumplido 18 años era “menor” y, por lo tanto, objeto de derecho y tutelada por una persona “mayor” o por el Estado, bajo la figura del Patronato de Menores. Esta perspectiva se modificó sustancialmente con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por el gobierno argentino en 1990 y por la Constitución Nacional en 1994.

En 2006, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consolidó el paradigma que reconoce a toda persona menor de 18 años como sujeto pleno de derecho. En el artículo 19 se establece el “derecho a la libertad”, especificando que “las personas sujetos de esta ley no pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente”. En la norma, además, se determina que “los Organismos del Estado deberán garantizar […] todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional [y en] la Convención sobre los Derechos del Niño”, convención donde se definió que “la detención será el último recurso y por el tiempo más breve que proceda”.

En el año 2008, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación emitió la Resolución 2.208/2008 para adecuar la actuación de las Fuerzas en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de 18 años. En tal instrumento, se determina que “la persona menor de edad será tratada por personal idóneo a su condición etaria, quien no podrá ante ellos exhibir armas” y se expresa que “la persona menor de edad en ningún caso compartirá alojamiento con detenidos mayores de dieciocho años” y que “en los supuestos en los que no se pudiera acreditar fehacientemente la edad real, se presumirá la condición de persona menor de edad”.

Estos y otros mandatos son de alcance para las fuerzas federales, pero a través de una reunión de trabajo mantenida entre autoridades nacionales y de las provincias en septiembre de 2008, los gobiernos locales se comprometieron a adecuar sus herramientas legales para que sus procedimientos se ajusten a la normativa vigente. Sin embargo, la ley orgánica de la policía de Misiones contradice estos criterios y posibilita situaciones arbitrarias como la que sucedió el sábado 12 de diciembre de 2015, cuando cinco jóvenes fueron demorados en la zona Oeste por “vagancia”, según reportó la policía en un comunicado difundido a los medios, dando cuenta de que del operativo “participaron el Comando Oeste, la Comisaría 13ra y la Dirección de Infantería”.

Las prácticas represivas de los aparatos de crueldad están planificadas y son legales, es decir, están avaladas por un marco normativo que forma parte del sentido (y del sentir) común. La cultura de la legalidad se construye, en nuestras sociedades occidentales modernas, a partir de la asimilación de un conjunto de acuerdos (arbitrarios) que se vinculan estrechamente dentro de complejas tramas, a veces contradictorias: aprendemos y continuamos sistemas democráticos delegativos, ejercemos derechos contenidos y reglamentados en leyes, avalamos instituciones que evalúan acciones y organizan el encierro. En esta red de sentidos se inserta la institución policial como el organismo encargado de controlar, disciplinar y reprimir todo intento de alteración del estado de las condiciones de vida. Se inscribe la policía como resguardo moral y responsable tutelar del orden, que reacciona como fuerza de choque cuando el poder político lo considera necesario.

De una manera mucho más evidente y literal en décadas anteriores, las policías estaban llamadas a “prevenir y reprimir todo movimiento subversivo” y a “mantener la paz social”. Para ello, los gobiernos (siguen) otorgan(do) a esta corporación el monopolio de la fuerza pública mientras ponen a prueba otros mecanismos de control social (judicializaciones, criminalizaciones, cooptaciones), garantizando(se) protección de la propiedad privada y de las llamadas “buenas costumbres”, que serían algo así como los modos que tiene la burguesía moderna occidental de hacer las cosas.

Los límites de las acciones permitidas a las fuerzas policiales son zonas difusas, viscosas, que están en permanente fricción y se actualizan: a veces para incrementar el poder disciplinante, otras para contener (¿disimular?) la maquinaria represiva. Hay doctrinas y jurisprudencia contradictoria en torno a qué debería serle permitido a un agente en pos de controlar el delito porque las mismas sociedades contemporáneas están atravesadas por contradicciones en direcciones diversas, especialistas que cuestionan la policialización de la sociedad y voces legitimadas que piden mano dura para dar fin a las “puertas giratorias”, referentes que denuncian a la policía como gestora del delito y gobiernos de todos los colores que solicitan y consiguen declarar la emergencia nacional de seguridad. Vale mirar, en este contexto entonces, hasta dónde permiti(re)mos fortalecer los aparatos represivos de nuestras sociedades. Los funcionarios y amplios sectores sociales piden controles fuertes, presencia policial, mayores recursos a los uniformados. Y lo están consiguiendo.

En Misiones, sólo en los últimos dos mandatos de gobierno, revista superficie ha registrado y publicado que la policía de Misiones fue denunciada por más de una treintena de muertes por golpizas y por más de medio centenar de torturas y apremios. No hay ningún juicio -y obviamente tampoco sentencias- por estas causas. No hay sistemas ciudadanos de control a las fuerzas en Misiones. Es necesario discutir y definir con claridad los límites al aparato represivo. Es necesario pensar y construir la seguridad desde una perspectiva no policial. Si le damos más poder al poder, más duro nos van a venir a llevar. Por sospechas.

*El autor es cronista de revista superficie. Por consultas, amenazas y reclamos pueden escribir a contacto@revistasuperficie.com.ar

-La foto es de Marcos Otaño

-Este artículo fue escrito como catarsis luego de indagar sobre El legado de Jorge Franco

Aquí puede accederse al Nuevo Manual de Bolsillo del Pequeño Detenido, de la CORREPI.

-Aquí pueden conocerse algunos aportes sobre la derogación del instituto de la “Averiguación de Antecedentes” en Mar del Plata, en Rosario y en Mendoza.

El 26 de junio de 2003 el soldado voluntario Mauro Ramírez (22) se encontraba de guardia en el Regimiento de Monte Nº 30 de la ciudad de Apóstoles (Misiones), cuando recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte. El Ejército, al igual que todas las fuerzas de seguridad cada vez que hay una muerte en sus dependencias, adujo un “suicidio”. Varias pericias desmontaron esa versión: a Mauro lo fusilaron. Doce años después, la impunidad persiste. Una historia similar a la del soldado Omar Carrasco, plagada de irregularidades y entorpecimientos intencionales.

Investigación y redacción: Sergio Alvez y Cecilia Rodrigues (*)

El 27 de marzo de 2008 salió de su casa en Picada Indumar, hacia Oberá, No regresó. No hubo pistas certeras durante varios meses, hasta que dos testigos afirmaron haberlo visto detenido y siendo golpeado por policías en la comisaría de Dos de Mayo. Desde entonces, el proteccionismo político y judicial para con quienes deben ser investigados, tiñó la causa de irregularidades. Traslados de efectivos sin explicaciones, cese de búsquedas, insuficiencia de actuaciones judiciales, invisibilización del caso, y otras acciones sistematizadas, apostaron fuerte al olvido. Tanto el gobierno provincial como la Justicia, le dieron la espalda a la Verdad.

Mario Golemba sigue desaparecido. Es un desaparecido en democracia, en Misiones. Uno más. Van 7 años. Su familia, sus amigos, y miles de misioneras y misioneros que no se resignan a una democracia con desparecidos, lo seguimos buscando.

En marzo pasado, revista superficie presentó un repaso de las denuncias registradas en los últimos cuatro años contra efectivos de la Policía de Misiones por casos de golpizas, torturas e inclusive robos.
El relevamiento se realizó sobre casos que fueron publicados en la prensa y arrojó como resultado: 20 muertes en dependencias policiales y 41 denuncias por torturas y abusos policiales contra medio centenar de personas en toda la provincia. En casi todos los casos las víctimas fueron varones, jóvenes, trabajadores, y militantes sociales.

En este informe actualizamos la casuística a noviembre de 2014.

Por Cecilia Rodríguez (*)

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