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La persecución gremial es parte de una política de Estado que viene profundizándose en los últimos años, caracterizada además por la flexibilización, la precariedad y el recorte de los derechos laborales. El delegado docente Rafael Vázquez, de Posadas, fue víctima de estas situaciones y en esta entrevista da su opinión sobre por qué la clase trabajadora “está cada vez en peores condiciones” y qué se puede hacer al respecto.

Vázquez es profesor de Historia, egresado de la Universidad Nacional de Misiones, y desde marzo de este año fue desplazado de un total de 14 horas interinas en diferentes escuelas secundarias a pesar de estar protegido por la tutela sindical que le corresponde por su cargo de delegado. El reclamo judicial tuvo una resolución favorable el 23 de agosto, pero Vázquez se vio obligado a recurrir a la denuncia mediática debido a que el Consejo General de Educación se negaba a acatarla. Recién la semana pasada, casi dos meses después del fallo judicial, el CGE acepta la orden y Vázquez reanuda su labor en siete de las horas de donde fue desplazado, por lo que la pelea aún continúa por las horas restantes, a las que debería aplicarse el mismo criterio.

Revista superficie conversó con el docente para conocer el contexto en que suceden estos hechos de persecución y hostigamiento a activistas opositores, y recabar su opinión sobre la situación de la docencia misionera en estos difíciles momentos para la clase trabajadora en general.

-¿A qué responden las cesantías que sufriste?

-Como docente interino, sufrí desplazamientos por parte de docentes titulares que pidieron traslados. El traslado es un derecho que tiene un docente titular para concentrar sus horas en un solo lugar, pero el Consejo se vale de eso para perseguir y disciplinar a los docentes organizados, incluso violando la ley, como en este caso.

-¿Notaste algún tipo de persecución u hostigamiento previo a la cesantía?

-No directamente, pero todos sabemos cómo actúa el Consejo cuando hay medidas de fuerza. En las escuelas hay “listas negras”, las famosas planillas de docentes adheridos al paro. Inclusive hay casos de policías que se acercan a las escuelas a preguntar cuál es el porcentaje de adhesión. Ésta es la información que utiliza el CGE para organizar los traslados y atacar a los que hacen huelga o se movilizan. El problema es que los docentes interinos están expuestos a una situación de precariedad laboral porque el Consejo no llama a concursos para titularizar horas. Yo, por ejemplo, ingresé al sistema después de la última titularización, que fue en el 2011, ¿y cuántos más estamos así? De esto es de lo que el Consejo no habla. Se trata de una situación de total inestabilidad; los interinos estamos en la cuerda floja.

-¿Hubo otros casos de persecución por motivos políticos o gremiales?

-En el caso particular del Colegio Provincial Nro. 2 “Manuel Belgrano” de Itaembé Miní, los traslados afectaron justo a dos delegados. Además de mí, que soy delegado de Udnam (Unión de Docentes de la Nueva Argentina Misiones), fue cesanteado el delegado de Utem (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones), quien también fue a la Justicia y fue restituido. Es conocido el caso de la docente que fue sancionada con un sumario administrativo por criticar a Leverberg durante una visita de la gremialista a su escuela. Hay distintos grados de persecución, desde una sanción leve hasta dejar sin trabajo.

-¿Estos mecanismos se han profundizado en los últimos tiempos?

-En este último año en particular, con las nuevas autoridades, se profundiza la persecución, y se profundiza porque la patronal se vale de nuestra situación de inestabilidad en el trabajo. Nosotros queremos que el Consejo haga lo que tiene que hacer, es decir, que permita la regularización, a través de concursos, si no esto va a seguir empeorado. Tenemos el caso de Tierra del Fuego como ejemplo, donde a los docentes del Sutef (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina) les sacaron los fueros y los despidieron. Y hoy metieron presos a los dirigentes de Ate (Asociación de Trabajadores del Estado) de Río Negro. Tenían una causa judicial por una movilización, y cuando se presentaron al juzgado, por propia voluntad, la jueza les notificó que quedaban detenidos. Hay todo un proceso de avance sobre las conquistas que el movimiento obrero argentino obtuvo, y es un proceso que se da a nivel nacional, no sólo provincial.

-¿A qué responde esta política?

-La clase obrera está cada vez en peores condiciones; hay una constante pauperización de las condiciones de vida de todos los trabajadores, y los docentes no estamos exentos de eso. Lo que el sistema trata de hacer es profundizar el ataque a los derechos políticos y sindicales de los trabajadores y a sus condiciones laborales para que esta situación se mantenga en el tiempo. Como podemos ver a lo largo de estos últimos 30 años, la situación no hace más que empeorar. Y un trabajador que no puede organizarse, no puede salir, no puede reclamar, difícilmente pueda luchar para cambiar esta situación. A la misma causa responde el 40 por ciento de los trabajadores que están en negro en Argentina en este momento.

-¿El operativo Aprender 2016 también forma parte de este ataque a los trabajadores docentes?

-Creo que fueron clarísimas las preguntas que se filtraron con relación a lo que esconde el Aprender. ¿Cuál fue la fachada del operativo? Estamos como con el Indec, no tenemos datos de la calidad educativa…, lo cual de por sí es falso, porque en la Argentina se vienen haciendo pruebas, que no son censales pero sí muestrales, como los One y las Pisa, que arrojan resultados lamentables… Así que el Aprender está desarrollado para avanzar sobre las condiciones de trabajo de los docentes. Eso es claro. Y uno tiene que ponerse a pensar que el sistema educativo está como está porque las políticas educativas sólo priorizan la permanencia y el egreso del alumno. Y el contenido curricular queda totalmente al margen, no le importa eso al Estado Nacional. Y ahora le quiere echar la culpa a los docentes.

-¿Hasta cuándo hay que remontarse para entender el origen de esa política?

-Uno nota que a nivel social hay una serie de desequilibrios muy serios desde hace treinta años. Y la educación no está fuera de ese contexto. La educación forma parte de un sistema que se va degradando paulatinamente. El capitalismo argentino está llegando a un callejón sin salida y la escuela no puede escapar de todo ese proceso de degradación social permanente.

-¿Cuál es el grado de movilización de la docencia misionera?

-El año pasado hubo una movilización histórica, y este año, por una serie de factores, tal vez por darle tiempo al nuevo gobierno, tal vez por descontento porque no se consiguió lo que se esperaba, llegamos a una situación de relativa calma. Pero hay que reconocer que el sector docente es que el más pelea, el que más sale a la calle; es el que está al frente de la clase obrera, hoy por hoy.

-¿Recibiste acompañamiento por parte de tus compañeros de trabajo?

-La verdad que sí. Ahora estamos organizando un petitorio para sumar avales de todas las organizaciones políticas a las consignas “basta de persecución”, y “reconocimiento de todos los derechos”. Porque esto no me pasa solo a mí; hay muchos docentes que están en la misma situación, que tal vez no salen en los medios, pero que sí sufren los ataques.

-¿Y cómo ves el panorama en cuanto a lucha y organización de acá a fin de año?

-Lo veo difícil. Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) ya dio un paso al costado a nivel nacional, junto con la Cta (Central de Trabajadores Argentinos), y ahora solo están peleando por el bono de fin de año. Está difícil la situación para encarar una lucha. Pero me parece que en las elecciones de Consejo y Junta (de Clasificación y Disciplina), sobre todo con la conformación del Fute (Frente Unidos de Trabajadores de la Educación, conformado por Udnam, Alfredo Bravo, Utem y el Movimiento Pedagógico de Liberación), se puede capitalizar el proceso, no solamente en lo electoral sino convirtiéndolo en una herramienta de unificación de la lucha. Hay que plantear cómo salir de esta trampa, y no sólo por lo salarial, sino también por la calidad educativa. Si no, se viene sombrío el panorama: sabemos que hay un aumento del 22 por ciento para el año que viene, pero no sabemos cómo se va a traducir en el salario real. Incluso pensamos que la Udpm (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) va a hacer pasar por aumento algo que es simple “absorción” de un ítem que ahora paga la Nación. Volviendo al tema, yo veo que los colegas tienen expectativas, y entonces hay que organizarse y responder a esas expectativas, aunque sabemos que nos enfrentamos a todo el aparato adomista y estatal del otro lado. Pero éste es un paso más. No hay que quedarse únicamente con la receta electoral.

La Intersindical integrada por los gremios “amigos del poder” firmó un acuerdo salarial que hará que en julio de 2016, el componente en negro del sueldo docente sea mayor que el básico en blanco. Una mirada en perspectiva para entender el escenario del conflicto salarial y educativo en el inicio de otro ciclo lectivo.

Por Tania Piris Da Motta (*)

Tras el carnaval, vuelve la actividad en las escuelas y con ella el reclamo de aumento salarial. Las paritarias entre el Gobierno y los gremios, tanto oficialistas como disidentes, dan señal de largada pero aún no muestran resultados. Unos hacen como que piden reajuste según inflación, otros exigen corrección estructural de la grilla. Mientras mueve sus plumas en los carnavales, a la dirigente Marilú Leverberg no parece preocuparle el sueldo de $4.400 que ganan sus colegas (los maestros, no los parlamentarios), aunque luego se cruce con el ministro Jacobo por transmitir el pedido de un 38,6 % de incremento levantado por Ctera. El inicio de clases está a la vuelta del almanaque pero, tal como están las cosas, parece lejano.

Por Tania Piris Da Motta (*)

Fue maestro rural y de frontera durante décadas. Ya retirado, encabezó el reclamo por la millonaria deuda que el Estado misionero mantiene con nuestros docentes jubilados. Murió el 19 de julio de 2012, abandonado por la obra social estatal (IPS) y sin poder cobrar su deuda. Su caso es reflejo del maltrato que sufren cientos de maestros jubilados por parte del gobierno provincial.

Por Sergio Alvez (*)

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