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represión estatal

Después de 5 años y 8 meses estando Luciano desaparecido y de una intensa búsqueda, familiares y amigos, fuimos transitando distintos avances que materializamos, como así también reconceptualizamos nuestras consignas en función de los momentos de la lucha.El acampe de 68 días, en el que convivimos con la gendarmería instalada en el ex destacamento, nos permitió arrebatarle una comisaría a la Bonaerense y al Municipio de La Matanza.

Diciembre es el mes en el que se cumplen 10 años de la muerte de David Gómez y en el que Hernán Céspedes hubiera cumplido 22. Ambos adolescentes fueron víctimas de la violencia institucional en la túrística ciudad de Puerto Iguazú, mundialmente conocida por las Cataratas. Allí, en el norte de la provincia de Misiones, uno fue “suicidado” en 2006 y el otro en 2012. Recientemente sus familiares compartieron una marcha denunciando la impunidad judicial.

Por Sergio Alvez (*)

Los dos tenían 18 años. Los dos tenían el pelo negro, la sonrisa plena y el lustre luminoso de la juventud aflorando en sus miradas. Ambos vivían en el norte de la provincia de Misiones. Ambos, con seis años de diferencia, fueron asesinados luego de ser detenidos por la policía en Puerto Iguazú, la ciudad de las Cataratas. David y Hernán. El primero de apellido Gómez, el segundo Céspedes. En ambos casos lo primero que dijo la polícia fue “se suicidó”. Dos pibes. Un mismo victimario: la violencia institucional. Esa maquinaria que bajo el ala de la complicidad política y judicial, ejecutan las “fuerzas de seguridad” en las barriadas humildes del país, cargándose pibes inocentes para tapar casos con “perejiles suicidados” o porque a veces “se va la mano”.

Hernán hubiese cumplido 22 años el 10 de diciembre de 2016. Era compañero de curso de Itatí Piñeyro, en la escuela nocturna. Todo sucede en Puerto Esperanza, Misiones, una localidad donde la multinacional Arauco tiene una de las “papeleras” más contaminantes de la región y donde la familia Gruber supo construir una casta de actores políticos que gobierna el pueblo hace muchos años. En definitiva, uno de los feudos del norte provincial manejado por el modelo forestal implementado en la provincia al servicio de Arauco S.A .
Itatí Piñeyro (18) fue hallada muerta en un descampado el 12 de julio de 2012. Había sido violada. Versiones de testigos atemorizados y anónimos, dieron cuenta a la familia de “Taty” de la posible participación en el hecho de uno de los hijos de Gilberto Gruber, llamado Fabián, a su vez sobrino del intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber. Cuenta el maestro de Taty y Hernán, Carlos Duarte- quien además es un reconocido militante social- que en horas posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima del atroz femicidio, “ la policía desplegó un operativo terrible contra mis alumnos, los compañeros y compañeras de Taty. A muchos los fueron a buscar de noche, los llevaron al río y los amenazaron de muerte, muchos se fueron y no volvieron al pueblo por el terror que les inflingieron”.
Sindicado como principal sospechoso en el femicidio de “Taty”, por orden del ex Juez de Puerto Iguazú, Eduardo Fernández Rissi, la policía detiene a Hernán Céspedes y hasta lo alejan de su pueblo: se lo llevan a la Unidad Regional V, de la turística Iguazú. De allí, a horas de tener que prestar declaración, Hernán aparece “suicidado”, presuntamente con un “cordón” (cuando habitualmente lo primero que se hace con los detenidos es quitarle todo tipo de cordones, cinturones, etc). Fue el 27 de julio de 2012. Días antes, Hernán le confesó a su madre, Rosa, que tenía miedo que lo matasen, porque estaba amenzado por los guardias, que le pedían que se declare culpable del femicidio de Taty Piñeyro.

Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial
Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial

Dos años después, un joven que en las últimas horas de vida de Hernán estuvo detenido en la misma comisaría de Iguazú (posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria de Eldorado), hizo pública una carta-entregada a organismos de Derechos Humanos nacionales e intgernacionales- en la cual señala : “Yo (…) preso en este momento en la cárcel de Eldorado, en el pabellón de menores, actualmente condenado por robo calificado, declaro que presencié, cuando ocurrió la muerte del joven Hernán Céspedes en la Comisaría Seccional V de Puerto Iguazú, a fines de junio del año 2012. Ese día yo estaba preso enfrente de la celda en que estaba preso Hernán Céspedes y escuche reiteradas veces, en muchas ocasiones, presencié y vi como le pegaban brutalmente (el) policía López, Mariano, y una mujer policía que venía de Puerto Esperanza, entre otros policías”, escribió el joven.

Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad
Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad

“Entonces, las sesiones de torturas eran constantes contra el preso. La distancia de mi celda a la de él era aproximadamente de dos metros y medio. Y la celda de él, la tenían con la luz apagada. Estaba acurrucado sobre un tipo de banca de cemento. Y venían constantemente, lo sacaban y lo traían de (regreso) al calabozo”.
Terminando 2016, la familia de Hernán Céspedes no solo no pudo conseguir que la Justicia investigue debidamente, sino que con el caso impune, siquiera cuentan con un abogado por falta de recursos.

Mural que pide Justicia para David Gómez
Mural que pide Justicia para David Gómez

David Gómez vivía en Iguazú. El 5 de diciembre de 2006, después del acto de colación en la escuela- terminaban quinto año-acudió a una fiesta con sus amigos. Un patrullero de la comisaría local arribó al lugar a pedir que bajen el volumen. No querían que escuchasen cumbia villera ni nada que hablase contra la policía. Cuentan que se dio un intercambio de palabras entre algunos de los pibes, entre ellos David Gómez. Terminada la fiesta todos volvieron a sus hogares. Todos menos David, quien fue interceptado por la policía. Calixto Gómez, militante de ATE y CTA y padre de David, recuerda que “vino el comisario a decirnos que apareció el cuerpo a 40 kilómetros, ahorcado en un pinar en Puerto Esperanza”.
Desde la aparición del cadáver de David, múltiples irregularidades se fueron sumando a la magra investigación judicial. “Cuando llegamos al pinar, mi hijo ya no estaba colgado, sino tirado en una camioneta de la policía de Puerto Libertad, lleno de hematomas, con los testículos muy inflamados, con claras marcas de haber sido brutalmente golpeado. Después apareció una testigo que dijo que vio como la policía lo golpeaba, pero fue amenazada y se apartó de la causa. A todo esto, las ropas de David no aparecieron nunca. La rama donde se colgó apareció cortada y el terreno bajo el árbol quemado”.
El caso, permanece impune y la causa judicial cerrada.

Familiares de David  Gómez, 10 años pidiendo justicia.
Familiares de David Gómez, 10 años pidiendo justicia.

El pasado 7 de diciembre, la familia de David Gómez organizó una marcha en Puerto Iguazú, a 10 años del asesinato impune de su hijo. Acudieron organizaciones, vecinos y amigos de David. Estuvieron presentes los padres de Hernán Céspedes y su hermana Paola. Al llegar al mural que recuerda a su hijo y exige Justicia, bajo un sol tremendo, Calixto Gómez dijo a los presentes: “Si estamos acá es porque no queremos que ningún pibe más en Misiones ni en ningún lugar de la Argentina pase por esto. No queremos que haya más victimas de la violencia institucional, que siempre son jóvenes y humildes, pibes de barrio. No queremos un sistema judicial corrupto y cómplice del poder. No queremos más impunidad. Ni un pibe menos”.

* Director de revista superficie

Operativo conjunto

Toda represión, toda tortura, es tan legal como la ley se lo permite y tan legítima como la sociedad lo pide o lo tolera. En Misiones, la policía volvió a torturar, esta vez, en plena calle céntrica de la capital y frente a cámaras de celular. La impunidad del uniforme es avalada por los pedidos de más policías en las calles, la resignación ante la violencia policial y la inacción connivente de los organismos que deben prevenir los tratos crueles e inhumanos.

Hace unos días, digamos una semana atrás, se difundió un video grabado en pleno microcentro de Posadas en el que se ve cómo ocho policías reducen violentamente a un hombre de unos 40 años, lo esposan sometiéndolo a golpes contra la vereda y ocasionándole un desmayo con posteriores convulsiones. Como es frecuente en estos operativos, ningún efectivo tiene el nombre, aunque en las imágenes pueden reconocerse facciones y rangos de oficiales y suboficiales. Es decir, son identificables. Se escucha que los policías acusan al hombre tirado en el piso de oponer resistencia y lastimarse solo y, ante el reproche de los testigos por la violencia ejercida, el suboficial que intenta evitar que se grabe la situación, argumenta: “Así no más es”, toda una declaración de la función reaccionaria de la institución.

Ante el desmayo del sujeto-reducido-a-objeto, uno de los uniformados comenta con liviandad “pará, pará, yo le voy a curar” y lo sienta con las manos esposadas en la espalda. El sujetado tose desde el fondo de las entrañas. El policía pregunta “¿estás bien amigo?” y ante la respuesta desgarrante de otra tos espasmódica, le palmea diciendo “está bien, liiisto”.

Alrededor de la situación se escuchan reproches de decenas de ocasionales testigos agolpados alrededor de la situación: “paren, no le pueden golpear así”, “¿alguien es abogado?”. La joven que graba valientemente con su celular, registra con minuciosidad el violento operativo y expone la magnitud de los modos de tortura que los uniformados ni siquiera precisan esconder: la impunidad de los agentes de disciplina funciona así desde siempre. No son resabios de la dictadura ni son malos policías: la Policía es así. Es eso, aunque a veces algunos se disfracen de parteros de emergencia y otras de custodios de la seguridad pública.

El espectáculo no fue casual, no fue un descuido: el control social del Estado requiere manifestaciones eventuales del ejercicio del poder sobre los cuerpos.

Legalidad ilegal

Al informar del procedimiento, los uniformados argumentaron que la detención se produjo porque el hombre entorpeció un procedimiento e insultó a los uniformados. La Ley Orgánica de la Policía de Misiones establece que los testimonios de los uniformados no requieren ser validados, id est, lo que sea que digan es válido para la institución. Por lo tanto, mientras esa norma esté vigente -y nada indica que haya intenciones de cambiarla-, tendremos que asumir que todo policía dice la verdad y que, en este caso, actuaron ante una contravención. Esto mismo es lo que indica la institución policial en su descargo mediático realizado días después del operativo: el hombre golpeado está supeditado a una causa contravencional.

Pero aún asumiendo ese lugar incómodo de decir que “tienen razón” -en realidad no tienen “razón” sino “poder” y con ello, la posición para establecer verdades-, nos queda por decir que no hay justificación para el trato deshumanizante. La reacción es desproporcionada, lo que no quiere decir que fue un exceso: eso que vemos en el video, eso es lo que fueron a hacer. Puede verse un minucioso despliegue de un operativo conjunto -tres policías de uniforme negro, dos de uniforme azul y tres sujetos de civil-, puede notarse el estudiado comportamiento y la distribución de roles y funciones según escalafones y áreas. Nada estuvo librado al azar.

El video expone a ocho funcionarios públicos sometiendo a vejaciones y torturas a un ciudadano. Podría decirse, entonces, que toda la patrulla es grabada en flagrante delito: el inciso 2 del artículo 144 del Código Penal establece pena de prisión para “el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”. Pero sabemos que en Misiones, la pena por mostrar la hilacha es apenas un traslado a comisarías con menos visibilidad.

Organismos orgánicos

En Misiones existe hace algunas semanas la Comisión provincial de prevención de la Tortura, puesta en marcha como parte del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, creado a su vez en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, asumidos por la Organización de las Naciones Unidas y aprobados en 2004 en Argentina por Ley Nacional 25.932. Misiones tardó 12 años en crear su propio mecanismo, y lo hizo de una manera tal que corre el riesgo de resultar una escribanía del buen obrar represivo. De hecho, la norma original, de 2014, fue reprochada por la Procuraduría penitenciaria federal por carecer de garantías de independencia del gobierno de turno, lo que llevó a modificar la norma y volver a aprobarla en 2015. A mediados de 2016, se convocó a postulantes para integrar la comisión provincial y el gobierno postuló a funcionarias públicas del Ministerio de Derechos Humanos y allegadas.

Pasando momentáneamente por alto esos “detalles”, vale preguntarse: ¿por qué aún no se han manifestado repudiando y promoviendo una investigación por este caso la Comisión Provincial contra la tortura ni el Ministerio de Derechos Humanos? Y podría agregarse además al párrafo de preguntas: ¿cuántas actuaciones como ésta no trascienden por realizarse en lugares distantes de la vista pública? ¿Cuántas denuncias de vejaciones y “apremios ilegales” no se toman en serio por ser de pibes de barrio o de “personas con antecedentes”?

La detención grabada se produjo sin orden judicial, algo habilitado por el Código de Faltas de la Provincia y la Ley de la Policía misionera. Ambas normas sostienen principios antidemocráticos que habilitan actuaciones arbitrarias de las fuerzas represivas y posibilitan procedimientos inconstitucionales, si atendemos que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que nadie puede ser detenido sin orden judicial; pero también ambas leyes sobreviven a gobiernos militares y civiles porque son de suma utilidad para poner a andar la maquinaria policial a discreción del gobierno o a pedido del público, que luego se asombra cuando ve lo que hace la policía que pidió liberar.


Enlace al video subido por MisionesOnLine

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El Premio Nobel Alternativo de la Paz, el paraguayo Martín Almada, tuvo un papel fundamental en el descubrimiento de los llamados “Archivos del Terror” del Paraguay, que permitieron corroborar la existencia de la coordinación represiva llamada Plan Cóndor, orquestada entre las dictaduras de América del Sur con el auspicio de los Estados Unidos. Como parte del ejercicio de la memoria que nos proponemos desde revista superficie este 24 de marzo, rescatamos fragmentos de algunos testimonios suyos acerca del pacto macabro que sobrevoló a partir de 1976 (e incluso antes) Paraguay, Argentina y el resto del Cono Sur latinoamericano, uniéndonos una vez más en una trama de historias trágicas pero también heroicas.

Martín Almada, abogado y educador, sufrió la cárcel, la tortura y el exilio por parte de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Desde el mismo momento en que lo detuvieron, el 26 de noviembre de 1974, Almada pensó en la posibilidad de una conspiración internacional. “Fui secuestrado en mi lugar de trabajo por la policía política y llevado directamente ante un tribunal militar integrado por autoridades paraguayas, civiles y militares, y por los agregados militares de la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. Me imputaron haber escrito mi tesis doctoral, en La Plata, titulada Paraguay. Educación y dependencia”, contó al diario argentino La Nación el 21 de octubre del 2001.

Martín Almada - ficha

Al poco tiempo de su detención, trasladaron al docente a la Comisaría Primera de Asunción, donde escuchó hablar del “Cóndor” por primera vez. “Un día fue puesto en nuestra celda el comisario Mario Mancuello, castigado por no haber informado que su hijo Carlos pertenecía al Centro de Estudiantes de la Universidad de La Plata. Yo quería saber cómo había muerto mi esposa y por qué me interrogaban militares extranjeros. ‘Martín Almada, me respondió, estamos en las garras del Cóndor’.” (ibídem)

La sospecha inicial de Almada tenía ahora nombre y apellido: “Operación Cóndor”, y una descripción: se trataba de un entramado de inteligencia y despliegue militar a través del cual las respectivas cúpulas gobernantes de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay intercambiaban información y actuaban conjuntamente para reprimir o trasladar de un país a otro a los supuestos “subversivos”, utilizando los sangrientos métodos del terror de Estado.

La imagen del Cóndor, cada vez más nítida

Martín Almada estaba acusado de ser un “terrorista intelectual”, y en vano clamó su inocencia ante Pastor Coronel, el temible Jefe de la Policía de Asunción. Por mala conducta, lo llevaron el 3 de mayo de 1975 a la prisión de alta seguridad de Emboscada, bautizada como “el sepulcro de los vivos”. El expreso político relata en la misma entrevista: “Me parecía haber sido transportado a una de esas prisiones romanas de la era esclavista que, siendo niño, había visto en la película Quo Vadis? durante Semana Santa. Una verdadera jaula. Desde el exterior, oficiales y sargentos nos observaban como a seres extraños, venidos de otro planeta. No existíamos, en suma. En la celda contigua, pero en peor condición que nosotros, estaba un argentino, Amílcar Latino Santucho, abogado. Me comentó que había pasado por el vía crucis del Tribunal Militar Cóndor con su compañero chileno, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue la segunda vez que escuché que estábamos en las garras del Cóndor.

Martín Almada - museo

La imagen cada vez más nítida de un operativo a escala trasnacional se confirmó en las palabras de su compañera de celda, Gladys Meilinger de Sannemann, médica paraguaya que trabajaba en un sanatorio de Candelaria, Misiones, y fue secuestrada por las Fuerzas Armadas argentinas hace justo 40 años y luego entregada a la policía paraguaya. “La doctora Sannemann me contó que éramos víctimas de la alianza militar y política de intercambio de información, ubicación de supuestos subversivos o terroristas, y tortura, ejecución o traslado, sin más protocolo o pase libre de cualquier país miembro. En ese momento ya tenía claro el panorama. También conocí en ese infierno a un joven estudiante argentino, Oscar Rojas, muy católico, entregado a las autoridades argentinas.” (ibídem).

El descubrimiento de los Archivos del Terror

En ese último centro clandestino, Almada hizo huelga de hambre por 30 días y logró la intervención de Amnistía Internacional y del Comité Inter-Iglesias del Paraguay, lo que finalmente desembocó en su liberación el 27 de septiembre de 1977. Nuevamente perseguido, buscó asilo en la embajada de Panamá y se exilió en ese país en febrero de 1978.

Con la caída de la dictadura stronista en 1989 y la reforma constitucional para incorporar el derecho de hábeas data en junio de 1992, el profesor y abogado emprendió la tarea de reconstruir su paso por aquellos sitios oscuros, pero no consiguió suficiente información.

Un día, se encontró con una mujer de más de 70 años, que le paró en la calle y lo reconoció por su nombre. “Nos abrazamos, emocionados. Después cambió de actitud. ‘Ah, ustedes, los que se fueron, vuelven como héroes, y nosotros, los que nos quedamos, seguimos sufriendo -me dijo-. Pastor Coronel me sacó por la fuerza esa propiedad que usted ve allí. No se acerque a ella en vísperas de mal tiempo -me dijo-, porque jóvenes argentinos, uruguayos, chilenos, lloran, piden socorro a gritos’. ‘¿Viven allí?’, le pregunté. ‘No -me dijo-, son sus almas en pena’.” (ibídem).

La anciana había señalado la comisaría de Lambaré y fue precisamente en esa propiedad donde poco tiempo después, el 22 de diciembre de 1992, se hizo el gran descubrimiento: los documentos secretos del régimen de Stroessner, algunos de los cuales hacían clara referencia al Plan Cóndor. La infidencia de una esposa engañada, realizada personalmente a Almada en su oficina, dio lugar al allanamiento ordenado por el juez José Agustín Fernández.

Martín Almada - Lugar del Archivo

Lo que se descubrió en ese lugar no puede medirse: toneladas de papeles con sellos oficiales de la dictadura paraguaya, la más larga de América del Sur (de 1954 a 1989), y además documentación probatoria de la causa común desarrollada con sus pares de la región.

Antes y después de la formalización

Uno de los dossiers encontrados, por ejemplo, da cuenta de una de las primeras reuniones para “formalizar” el Plan Cóndor, que en realidad estaba vigente desde principios de la década de los ´70. “…Hemos estimado que debemos contar en el ámbito internacional no con un mando centralizado en su accionar interno, sino con una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias…”, dicen los fundamentos de la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, organizada entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975, en Santiago de Chile, por el coronel Manuel Contreras, al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Y agregan: “La subversión desde hace algunos años se encuentra presente en nuestro continente, amparada por concepciones políticas y económicas que son fundamentalmente contrarias a la historia, a la filosofía, a la religión y a las costumbres propias de los países de nuestro hemisferio. Esta situación descripta no reconoce fronteras ni países y la infiltración penetra todos los niveles de la vida nacional.

Antes de esta fecha, sin embargo, la conexión entre las Fuerzas Armadas de los distintos Estados ya se había cobrado sus primeras víctimas, entre ellas, el general chileno Carlos Prats, comandante en jefe del ejército durante el gobierno de Allende, y su mujer, Sofía Cuthbert, asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires; Bernardo Leighton, dirigente de la democracia cristiana chilena, y su mujer, Anita, heridos de gravedad, el 6 de octubre de 1975, en Roma; y el propio Almada, que fue vigilado en Argentina durante los gobiernos de Lanusse, Cámpora y Perón, en los años que duró su beca para el Doctorado en Ciencias de la Educación (1972-1974). Él mismo lo cuenta en una declaración sobre el Plan Cóndor en las Universidades:

Mi experiencia personal con el Plan Cóndor en el ámbito universitario fue en la Universidad Nacional de Plata, en abril de 1972, donde realicé mis estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación, en calidad de becario del gobierno argentino.
En forma muy casual me encontré en dicha universidad con el Agregado Militar de Argentina en Paraguay, coronel Juan Carlos Moreno. Lo conocía porque fui Director del Instituto Juan Bautista Alberdi de Paraguay que mantenía una estrecha relación con dicha Representación Diplomática en Asunción (…) 
El Coronel Moreno me explicó que se había jubilado como militar y que en ese momento se desempeñaba como Asesor Técnico del Rector, Dr. Guillermo Gallo, también ex militar, y ex asesor de las universidades brasileñas también controladas por los militares.
Treinta años después tomé conciencia que la labor específica del coronel de inteligencia Juan Carlos Moreno en la Universidad de La Plata, fue la preparación de la lista de los subversivos, estudiantes y profesores que posteriormente fueron detenidos, torturados, desaparecidos, y/o exiliados. Esta es la prueba que nuestra ignorancia de ayer y hoy fue planificada con una gran sabiduría desde Washington a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo Interamericano.
” (“La conspiración contra la sociedad del conocimiento en América Latina. La memoria del Plan Cóndor Universitario”, Asunción, marzo de 2008, disponible en http://www.martinalmada.org/articoli/articulos54.html)

Los casos más resonantes, no obstante, ocurrieron después de 1976, y tuvo particular impacto el asesinato del excanciller de Allende Orlando Letelier en plena ciudad de Washington D.C., el 26 de septiembre de 1976, sobre el que trata el documental que transmite por estos días el canal Discovery Theater, “La estrategia del Cóndor”. El periodista Rafael Otero Echeverría demostró que un grupo de cubanos comandados por agentes de la CIA, habían sido los que planearon y ejecutaron el crimen de Letelier, pero esto no fue tomado en cuenta por la justicia chilena.

La historia de Gladys Meilinger de Sannemann: el Cóndor en Misiones

Martín Almada - retrato Gladys

Así como Martín Almada, Meilinger de Sannemann fue una víctima más del Plan Cóndor, y al igual que su compañero encarcelado, sobrevivió al terror gracias a la intervención de una embajada extranjera, en el caso de Gladys, la embajada alemana en Buenos Aires.

Luego de haber sido entregada en julio de 1976 a la policía paraguaya, la médica estuvo en el campo de concentración de Emboscada hasta el 19 de marzo de 1977, para volver a ser entregada a las autoridades argentinas, que la confinaron en la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Cuenta Mielinger de Sannemann en su libro “Paraguay en el Operativo Cóndor” (publicado tres años antes de que se descubrieran los Archivos del Terror), que luego de las gestiones diplomáticas fue expulsada de Buenos Aires “sin documentación, sin dinero y sin vestimenta” (p. 15).

En su obra, la sobreviviente reproduce las primeras informaciones que se conocieron sobre esta “siniestra organización multinacional”. Jhon Dinges y Saúl Landau hablan de ella a propósito del crimen de Letelier, ya mencionado, en su libro “Asesinato en el barrio de las embajadas”. En las páginas de Washington Post aparece tres años más tarde, en 1979, un artículo firmado por Jack Anderson, con el título “El Cóndor: los criminales latinoamericanos”, donde se hace referencia a esta “corporación internacional de la muerte”. Pero el primero en nombrarlo fue el periodista británico Richard Gott, que el 4 de junio de 1976 contaba en The Guardian acerca del método represivo usado para “sacar del medio” a los que resistían contra las dictaduras, y responsabilizaba del plan a los Estados Unidos de América y en particular, a su secretario de Estado, Henry Kissinger (p. 17).

Asegura Sannemann: “Estoy convencida que existió este pacto o convenio político-militar, doctrina de la Seguridad Nacional Occidental y Cristiana (política denominada “Democracia sin comunismo”)… Por esta forma de represión castrense y policial, un ciudadano exiliado de cualquier país podría ser: muerto, desaparecido, preso, estar bajo vigilancia de la policía del lugar o de su país (residencia, teléfono, correspondencias, visitas, etc.), obligado a renunciar a sus actividades políticas, ser secuestrado y enviado a su país de origen a pedido de las fuerzas represivas requirentes.” (p. 14.)

Martín Almada - jerarcas

El caso de Gladys involucra particularmente a los misioneros, porque sucedió en Candelaria, el mismo día del Golpe de Estado. Y ella nombra en su libro a otro colega suyo, Agustín Goiburú, que también eligió residir un tiempo en Misiones, y cuya cabeza pidió Stroessner. Sannemann (quien falleció en el 2014) y Goiburú son dos de los más de 70 paraguayos detenidos y/o desaparecidos en la Argentina en los años del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, según el material de difusión elaborado por la Fundación “Celestina Pérez de Almada” y el Museo Memorias: Dictadura y Derechos Humanos del Paraguay.

Referencias y fotografías: Sitio oficial de Martín Almada: www.martinalmada.org y publicaciones periodísticas

Bibliografía
MEILINGER DE SANNEMANN, Gladys, Paraguay en el operativo Cóndor. Represión e intercambio clandestino de prisioneros políticos en el Cono Sur, Asunción, Ministerio de Educación y Culto, 1994 (tercera edición).

Declaración a 40 años del último golpe de Estado en Argentina

En marzo de 1976 el último golpe cívico-militar en Argentina consolidó un capítulo de violencia represiva que había empezado años antes para garantizar la implementación de un modelo económico concentrador y excluyente. Cuatro décadas después, en Misiones nos preocupa que sigan vigentes mecanismos que posibilitan el uso discrecional de la fuerza policial para seguir garantizando un modelo económico injusto y que violentan derechos constitucionales. La violencia se volvió discurso atravesando y moldeando la trama social. Es urgente desarmar el uso represivo y preventivo de la coerción del Estado. Toda dictadura triunfa cuando logra que el autoritarismo se inscriba en prácticas cotidianas: el orden castrense aún late con “pasión restauradora”. Sólo democratizando los recursos será posible ejercer en plenitud los Derechos Humanos. La democracia no se ganó de una vez y para siempre en 1983: hay que ganarla todos los días. Represión, silenciamiento e impunidad, NUNCA MÁS.

Firman:
Revista Superficie
Diego Bogarin, Periodista
Marina Casales, Periodista, Docente-Investigadora UNaM
Sonia Alfaya, Docente-Investigadora UNaM
Elena Maidana, Investigadora UNaM
Brígida Renoldi, Antropóloga CONICET-IESyH-UNaM
Yolanda Urquiza, Historiadora FHyCS-UNaM

-La fotografía es de Pablo Longoni, en el marco de la muestra #ARGRA40añosdelgolpe

Los gobiernos de todas las provincias del país, oficialistas y opositores, consiguieron que el Consejo de Seguridad Interior declare la Emergencia Nacional de Seguridad para iniciar 2016. Se reforzarán entonces tareas y recursos destinados a las fuerzas policiales y de seguridad, que nunca dejaron de afilarse las uñas y los colmillos. Hay algo más peligroso que monos con navajas.

Por Diego Bogarin (*)

En la primera semana de 2016, a días de la Declaración de Emergencia Nacional de Seguridad, se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que avaló el accionar de la Policía Federal para “pedir documentos sin motivos de sospecha”. Entre los argumentos, los jueces sostienen que esos procedimientos forman parte de la prevención del delito. También puede leerse en el escrito que “la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley, siempre que su ejercicio constituya una ‘actividad de seguridad’ (de prevención del delito)”.

La inexistencia de fundamentos para la detención, ¿puede legitimarse por el resultado obtenido? Es decir: ¿aceptamos, permitimos que “la policía” detenga a alguna persona que le parezca sospechosa para ver si está implicada en algún delito, especulando con que puede ser culpable? En ese caso, ¿es la sospecha motivo suficiente para legitimar un procedimiento policial?

Las facultades y competencias de la Policía de Misiones están detalladas en la Ley Orgánica IV-N°23 (ex 2.338/96). La norma posibilita a los agentes mucho más que accionar por sospecha: pueden, además, “aprehender” jóvenes “en situación de vagancia”, pueden decir lo que quieran en sus actas porque sus actuaciones “son válidas y merecen plena fe, sin requerir ratificación” y pueden “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida”. Y obviamente, por la forma en que están enunciadas estas opciones dentro de la legislación, pueden no hacerlo. Es decir, pueden actuar a discreción según su ética, humor u oficial de turno se lo indiquen: aquel agente -de cualquier rango- que quiere, puede hacer todo lo que la ley le permite; pero también puede no hacerlo porque la Ley no obliga a reprimir, sólo lo posibilita.

Indagar en el recorrido que tuvo la norma policial permite ver que desde su surgimiento en contextos dictatoriales, pocas funciones le fueron reducidas. La policía provincial de Misiones es creada en enero de 1957, mediante el decreto 81/57. En la primera norma se le asignaban funciones y competencias destinadas a “velar por las buenas costumbres”, “impedir la vagancia de menores” y “vigilar e impedir todo ataque o movimiento subversivo”; para ello tenía la posibilidad de “identificar a toda persona de la cual sea imprescindible conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen”.

La detención para averiguación de antecedentes nace en Argentina en 1958, con la “Ley Orgánica de la Policía Federal”, bajo el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Inicialmente, tenía como objetivo ser utilizado en época electoral, pero pasados los años, todos los gobiernos utilizaron la herramienta para legalizar las detenciones arbitrarias.

En Misiones, 12 años despues, en 1970 y bajo el gobierno del Brigadier Mayor Angel Rossi, se otorgó a la fuerza provincial la potestad de “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse”, detallando el decreto-ley 517 que “la demora no podrá prolongarse más de 24 horas”.

La facultad de la detención para averiguación de antecedentes, o “doble A”, se convirtió desde entonces en un instituto que permaneció inmodificable en todas las reformas de la ley orgánica que se realizaron en 60 años de existencia policial. Incluso subsistió a la reforma de 1981 que derogó toda la normativa anterior, y a la Ley 3.389 de 1996, que hizo lo propio a través de un proyecto impulsado por el entonces gobernador Ramón Puerta para “adecuar la estructura de la institución a las necesidades que en materia de organicidad y funcionamiento se requiere del organismo responsable de la seguridad en la provincia”.

En 2011, el equipo a cargo del proceso de adecuación de la Ley de 1996 para incorporarla en el Digesto Jurídico misionero, realizó algunas modificaciones vinculadas a aspectos funcionales de la fuerza, pero validó la continuidad de la “doble A” y el plazo de 24 horas para la detención, período que duplica el standar puesto de referencia por la Ley 23.950 de “Limitaciones a las Facultades de Detener”.

Esta norma, sancionada en 1991, modificó al artículo 5 de aquel decreto de Aramburu, atenuando las facultades de la Federal y estableciendo que “no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente”. Añade la Ley de Limitaciones que “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas”. Además, dice que “las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones”.

Un aspecto no menor de la legislación policial de Misiones es que, a diferencia de otras normativas en el país, no otorga la potestad de exigir que una persona acredite identidad, y sólo permite a la policía detener a una persona “cuando se niegue a identificarse”. El artículo 13 de la Ley Nacional 17.671 de “identificación del potencial humano nacional” establece que “la presentación del documento nacional de identidad […] será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas”. Esto quiere decir, literalmente, que respondiendo verbalmente los datos filiatorios, se cumple con la identificación. La presentación del DNI es para probar o acreditar la identidad, algo que la Ley de la policía de Misiones no expresa como justificativo para la detención, pues si digo cómo me llamo, no estoy negándome a identificarme. Punto. Pero.

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), hace 20 años que trabaja sistematizando la información disponible respecto de personas violentadas y muertas por las fuerzas del Estado. En 2009, esta organización elaboró el “Nuevo manual de bolsillo del pequeño detenido”, donde sistematiza información clave para toda persona detenida arbitrariamente. En el inicio del manual, sostiene: “Nadie tiene la obligación legal de llevar sus documentos, menos aún un menor de edad. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, tratá de llevarlos”.

El trato tutelar de la minoridad se enmarcó durante décadas en una perspectiva objetivizante de la niñez y la adolescencia. Toda persona que aún no había cumplido 18 años era “menor” y, por lo tanto, objeto de derecho y tutelada por una persona “mayor” o por el Estado, bajo la figura del Patronato de Menores. Esta perspectiva se modificó sustancialmente con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por el gobierno argentino en 1990 y por la Constitución Nacional en 1994.

En 2006, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consolidó el paradigma que reconoce a toda persona menor de 18 años como sujeto pleno de derecho. En el artículo 19 se establece el “derecho a la libertad”, especificando que “las personas sujetos de esta ley no pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente”. En la norma, además, se determina que “los Organismos del Estado deberán garantizar […] todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional [y en] la Convención sobre los Derechos del Niño”, convención donde se definió que “la detención será el último recurso y por el tiempo más breve que proceda”.

En el año 2008, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación emitió la Resolución 2.208/2008 para adecuar la actuación de las Fuerzas en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de 18 años. En tal instrumento, se determina que “la persona menor de edad será tratada por personal idóneo a su condición etaria, quien no podrá ante ellos exhibir armas” y se expresa que “la persona menor de edad en ningún caso compartirá alojamiento con detenidos mayores de dieciocho años” y que “en los supuestos en los que no se pudiera acreditar fehacientemente la edad real, se presumirá la condición de persona menor de edad”.

Estos y otros mandatos son de alcance para las fuerzas federales, pero a través de una reunión de trabajo mantenida entre autoridades nacionales y de las provincias en septiembre de 2008, los gobiernos locales se comprometieron a adecuar sus herramientas legales para que sus procedimientos se ajusten a la normativa vigente. Sin embargo, la ley orgánica de la policía de Misiones contradice estos criterios y posibilita situaciones arbitrarias como la que sucedió el sábado 12 de diciembre de 2015, cuando cinco jóvenes fueron demorados en la zona Oeste por “vagancia”, según reportó la policía en un comunicado difundido a los medios, dando cuenta de que del operativo “participaron el Comando Oeste, la Comisaría 13ra y la Dirección de Infantería”.

Las prácticas represivas de los aparatos de crueldad están planificadas y son legales, es decir, están avaladas por un marco normativo que forma parte del sentido (y del sentir) común. La cultura de la legalidad se construye, en nuestras sociedades occidentales modernas, a partir de la asimilación de un conjunto de acuerdos (arbitrarios) que se vinculan estrechamente dentro de complejas tramas, a veces contradictorias: aprendemos y continuamos sistemas democráticos delegativos, ejercemos derechos contenidos y reglamentados en leyes, avalamos instituciones que evalúan acciones y organizan el encierro. En esta red de sentidos se inserta la institución policial como el organismo encargado de controlar, disciplinar y reprimir todo intento de alteración del estado de las condiciones de vida. Se inscribe la policía como resguardo moral y responsable tutelar del orden, que reacciona como fuerza de choque cuando el poder político lo considera necesario.

De una manera mucho más evidente y literal en décadas anteriores, las policías estaban llamadas a “prevenir y reprimir todo movimiento subversivo” y a “mantener la paz social”. Para ello, los gobiernos (siguen) otorgan(do) a esta corporación el monopolio de la fuerza pública mientras ponen a prueba otros mecanismos de control social (judicializaciones, criminalizaciones, cooptaciones), garantizando(se) protección de la propiedad privada y de las llamadas “buenas costumbres”, que serían algo así como los modos que tiene la burguesía moderna occidental de hacer las cosas.

Los límites de las acciones permitidas a las fuerzas policiales son zonas difusas, viscosas, que están en permanente fricción y se actualizan: a veces para incrementar el poder disciplinante, otras para contener (¿disimular?) la maquinaria represiva. Hay doctrinas y jurisprudencia contradictoria en torno a qué debería serle permitido a un agente en pos de controlar el delito porque las mismas sociedades contemporáneas están atravesadas por contradicciones en direcciones diversas, especialistas que cuestionan la policialización de la sociedad y voces legitimadas que piden mano dura para dar fin a las “puertas giratorias”, referentes que denuncian a la policía como gestora del delito y gobiernos de todos los colores que solicitan y consiguen declarar la emergencia nacional de seguridad. Vale mirar, en este contexto entonces, hasta dónde permiti(re)mos fortalecer los aparatos represivos de nuestras sociedades. Los funcionarios y amplios sectores sociales piden controles fuertes, presencia policial, mayores recursos a los uniformados. Y lo están consiguiendo.

En Misiones, sólo en los últimos dos mandatos de gobierno, revista superficie ha registrado y publicado que la policía de Misiones fue denunciada por más de una treintena de muertes por golpizas y por más de medio centenar de torturas y apremios. No hay ningún juicio -y obviamente tampoco sentencias- por estas causas. No hay sistemas ciudadanos de control a las fuerzas en Misiones. Es necesario discutir y definir con claridad los límites al aparato represivo. Es necesario pensar y construir la seguridad desde una perspectiva no policial. Si le damos más poder al poder, más duro nos van a venir a llevar. Por sospechas.

*El autor es cronista de revista superficie. Por consultas, amenazas y reclamos pueden escribir a contacto@revistasuperficie.com.ar

-La foto es de Marcos Otaño

-Este artículo fue escrito como catarsis luego de indagar sobre El legado de Jorge Franco

Aquí puede accederse al Nuevo Manual de Bolsillo del Pequeño Detenido, de la CORREPI.

-Aquí pueden conocerse algunos aportes sobre la derogación del instituto de la “Averiguación de Antecedentes” en Mar del Plata, en Rosario y en Mendoza.

El 10 de noviembre se cumplirán 15 años del asesinato de Aníbal Verón, un trabajador desocupado que fue asesinado por la policía del entonces gobernador Jorge Romero, en Salta, en el marco de una protesta social. Hace días nomás, la policía de Jorge Capitanich, en Chaco, asesinó al militante social Ángel Verón, por reclamar viviendas dignas. Pese a todas las declamaciones, la represión de la protesta y la persecución a los luchadores sociales se mantiene intacta como política estatal de control social.

Por Sergio Alvez (*)

Asesinado por la policía de Jorge Capitanich, al momento de morir Angel Verón tenía 49 años. Dejó 10 hijos. Esposado a una cama de un hospital chaqueño, murió el 21 de octubre de 2015, tras haber sido secuestrado de su propio domicilio y golpeado por la policía chaqueña. Tras la brutal represión que esa misma fuerza desató sobre las organizaciones sociales que el 24 de septiembre osaron salir a reclamar materiales para poder construir viviendas, en el kilómetro 997 de la ruta nacional 11. El crimen de Angel Verón, configura la enésima muestra clara de la devaluación absoluta de la calidad democrática en la Argentina, donde la intolerancia a la protesta social exhibida por los gobiernos de turno se trasluce en asesinatos políticos que, desde 1993 a esta parte, suman un total de 70 muertes.
Represión, persecución política y criminalización de la protesta social, son los elementos de los cuáles el Estado se vale para dar respuesta a las demandas sociales que no sabe cumplimentar con gestión.
El 10 de noviembre de este año se conmemorará un nuevo aniversario del asesinato de otro militante social masacrado por las fuerzas de seguridad. Coincidentemente, aquel luchador se apellidaba del mismo modo. Hablamos de Aníbal Verón, de 37 años, asesinado de un balazo en la cara por la policía salteña, en el marco de una protesta social en Tartagal (Salta).
A continuación, un repaso de ambas historias, para conocer las matrices y responsabilidades de dos asesinatos políticos que demuestran que la represión de la protesta social en la Argentina, lejos de formar parte de un pasado, es una política de Estado que sigue provocando muertes.

Aníbal Verón
En el imprescindible libro “El sueño colectivo inconcluso” de Carlos del Frade (CTA Ediciones, 2011) hay un capítulo dedicado al asesinato de Aníbal Verón. La primera parte del capítulo enuncia:

El 10 de noviembre de 1834, nació José Hernández, el autor del Martín Fierro.
Escritor, periodista y militante en sus años juveniles, Hernández terminó siendo senador y diputado y aquella obra, “la gran novela argentina”, como la calificaría Jorge Luis Borges, terminó siendo una referencia obligada de la cultura popular. De hecho, el nacimiento de José Hernández fue convertido en el día de la Tradición.
Quizás como una mueca en clave de parábola, la tradición de las fuerzas de seguridad de la Argentina del siglo veinte fue celebrada –a su manera– otro diez de noviembre pero del año 2000. Ese día mataron a Aníbal Verón.

De 37 años de edad, y cesanteado por la empresa Atahualpa, en Tartagal (la zona de Salta más castigada por la crisis que asoló a la Argentina tras el torbellino neoliberal de los noventa), Aníbal Verón fue asesinado por la policía cuando participaba de un piquete en la ruta 34, junto a desocupados que habían perdido planes Trabajar o de huertas comunitarias, cesanteados de la compañía Atahualpa, docentes autoconvocados y despedidos de una empresa contratista de Edesa, la empresa eléctrica salteña.
Verón ganaba 600 pesos por mes y al momento de ser despedido la empresa Atahualpa le adeudaba 8 sueldos. El periodista Martín Granovsky, quien investigó el caso, señala que “Aníbal Verón no había llegado a los 40 años. Ya no llegará: una bala lo mató mientras la policía salteña reprimía a 90 piqueteros. Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, se convirtió en perito balístico. Dijo que el disparo no partió de ningún policía. Y otros funcionarios de su administración argumentaron que la policía no usa calibre 22, el tamaño de proyectil utilizado por el asesino. ¿Quién mató a Verón? La verdad, acaso, no se sepa nunca. Salta la linda es, desde hace muchos años, Salta la misteriosa, la opaca, la oscura”.
Para conocer en mayor profundidad el caso, se puede consultar en el libro de Carlos del Frade antes mencionado, cuya versión digital está disponible en el siguiente link: http://ctanacional.org/dev/wp-content/uploads/2015/01/Frenapo.pdf

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Ángel Verón
“No vamos a reprimir la protesta social” anunciaba Néstor Kirchner en albores de su gestión presidencial allá por 2003. Años más tarde, ya convertido en Gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich lo repetía: “Vamos a dialogar. No vamos a reprimir la protesta social. Sabemos que es una sociedad compleja y a partir de los menores ingresos que va a tener el Estado se va a requerir de mucho diálogo con los sectores”. A las palabras de ambos, se la llevaron el viento, y las balas.
El crimen de Angel Verón, en Chaco y ya con Jorge Capitanich nuevamente como gobernador tras un paso por un cargo nacional, oficia de evidencia contemporánea acerca del abandono absoluto de aquel slogan sobre la no represión de la protesta social. De punta a punta del país y a través de todas las fuerzas de seguridad disponibles (Gendarmería, Policía Federal, Policías Provinciales, Policías Municipales) en la Argentina la represión de las manifestaciones sociales sigue siendo moneda corriente.
Angel Verón era un luchador social. Vivía en la pobreza. Lo mataron por reclamar uno de los derechos más básicos: vivienda digna. El día de la represión, los policías de la comisaría 4º no sólo desalojaron la ruta a tiros, sino que luego fueron a buscar a Verón a su casa, y aplicando métodos de las dictaduras, lo secuestraron, destrozaron y robaron sus pertenencias. Lo llevaron a un hospital, donde lo esposaron a una cama, ya agonizante por los golpes que lograron abrirle una herida que estaba cicatrizando tras una cirugía reciente en su abdomen.
En su pueril defensa, la Jefatura policial chaqueña sostuvo que Verón “se auto infligió” las heridas mortales. Desde el gobierno nacional apelaron al jefe de gabinete Aníbal Fernandez para justificar el asesinato: “la herida de su abdomen no había tenido nada que ver con la discusión con los hombres de la policía chaqueña y había llegado al hospital con esa septicemia que es la que lamentablemente le provoca la muerte”.
No es la primera vez que Aníbal Fernandez justifica la matanza de luchadores sociales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2002, Maximiliano Kosteki, de 21 años, y Darío Santillán, de 25, ambos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados por la policía durante una represión en reclamo de planes sociales. El presidente era Eduardo Duhalde y el secretario general de la Presidencia era Aníbal Fernandez, quien tras el asesinato de Kosteki y Santillán dijo que los piqueteros se habían matado “entre ellos”.

Volviendo al caso de Angel Verón, vale agregar un detalle para nada menor. La comisaría cuarta, que ofició en el operativo represivo y de posterior secuestro de Angel Verón, es sindicada como “una guarida de torturadores”. Forman parte de su gavilla los agentes Gómez y De La Fuent, ambos acusados de haber empalado a un joven y golpeado a su hermana en 2011. Pese a ello, esta dupla viene recibiendo sendos ascensos por parte de la jerarquía política provincial.
El Centro Mandela, publicó un comunicado donde señalan que “el reciente informe preliminar de autopsia realizada por la Oficina Médica Forense del Poder Judicial de Chaco corroboró que los agentes y funcionarios policiales que intervinieron -el 24 de septiembre pasado- en el procedimiento de desalojo en el corte de la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del Km 997, provocaron la muerte violenta de Ángel. Los golpes y castigos propinados a este dirigente social fueron fatales y determinantes de su fallecimiento”.
Por el asesinato de Verón renunció la cúpula policial de esa provincia.
Los familiares de Verón denuncian también que “el gobierno de Capitanich dio la orden de tratar de mantenerlo con vida hasta que pasaran las elecciones presidenciales”. El gobierno de Capitanich envió una corona al velorio, que terminó siendo quemada por los presentes, como reacción ante una hipocresía oficial que no es exclusiva de ese gobierno provincial, sino de todo el organigrama de poder estatal que, en la Argentina, sigue asesinado a los que reclaman.

(*) Periodista de revista superficie.

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