Temas Publicaciones de la temática "Protesta social"

Protesta social

Los gobiernos de todas las provincias del país, oficialistas y opositores, consiguieron que el Consejo de Seguridad Interior declare la Emergencia Nacional de Seguridad para iniciar 2016. Se reforzarán entonces tareas y recursos destinados a las fuerzas policiales y de seguridad, que nunca dejaron de afilarse las uñas y los colmillos. Hay algo más peligroso que monos con navajas.

Por Diego Bogarin (*)

En la primera semana de 2016, a días de la Declaración de Emergencia Nacional de Seguridad, se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que avaló el accionar de la Policía Federal para “pedir documentos sin motivos de sospecha”. Entre los argumentos, los jueces sostienen que esos procedimientos forman parte de la prevención del delito. También puede leerse en el escrito que “la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley, siempre que su ejercicio constituya una ‘actividad de seguridad’ (de prevención del delito)”.

La inexistencia de fundamentos para la detención, ¿puede legitimarse por el resultado obtenido? Es decir: ¿aceptamos, permitimos que “la policía” detenga a alguna persona que le parezca sospechosa para ver si está implicada en algún delito, especulando con que puede ser culpable? En ese caso, ¿es la sospecha motivo suficiente para legitimar un procedimiento policial?

Las facultades y competencias de la Policía de Misiones están detalladas en la Ley Orgánica IV-N°23 (ex 2.338/96). La norma posibilita a los agentes mucho más que accionar por sospecha: pueden, además, “aprehender” jóvenes “en situación de vagancia”, pueden decir lo que quieran en sus actas porque sus actuaciones “son válidas y merecen plena fe, sin requerir ratificación” y pueden “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida”. Y obviamente, por la forma en que están enunciadas estas opciones dentro de la legislación, pueden no hacerlo. Es decir, pueden actuar a discreción según su ética, humor u oficial de turno se lo indiquen: aquel agente -de cualquier rango- que quiere, puede hacer todo lo que la ley le permite; pero también puede no hacerlo porque la Ley no obliga a reprimir, sólo lo posibilita.

Indagar en el recorrido que tuvo la norma policial permite ver que desde su surgimiento en contextos dictatoriales, pocas funciones le fueron reducidas. La policía provincial de Misiones es creada en enero de 1957, mediante el decreto 81/57. En la primera norma se le asignaban funciones y competencias destinadas a “velar por las buenas costumbres”, “impedir la vagancia de menores” y “vigilar e impedir todo ataque o movimiento subversivo”; para ello tenía la posibilidad de “identificar a toda persona de la cual sea imprescindible conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen”.

La detención para averiguación de antecedentes nace en Argentina en 1958, con la “Ley Orgánica de la Policía Federal”, bajo el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Inicialmente, tenía como objetivo ser utilizado en época electoral, pero pasados los años, todos los gobiernos utilizaron la herramienta para legalizar las detenciones arbitrarias.

En Misiones, 12 años despues, en 1970 y bajo el gobierno del Brigadier Mayor Angel Rossi, se otorgó a la fuerza provincial la potestad de “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse”, detallando el decreto-ley 517 que “la demora no podrá prolongarse más de 24 horas”.

La facultad de la detención para averiguación de antecedentes, o “doble A”, se convirtió desde entonces en un instituto que permaneció inmodificable en todas las reformas de la ley orgánica que se realizaron en 60 años de existencia policial. Incluso subsistió a la reforma de 1981 que derogó toda la normativa anterior, y a la Ley 3.389 de 1996, que hizo lo propio a través de un proyecto impulsado por el entonces gobernador Ramón Puerta para “adecuar la estructura de la institución a las necesidades que en materia de organicidad y funcionamiento se requiere del organismo responsable de la seguridad en la provincia”.

En 2011, el equipo a cargo del proceso de adecuación de la Ley de 1996 para incorporarla en el Digesto Jurídico misionero, realizó algunas modificaciones vinculadas a aspectos funcionales de la fuerza, pero validó la continuidad de la “doble A” y el plazo de 24 horas para la detención, período que duplica el standar puesto de referencia por la Ley 23.950 de “Limitaciones a las Facultades de Detener”.

Esta norma, sancionada en 1991, modificó al artículo 5 de aquel decreto de Aramburu, atenuando las facultades de la Federal y estableciendo que “no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente”. Añade la Ley de Limitaciones que “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas”. Además, dice que “las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones”.

Un aspecto no menor de la legislación policial de Misiones es que, a diferencia de otras normativas en el país, no otorga la potestad de exigir que una persona acredite identidad, y sólo permite a la policía detener a una persona “cuando se niegue a identificarse”. El artículo 13 de la Ley Nacional 17.671 de “identificación del potencial humano nacional” establece que “la presentación del documento nacional de identidad […] será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas”. Esto quiere decir, literalmente, que respondiendo verbalmente los datos filiatorios, se cumple con la identificación. La presentación del DNI es para probar o acreditar la identidad, algo que la Ley de la policía de Misiones no expresa como justificativo para la detención, pues si digo cómo me llamo, no estoy negándome a identificarme. Punto. Pero.

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), hace 20 años que trabaja sistematizando la información disponible respecto de personas violentadas y muertas por las fuerzas del Estado. En 2009, esta organización elaboró el “Nuevo manual de bolsillo del pequeño detenido”, donde sistematiza información clave para toda persona detenida arbitrariamente. En el inicio del manual, sostiene: “Nadie tiene la obligación legal de llevar sus documentos, menos aún un menor de edad. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, tratá de llevarlos”.

El trato tutelar de la minoridad se enmarcó durante décadas en una perspectiva objetivizante de la niñez y la adolescencia. Toda persona que aún no había cumplido 18 años era “menor” y, por lo tanto, objeto de derecho y tutelada por una persona “mayor” o por el Estado, bajo la figura del Patronato de Menores. Esta perspectiva se modificó sustancialmente con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por el gobierno argentino en 1990 y por la Constitución Nacional en 1994.

En 2006, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consolidó el paradigma que reconoce a toda persona menor de 18 años como sujeto pleno de derecho. En el artículo 19 se establece el “derecho a la libertad”, especificando que “las personas sujetos de esta ley no pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente”. En la norma, además, se determina que “los Organismos del Estado deberán garantizar […] todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional [y en] la Convención sobre los Derechos del Niño”, convención donde se definió que “la detención será el último recurso y por el tiempo más breve que proceda”.

En el año 2008, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación emitió la Resolución 2.208/2008 para adecuar la actuación de las Fuerzas en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de 18 años. En tal instrumento, se determina que “la persona menor de edad será tratada por personal idóneo a su condición etaria, quien no podrá ante ellos exhibir armas” y se expresa que “la persona menor de edad en ningún caso compartirá alojamiento con detenidos mayores de dieciocho años” y que “en los supuestos en los que no se pudiera acreditar fehacientemente la edad real, se presumirá la condición de persona menor de edad”.

Estos y otros mandatos son de alcance para las fuerzas federales, pero a través de una reunión de trabajo mantenida entre autoridades nacionales y de las provincias en septiembre de 2008, los gobiernos locales se comprometieron a adecuar sus herramientas legales para que sus procedimientos se ajusten a la normativa vigente. Sin embargo, la ley orgánica de la policía de Misiones contradice estos criterios y posibilita situaciones arbitrarias como la que sucedió el sábado 12 de diciembre de 2015, cuando cinco jóvenes fueron demorados en la zona Oeste por “vagancia”, según reportó la policía en un comunicado difundido a los medios, dando cuenta de que del operativo “participaron el Comando Oeste, la Comisaría 13ra y la Dirección de Infantería”.

Las prácticas represivas de los aparatos de crueldad están planificadas y son legales, es decir, están avaladas por un marco normativo que forma parte del sentido (y del sentir) común. La cultura de la legalidad se construye, en nuestras sociedades occidentales modernas, a partir de la asimilación de un conjunto de acuerdos (arbitrarios) que se vinculan estrechamente dentro de complejas tramas, a veces contradictorias: aprendemos y continuamos sistemas democráticos delegativos, ejercemos derechos contenidos y reglamentados en leyes, avalamos instituciones que evalúan acciones y organizan el encierro. En esta red de sentidos se inserta la institución policial como el organismo encargado de controlar, disciplinar y reprimir todo intento de alteración del estado de las condiciones de vida. Se inscribe la policía como resguardo moral y responsable tutelar del orden, que reacciona como fuerza de choque cuando el poder político lo considera necesario.

De una manera mucho más evidente y literal en décadas anteriores, las policías estaban llamadas a “prevenir y reprimir todo movimiento subversivo” y a “mantener la paz social”. Para ello, los gobiernos (siguen) otorgan(do) a esta corporación el monopolio de la fuerza pública mientras ponen a prueba otros mecanismos de control social (judicializaciones, criminalizaciones, cooptaciones), garantizando(se) protección de la propiedad privada y de las llamadas “buenas costumbres”, que serían algo así como los modos que tiene la burguesía moderna occidental de hacer las cosas.

Los límites de las acciones permitidas a las fuerzas policiales son zonas difusas, viscosas, que están en permanente fricción y se actualizan: a veces para incrementar el poder disciplinante, otras para contener (¿disimular?) la maquinaria represiva. Hay doctrinas y jurisprudencia contradictoria en torno a qué debería serle permitido a un agente en pos de controlar el delito porque las mismas sociedades contemporáneas están atravesadas por contradicciones en direcciones diversas, especialistas que cuestionan la policialización de la sociedad y voces legitimadas que piden mano dura para dar fin a las “puertas giratorias”, referentes que denuncian a la policía como gestora del delito y gobiernos de todos los colores que solicitan y consiguen declarar la emergencia nacional de seguridad. Vale mirar, en este contexto entonces, hasta dónde permiti(re)mos fortalecer los aparatos represivos de nuestras sociedades. Los funcionarios y amplios sectores sociales piden controles fuertes, presencia policial, mayores recursos a los uniformados. Y lo están consiguiendo.

En Misiones, sólo en los últimos dos mandatos de gobierno, revista superficie ha registrado y publicado que la policía de Misiones fue denunciada por más de una treintena de muertes por golpizas y por más de medio centenar de torturas y apremios. No hay ningún juicio -y obviamente tampoco sentencias- por estas causas. No hay sistemas ciudadanos de control a las fuerzas en Misiones. Es necesario discutir y definir con claridad los límites al aparato represivo. Es necesario pensar y construir la seguridad desde una perspectiva no policial. Si le damos más poder al poder, más duro nos van a venir a llevar. Por sospechas.

*El autor es cronista de revista superficie. Por consultas, amenazas y reclamos pueden escribir a contacto@revistasuperficie.com.ar

-La foto es de Marcos Otaño

-Este artículo fue escrito como catarsis luego de indagar sobre El legado de Jorge Franco

Aquí puede accederse al Nuevo Manual de Bolsillo del Pequeño Detenido, de la CORREPI.

-Aquí pueden conocerse algunos aportes sobre la derogación del instituto de la “Averiguación de Antecedentes” en Mar del Plata, en Rosario y en Mendoza.

Montecarlo, Misiones. (redacción revista superficie) Este martes 3 de febrero a partir de las 17 horas, los trabajadores organizados en el Sindicato de Tareferos dependiente de la Central de Trabajadores de la Argentina, darán comienzo a un acampe frente a la sede del Banco Macro de Montecarlo, en reclamo por el incumplimiento en los pagos que la Justicia ordenó librar en favor de los tareferos por parte de la ANSES ante asignaciones familiares ilegalmente retenidas. La ANSES, adeuda además el pago de fallos indemnizatorios y esta situación afecta a la mayoría de los tafeferos involucrados, quienes desde hace años vienen sosteniendo una dura batalla contra la burocracia estatal de dicho organismo, para al fin, poder percibir los haberes que les corresponden.

El acampe dará comienzo a las 17.30.

Ruben Ortiz, uno de los militantes sociales que viene acompañanado fuertemente esta lucha, explicó que “el reclamo de los hermanos Tareferos es por la falta de cumplimiento de nuevos fallos judiciales de parte de ANSES y por la falta de pago de la interzafra. Se llega a esta jornada luego de mas de un mes de diálogo donde quienes deben asumir la responsabilidad de resolver el problema solo actúan dilatando intentando por maniobras vergonzosas dividir la a los trabajadores, por ejemplo pagando a unos y a otros no. Existen trabajadores a los cuales se le pagó $1000 después de 7 años de reclamo. La gran mayoría no recibió nada pese a que la justicia ya ordenó”.

La Asamblea Binacional de Afectados por Yacyretá en Defensa de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, organización de hecho que aglutina a 80 mil damnificados de pueblos costeros de Argentina y Paraguay, manifestó plena adhesión a la Consulta Popular sobre Represas, que se desarrolla esta semana en Misiones.

Desde hace 23 días, un centenar de personas de dicha asociación lleva adelante una protesta pacífica mediante un acampe frente al edificio de la Entidad Binacional de Yacyretá, en Posadas, en reclamo de resarcimiento económico por los impactos sufridos.

Esta semana, con motivo de la Consulta Popular, habilitaron una urna en la carpa, desde donde se sumaron a la iniciativa que busca conocer la opinión de la ciudadanía misionera respecto a la cuestión hidroeléctrica.

Brígido Olivera, vocero de la Asamblea en Argentina, manifestó que “para mí el mensaje es no a las represas, porque lo que Yacyretá nos dejó como ‘escuela’, como ‘instrucción cívica y social’ es nefasto”.

Por su parte, Elba Fornerón, coordinadora de la zona de afectación de Itapúa, Paraguay, sostuvo que “todos estamos dicendo no a las represas, porque la construcción de las represas lo único que trae es contaminación y pobreza, porque las autoridades quieren hacer represas no para hacer bien las cosas, sino para robar, en nombre del pueblo argentino y del pueblo paraguayo, están robando y se están enriqueciendo”.

 


Entrevistas y fotografía: Sebastián Korol.

En la mañana de este viernes 8 de agosto llegaron a Posadas las familias de tareferos que protagonizaron durante seis días la “Marcha de los olvidados”, caminata de 200 kilómetros en la que se denunció el trabajo esclavo en los yerbales y se reclamó el pago inmediato de asignaciones que fueron retenidas arbitrariamente hace cinco años.

Tras ofrecer un breve recorrido histórico sobre la organización de los peones de la yerba mate, el Profesor de Historia Daniel Cantero sostiene que lo generado por los tareferos en los últimos años marca un hito sin precedentes.

Por Daniel Cantero (*)

quizás también te interese:

Este 27 de marzo de 2017 se cumplen 9 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, joven agricultor oriundo de la localidad de...