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Familias tareferas protestan frente a la Municipalidad de Posadas.

Por Alexis Rasftopolo (1)
Imágenes: Marcos Otaño (2)

El cineasta boliviano Humberto Ríos solía plantear a sus estudiantes algunas preguntas para desarrollar un tema y complejizarlo. Así, por ejemplo, interrogaba: ¿qué es un terrón de azúcar? Además de la posibilidad de endulzar los alimentos, el terrón de azúcar, sostenía, lleva implícita la historia de la esclavitud:

“Analicen ustedes cómo fue la esclavitud en África, a quiénes esclavizaron, a quiénes llevaron a Centroamérica para la producción del azúcar: a los esclavos. Sangre, guerra y esclavitud: esa es la historia de un terrón de azúcar. Dentro de ese terrón está inmersa la idea”. (3)

Emulando el procedimiento de Ríos, podríamos hacer el mismo ejercicio con la yerba mate. En ese gesto cotidiano de compartir la infusión nuestra de cada día, en esa práctica ritual donde el mate es un modo de la celebración del encuentro, en esas imágenes aparentemente diáfanas de la hoja de yerba mate y del estar juntos se encuentra implícita, también, la historia de la esclavitud de nuestras comarcas y la desdicha inenarrable para cientos de familias que sobreviven en condiciones de pobreza y exclusión.

La plaza 9 de julio es, por estos días, nuevamente, un reflejo de ello: hasta allí se acercaron hombres, mujeres, jóvenes y niños a exigir al gobierno provincial, una vez más, que el estado se haga presente y les brinde las condiciones de vida dignas que se merecen en tanto ciudadanos, en tanto seres humanos, en tanto personas que tienen el mismo derecho que cualquier habitante de esta tierra a gozar de condiciones dignas de existencia, con empleo seguro, con acceso a la educación, a la salud, y a poder estar en relativa paz.

Pero la historia de la desdicha de estos trabajadores rurales es larga.

Rafaél Vera, tarefero y miembro de Tareferos Olvidados, señala:

“Cada vez que para la cosecha tenemos el mismo problema. El gobierno se olvida de nosotros”.

Cientos de personas se han venido desde el barrio San Miguel de la localidad de Oberá hastiadas por esta situación de abandono, el lunes pasado. Hoy es miércoles y la plaza late al ritmo del sabor amargo de estos tiempos, donde la desocupación, la caída del mercado interno, los niveles elevados de inflación, fruto de las medidas adoptadas a nivel nacional, agobian a los sectores más postergados.

El 9 de julio, fecha con la que se nombra a esta plaza posadeña, epicentro de las manifestaciones sociales, fue, según los libros de historia, el día de la independencia nuestra de la corona española.

Si tomamos la noción de independencia en sentido amplio, podríamos pensar que la historia humana muestra, en tiempos actuales, lejos de haber ganado autonomía, de haber podido celebrar la emancipación social y humana en las distintas dimensiones de la vida, una amplia y heterogénea parte de la sociedad, no sólo misionera y argentina, sino mundial, continúa esclavizada de diversas maneras, bajo condiciones de vida poco saludables, donde, cuando hay oportunidad, “no se trabaja para vivir, se vive para trabajar” (4). Y las más de las veces, en nuestros días, el trabajo escasea y el hambre abunda.

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La plaza alberga ahora a sus hijos más desdichados: mujeres, niños, jóvenes y adultos que sobrellevan sus días como pueden. Si la faena de las familias tareferas es dura, más duro se hace aún aguantar el periodo interzafra, donde, durante varios meses, estas personas laboriosas deben buscar oportunidades en changas, en trabajos esporádicos, y esperar contribuciones por parte del estado que, de suerte, alcanza para comer salteado.

Las familias tareferas no están solicitando que se les de nada gratuitamente, están exigiendo que el gobierno se comprometa a asegurar un empleo digno, a dignificar las condiciones laborales en las que se encuentran, y que les permita, entre otras cosas, contar con una cobertura razonable en los periodos interzafra, luego de la cosecha de la yerba; esto, más allá del pedido de los alimentos.

La Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pié, presentes

Además de las familias de tareferos llegadas desde la Capital del Monte, en la plaza se encuentran integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pié, quienes se movilizan por causas similares: la necesidad de contar con algo de seguridad en tiempos inseguros.

Felipe Mazacote, dirigente de la CCC Misiones, explicó:

“Nos encontramos aquí en la plaza, en jornada de lucha nacional. Estamos solicitando un millón de puestos de trabajo dignos, con salarios justos, con obra social. Pedimos que se nos reconozca el derecho a trabajar dignamente. Con los contratos basura no alcanza y no hay señales aún de que se va a solucionar el problema”.

“Ahora tenemos que sentarnos a discutir cómo vamos a seguir. Estamos con los compañeros de Barrios de Pie, pero creo que todos tendríamos que estar en la calle en estos momentos”.

Juan Carlos Yablonski, de Barrios de Pie, señaló:

“Hoy, en distintas partes del país, estamos haciendo ollas populares a raíz de la pobreza que hay. Los salarios son muy bajos. Es imposible para una persona vivir con 3.200 pesos, porque con eso muchos tienen que pagar los pasajes diarios, llevar a sus hijos a la escuela, vestirlos, vestirse ellos, y comer también (…) hoy para que no seas pobre tenés que ganar 12 mil pesos por mes, entonces yo quiero decir que acá hay una pobreza total… Estamos pidiendo por trabajo, por mejores condiciones…”

“Nosotros como organización social trabajamos, tenemos 7 merenderos, 6 en Posadas y 1 en Garupá, pero se ha cuadruplicado la cantidad de gente, de chicos, incluso gente grande pidiendo la copa de leche y la galleta (…); nosotros retiramos 215 kits de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social pero la demanda es muchísima, tenemos alrededor de 1000 personas que nos están pidiendo cosas diariamente”.

“Hay mucha necesidad de trabajo: se cerraron muchos comercios, está parada la obra pública, y escasean los trabajos de albañilería, carpintería, en los aserraderos, en las fábricas, entonces todas esas personas están desesperadas (…). Hay personas que hoy no tienen para comer ni una galleta en el día”.

“Lo que nosotros pedimos es especialmente trabajo, que el gobierno pueda ayudar a las personas que más necesitan, y también que se puedan ampliar los insumos recibidos en los merenderos para paliar esta situación… Y, para los que están trabajando, que pueda haber un aumento digno para ellos porque es imposible vivir con lo que ganan actualmente”.

(1) Licenciado en Comunicación Social.
(2) Fotógrafo y reportero gráfico.
(3) “Sobre la investigación documental”. Entrevista a Humberto Ríos por Rodrigo Paz Paredes y Nicolás Gropper. En: http://cinepolitico.com/blogs/arditodocumental/2009/03/21/sobre-la-investigacion-documental-entrevista-a-humberto-rios/ 21/3/2009. [Último acceso 5/10/2016].
(4) Galeano, E. (2011) Ser como ellos y otros artículos. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 101.

El 10 de noviembre se cumplirán 15 años del asesinato de Aníbal Verón, un trabajador desocupado que fue asesinado por la policía del entonces gobernador Jorge Romero, en Salta, en el marco de una protesta social. Hace días nomás, la policía de Jorge Capitanich, en Chaco, asesinó al militante social Ángel Verón, por reclamar viviendas dignas. Pese a todas las declamaciones, la represión de la protesta y la persecución a los luchadores sociales se mantiene intacta como política estatal de control social.

Por Sergio Alvez (*)

Asesinado por la policía de Jorge Capitanich, al momento de morir Angel Verón tenía 49 años. Dejó 10 hijos. Esposado a una cama de un hospital chaqueño, murió el 21 de octubre de 2015, tras haber sido secuestrado de su propio domicilio y golpeado por la policía chaqueña. Tras la brutal represión que esa misma fuerza desató sobre las organizaciones sociales que el 24 de septiembre osaron salir a reclamar materiales para poder construir viviendas, en el kilómetro 997 de la ruta nacional 11. El crimen de Angel Verón, configura la enésima muestra clara de la devaluación absoluta de la calidad democrática en la Argentina, donde la intolerancia a la protesta social exhibida por los gobiernos de turno se trasluce en asesinatos políticos que, desde 1993 a esta parte, suman un total de 70 muertes.
Represión, persecución política y criminalización de la protesta social, son los elementos de los cuáles el Estado se vale para dar respuesta a las demandas sociales que no sabe cumplimentar con gestión.
El 10 de noviembre de este año se conmemorará un nuevo aniversario del asesinato de otro militante social masacrado por las fuerzas de seguridad. Coincidentemente, aquel luchador se apellidaba del mismo modo. Hablamos de Aníbal Verón, de 37 años, asesinado de un balazo en la cara por la policía salteña, en el marco de una protesta social en Tartagal (Salta).
A continuación, un repaso de ambas historias, para conocer las matrices y responsabilidades de dos asesinatos políticos que demuestran que la represión de la protesta social en la Argentina, lejos de formar parte de un pasado, es una política de Estado que sigue provocando muertes.

Aníbal Verón
En el imprescindible libro “El sueño colectivo inconcluso” de Carlos del Frade (CTA Ediciones, 2011) hay un capítulo dedicado al asesinato de Aníbal Verón. La primera parte del capítulo enuncia:

El 10 de noviembre de 1834, nació José Hernández, el autor del Martín Fierro.
Escritor, periodista y militante en sus años juveniles, Hernández terminó siendo senador y diputado y aquella obra, “la gran novela argentina”, como la calificaría Jorge Luis Borges, terminó siendo una referencia obligada de la cultura popular. De hecho, el nacimiento de José Hernández fue convertido en el día de la Tradición.
Quizás como una mueca en clave de parábola, la tradición de las fuerzas de seguridad de la Argentina del siglo veinte fue celebrada –a su manera– otro diez de noviembre pero del año 2000. Ese día mataron a Aníbal Verón.

De 37 años de edad, y cesanteado por la empresa Atahualpa, en Tartagal (la zona de Salta más castigada por la crisis que asoló a la Argentina tras el torbellino neoliberal de los noventa), Aníbal Verón fue asesinado por la policía cuando participaba de un piquete en la ruta 34, junto a desocupados que habían perdido planes Trabajar o de huertas comunitarias, cesanteados de la compañía Atahualpa, docentes autoconvocados y despedidos de una empresa contratista de Edesa, la empresa eléctrica salteña.
Verón ganaba 600 pesos por mes y al momento de ser despedido la empresa Atahualpa le adeudaba 8 sueldos. El periodista Martín Granovsky, quien investigó el caso, señala que “Aníbal Verón no había llegado a los 40 años. Ya no llegará: una bala lo mató mientras la policía salteña reprimía a 90 piqueteros. Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, se convirtió en perito balístico. Dijo que el disparo no partió de ningún policía. Y otros funcionarios de su administración argumentaron que la policía no usa calibre 22, el tamaño de proyectil utilizado por el asesino. ¿Quién mató a Verón? La verdad, acaso, no se sepa nunca. Salta la linda es, desde hace muchos años, Salta la misteriosa, la opaca, la oscura”.
Para conocer en mayor profundidad el caso, se puede consultar en el libro de Carlos del Frade antes mencionado, cuya versión digital está disponible en el siguiente link: http://ctanacional.org/dev/wp-content/uploads/2015/01/Frenapo.pdf

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Ángel Verón
“No vamos a reprimir la protesta social” anunciaba Néstor Kirchner en albores de su gestión presidencial allá por 2003. Años más tarde, ya convertido en Gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich lo repetía: “Vamos a dialogar. No vamos a reprimir la protesta social. Sabemos que es una sociedad compleja y a partir de los menores ingresos que va a tener el Estado se va a requerir de mucho diálogo con los sectores”. A las palabras de ambos, se la llevaron el viento, y las balas.
El crimen de Angel Verón, en Chaco y ya con Jorge Capitanich nuevamente como gobernador tras un paso por un cargo nacional, oficia de evidencia contemporánea acerca del abandono absoluto de aquel slogan sobre la no represión de la protesta social. De punta a punta del país y a través de todas las fuerzas de seguridad disponibles (Gendarmería, Policía Federal, Policías Provinciales, Policías Municipales) en la Argentina la represión de las manifestaciones sociales sigue siendo moneda corriente.
Angel Verón era un luchador social. Vivía en la pobreza. Lo mataron por reclamar uno de los derechos más básicos: vivienda digna. El día de la represión, los policías de la comisaría 4º no sólo desalojaron la ruta a tiros, sino que luego fueron a buscar a Verón a su casa, y aplicando métodos de las dictaduras, lo secuestraron, destrozaron y robaron sus pertenencias. Lo llevaron a un hospital, donde lo esposaron a una cama, ya agonizante por los golpes que lograron abrirle una herida que estaba cicatrizando tras una cirugía reciente en su abdomen.
En su pueril defensa, la Jefatura policial chaqueña sostuvo que Verón “se auto infligió” las heridas mortales. Desde el gobierno nacional apelaron al jefe de gabinete Aníbal Fernandez para justificar el asesinato: “la herida de su abdomen no había tenido nada que ver con la discusión con los hombres de la policía chaqueña y había llegado al hospital con esa septicemia que es la que lamentablemente le provoca la muerte”.
No es la primera vez que Aníbal Fernandez justifica la matanza de luchadores sociales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2002, Maximiliano Kosteki, de 21 años, y Darío Santillán, de 25, ambos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados por la policía durante una represión en reclamo de planes sociales. El presidente era Eduardo Duhalde y el secretario general de la Presidencia era Aníbal Fernandez, quien tras el asesinato de Kosteki y Santillán dijo que los piqueteros se habían matado “entre ellos”.

Volviendo al caso de Angel Verón, vale agregar un detalle para nada menor. La comisaría cuarta, que ofició en el operativo represivo y de posterior secuestro de Angel Verón, es sindicada como “una guarida de torturadores”. Forman parte de su gavilla los agentes Gómez y De La Fuent, ambos acusados de haber empalado a un joven y golpeado a su hermana en 2011. Pese a ello, esta dupla viene recibiendo sendos ascensos por parte de la jerarquía política provincial.
El Centro Mandela, publicó un comunicado donde señalan que “el reciente informe preliminar de autopsia realizada por la Oficina Médica Forense del Poder Judicial de Chaco corroboró que los agentes y funcionarios policiales que intervinieron -el 24 de septiembre pasado- en el procedimiento de desalojo en el corte de la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del Km 997, provocaron la muerte violenta de Ángel. Los golpes y castigos propinados a este dirigente social fueron fatales y determinantes de su fallecimiento”.
Por el asesinato de Verón renunció la cúpula policial de esa provincia.
Los familiares de Verón denuncian también que “el gobierno de Capitanich dio la orden de tratar de mantenerlo con vida hasta que pasaran las elecciones presidenciales”. El gobierno de Capitanich envió una corona al velorio, que terminó siendo quemada por los presentes, como reacción ante una hipocresía oficial que no es exclusiva de ese gobierno provincial, sino de todo el organigrama de poder estatal que, en la Argentina, sigue asesinado a los que reclaman.

(*) Periodista de revista superficie.

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