Temas Publicaciones de la temática "Derechos Humanos"

Derechos Humanos

Ya está disponible para ver en línea el documental Las formas de nacer.
A partir de las historias de mujeres que sufrieron maltratos institucionales y pérdidas irreparables, Las formas de nacer visibiliza la problemática de la violencia obstétrica. En el relato de las protagonistas, se manifiesta la lucha por el parto y el nacimiento respetado. Las experiencias expuestas proponen e invitan a reflexionar sobre otros modos o maneras de nacer y de dar a luz. Al mismo tiempo, las leyes nacionales relacionadas a la temática guían el relato otorgando sustento a las distintas voces. Desde una mirada sensible, el documental brinda datos e información teniendo en cuenta que “para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer”.
Premiado en 2015 con el Arandú a la mejor producción artística audiovisual, Las formas de nacer es una realización de la Cooperativa de Comunicación Superficie, de Misiones, que contó con el apoyo del Centro de estudios y promoción de la equidad de género Flora Tristán de la Universidad Nacional de Misiones y el aval de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. También aportaron artísticamente Osvaldo de la Fuente, Cecilia Moya en la música original y la reconocida fotógrafa argentina Natalia Roca, a través de su proyecto Dar a Luz.
Durante la semana mundial del parto respetado del 2015, el documental se presentó en Misiones, Córdoba (capital), CABA y La Plata. En los meses siguientes, “Las formas de nacer” se proyectó en Chaco, Mar del Plata (30° Encuentro nacional de Mujeres), Mendoza, Corrientes, Tucumán, Chubut, otras localidades de Misiones (Eldorado, Jardín América, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza y Oberá) y otros países: Encarnación (6° Encuentro Feminista del Paraguay), Brasil (Porto Alegre), España (Málaga), México y Uruguay. Participó en Festivales de cine de Argentina y sigue creciendo hacia nuevos horizontes.

Diciembre es el mes en el que se cumplen 10 años de la muerte de David Gómez y en el que Hernán Céspedes hubiera cumplido 22. Ambos adolescentes fueron víctimas de la violencia institucional en la túrística ciudad de Puerto Iguazú, mundialmente conocida por las Cataratas. Allí, en el norte de la provincia de Misiones, uno fue “suicidado” en 2006 y el otro en 2012. Recientemente sus familiares compartieron una marcha denunciando la impunidad judicial.

Por Sergio Alvez (*)

Los dos tenían 18 años. Los dos tenían el pelo negro, la sonrisa plena y el lustre luminoso de la juventud aflorando en sus miradas. Ambos vivían en el norte de la provincia de Misiones. Ambos, con seis años de diferencia, fueron asesinados luego de ser detenidos por la policía en Puerto Iguazú, la ciudad de las Cataratas. David y Hernán. El primero de apellido Gómez, el segundo Céspedes. En ambos casos lo primero que dijo la polícia fue “se suicidó”. Dos pibes. Un mismo victimario: la violencia institucional. Esa maquinaria que bajo el ala de la complicidad política y judicial, ejecutan las “fuerzas de seguridad” en las barriadas humildes del país, cargándose pibes inocentes para tapar casos con “perejiles suicidados” o porque a veces “se va la mano”.

Hernán hubiese cumplido 22 años el 10 de diciembre de 2016. Era compañero de curso de Itatí Piñeyro, en la escuela nocturna. Todo sucede en Puerto Esperanza, Misiones, una localidad donde la multinacional Arauco tiene una de las “papeleras” más contaminantes de la región y donde la familia Gruber supo construir una casta de actores políticos que gobierna el pueblo hace muchos años. En definitiva, uno de los feudos del norte provincial manejado por el modelo forestal implementado en la provincia al servicio de Arauco S.A .
Itatí Piñeyro (18) fue hallada muerta en un descampado el 12 de julio de 2012. Había sido violada. Versiones de testigos atemorizados y anónimos, dieron cuenta a la familia de “Taty” de la posible participación en el hecho de uno de los hijos de Gilberto Gruber, llamado Fabián, a su vez sobrino del intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber. Cuenta el maestro de Taty y Hernán, Carlos Duarte- quien además es un reconocido militante social- que en horas posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima del atroz femicidio, “ la policía desplegó un operativo terrible contra mis alumnos, los compañeros y compañeras de Taty. A muchos los fueron a buscar de noche, los llevaron al río y los amenazaron de muerte, muchos se fueron y no volvieron al pueblo por el terror que les inflingieron”.
Sindicado como principal sospechoso en el femicidio de “Taty”, por orden del ex Juez de Puerto Iguazú, Eduardo Fernández Rissi, la policía detiene a Hernán Céspedes y hasta lo alejan de su pueblo: se lo llevan a la Unidad Regional V, de la turística Iguazú. De allí, a horas de tener que prestar declaración, Hernán aparece “suicidado”, presuntamente con un “cordón” (cuando habitualmente lo primero que se hace con los detenidos es quitarle todo tipo de cordones, cinturones, etc). Fue el 27 de julio de 2012. Días antes, Hernán le confesó a su madre, Rosa, que tenía miedo que lo matasen, porque estaba amenzado por los guardias, que le pedían que se declare culpable del femicidio de Taty Piñeyro.

Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial
Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial

Dos años después, un joven que en las últimas horas de vida de Hernán estuvo detenido en la misma comisaría de Iguazú (posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria de Eldorado), hizo pública una carta-entregada a organismos de Derechos Humanos nacionales e intgernacionales- en la cual señala : “Yo (…) preso en este momento en la cárcel de Eldorado, en el pabellón de menores, actualmente condenado por robo calificado, declaro que presencié, cuando ocurrió la muerte del joven Hernán Céspedes en la Comisaría Seccional V de Puerto Iguazú, a fines de junio del año 2012. Ese día yo estaba preso enfrente de la celda en que estaba preso Hernán Céspedes y escuche reiteradas veces, en muchas ocasiones, presencié y vi como le pegaban brutalmente (el) policía López, Mariano, y una mujer policía que venía de Puerto Esperanza, entre otros policías”, escribió el joven.

Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad
Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad

“Entonces, las sesiones de torturas eran constantes contra el preso. La distancia de mi celda a la de él era aproximadamente de dos metros y medio. Y la celda de él, la tenían con la luz apagada. Estaba acurrucado sobre un tipo de banca de cemento. Y venían constantemente, lo sacaban y lo traían de (regreso) al calabozo”.
Terminando 2016, la familia de Hernán Céspedes no solo no pudo conseguir que la Justicia investigue debidamente, sino que con el caso impune, siquiera cuentan con un abogado por falta de recursos.

Mural que pide Justicia para David Gómez
Mural que pide Justicia para David Gómez

David Gómez vivía en Iguazú. El 5 de diciembre de 2006, después del acto de colación en la escuela- terminaban quinto año-acudió a una fiesta con sus amigos. Un patrullero de la comisaría local arribó al lugar a pedir que bajen el volumen. No querían que escuchasen cumbia villera ni nada que hablase contra la policía. Cuentan que se dio un intercambio de palabras entre algunos de los pibes, entre ellos David Gómez. Terminada la fiesta todos volvieron a sus hogares. Todos menos David, quien fue interceptado por la policía. Calixto Gómez, militante de ATE y CTA y padre de David, recuerda que “vino el comisario a decirnos que apareció el cuerpo a 40 kilómetros, ahorcado en un pinar en Puerto Esperanza”.
Desde la aparición del cadáver de David, múltiples irregularidades se fueron sumando a la magra investigación judicial. “Cuando llegamos al pinar, mi hijo ya no estaba colgado, sino tirado en una camioneta de la policía de Puerto Libertad, lleno de hematomas, con los testículos muy inflamados, con claras marcas de haber sido brutalmente golpeado. Después apareció una testigo que dijo que vio como la policía lo golpeaba, pero fue amenazada y se apartó de la causa. A todo esto, las ropas de David no aparecieron nunca. La rama donde se colgó apareció cortada y el terreno bajo el árbol quemado”.
El caso, permanece impune y la causa judicial cerrada.

Familiares de David  Gómez, 10 años pidiendo justicia.
Familiares de David Gómez, 10 años pidiendo justicia.

El pasado 7 de diciembre, la familia de David Gómez organizó una marcha en Puerto Iguazú, a 10 años del asesinato impune de su hijo. Acudieron organizaciones, vecinos y amigos de David. Estuvieron presentes los padres de Hernán Céspedes y su hermana Paola. Al llegar al mural que recuerda a su hijo y exige Justicia, bajo un sol tremendo, Calixto Gómez dijo a los presentes: “Si estamos acá es porque no queremos que ningún pibe más en Misiones ni en ningún lugar de la Argentina pase por esto. No queremos que haya más victimas de la violencia institucional, que siempre son jóvenes y humildes, pibes de barrio. No queremos un sistema judicial corrupto y cómplice del poder. No queremos más impunidad. Ni un pibe menos”.

* Director de revista superficie

Familias tareferas protestan frente a la Municipalidad de Posadas.

Por Alexis Rasftopolo (1)
Imágenes: Marcos Otaño (2)

El cineasta boliviano Humberto Ríos solía plantear a sus estudiantes algunas preguntas para desarrollar un tema y complejizarlo. Así, por ejemplo, interrogaba: ¿qué es un terrón de azúcar? Además de la posibilidad de endulzar los alimentos, el terrón de azúcar, sostenía, lleva implícita la historia de la esclavitud:

“Analicen ustedes cómo fue la esclavitud en África, a quiénes esclavizaron, a quiénes llevaron a Centroamérica para la producción del azúcar: a los esclavos. Sangre, guerra y esclavitud: esa es la historia de un terrón de azúcar. Dentro de ese terrón está inmersa la idea”. (3)

Emulando el procedimiento de Ríos, podríamos hacer el mismo ejercicio con la yerba mate. En ese gesto cotidiano de compartir la infusión nuestra de cada día, en esa práctica ritual donde el mate es un modo de la celebración del encuentro, en esas imágenes aparentemente diáfanas de la hoja de yerba mate y del estar juntos se encuentra implícita, también, la historia de la esclavitud de nuestras comarcas y la desdicha inenarrable para cientos de familias que sobreviven en condiciones de pobreza y exclusión.

La plaza 9 de julio es, por estos días, nuevamente, un reflejo de ello: hasta allí se acercaron hombres, mujeres, jóvenes y niños a exigir al gobierno provincial, una vez más, que el estado se haga presente y les brinde las condiciones de vida dignas que se merecen en tanto ciudadanos, en tanto seres humanos, en tanto personas que tienen el mismo derecho que cualquier habitante de esta tierra a gozar de condiciones dignas de existencia, con empleo seguro, con acceso a la educación, a la salud, y a poder estar en relativa paz.

Pero la historia de la desdicha de estos trabajadores rurales es larga.

Rafaél Vera, tarefero y miembro de Tareferos Olvidados, señala:

“Cada vez que para la cosecha tenemos el mismo problema. El gobierno se olvida de nosotros”.

Cientos de personas se han venido desde el barrio San Miguel de la localidad de Oberá hastiadas por esta situación de abandono, el lunes pasado. Hoy es miércoles y la plaza late al ritmo del sabor amargo de estos tiempos, donde la desocupación, la caída del mercado interno, los niveles elevados de inflación, fruto de las medidas adoptadas a nivel nacional, agobian a los sectores más postergados.

El 9 de julio, fecha con la que se nombra a esta plaza posadeña, epicentro de las manifestaciones sociales, fue, según los libros de historia, el día de la independencia nuestra de la corona española.

Si tomamos la noción de independencia en sentido amplio, podríamos pensar que la historia humana muestra, en tiempos actuales, lejos de haber ganado autonomía, de haber podido celebrar la emancipación social y humana en las distintas dimensiones de la vida, una amplia y heterogénea parte de la sociedad, no sólo misionera y argentina, sino mundial, continúa esclavizada de diversas maneras, bajo condiciones de vida poco saludables, donde, cuando hay oportunidad, “no se trabaja para vivir, se vive para trabajar” (4). Y las más de las veces, en nuestros días, el trabajo escasea y el hambre abunda.

foto-2

La plaza alberga ahora a sus hijos más desdichados: mujeres, niños, jóvenes y adultos que sobrellevan sus días como pueden. Si la faena de las familias tareferas es dura, más duro se hace aún aguantar el periodo interzafra, donde, durante varios meses, estas personas laboriosas deben buscar oportunidades en changas, en trabajos esporádicos, y esperar contribuciones por parte del estado que, de suerte, alcanza para comer salteado.

Las familias tareferas no están solicitando que se les de nada gratuitamente, están exigiendo que el gobierno se comprometa a asegurar un empleo digno, a dignificar las condiciones laborales en las que se encuentran, y que les permita, entre otras cosas, contar con una cobertura razonable en los periodos interzafra, luego de la cosecha de la yerba; esto, más allá del pedido de los alimentos.

La Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pié, presentes

Además de las familias de tareferos llegadas desde la Capital del Monte, en la plaza se encuentran integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pié, quienes se movilizan por causas similares: la necesidad de contar con algo de seguridad en tiempos inseguros.

Felipe Mazacote, dirigente de la CCC Misiones, explicó:

“Nos encontramos aquí en la plaza, en jornada de lucha nacional. Estamos solicitando un millón de puestos de trabajo dignos, con salarios justos, con obra social. Pedimos que se nos reconozca el derecho a trabajar dignamente. Con los contratos basura no alcanza y no hay señales aún de que se va a solucionar el problema”.

“Ahora tenemos que sentarnos a discutir cómo vamos a seguir. Estamos con los compañeros de Barrios de Pie, pero creo que todos tendríamos que estar en la calle en estos momentos”.

Juan Carlos Yablonski, de Barrios de Pie, señaló:

“Hoy, en distintas partes del país, estamos haciendo ollas populares a raíz de la pobreza que hay. Los salarios son muy bajos. Es imposible para una persona vivir con 3.200 pesos, porque con eso muchos tienen que pagar los pasajes diarios, llevar a sus hijos a la escuela, vestirlos, vestirse ellos, y comer también (…) hoy para que no seas pobre tenés que ganar 12 mil pesos por mes, entonces yo quiero decir que acá hay una pobreza total… Estamos pidiendo por trabajo, por mejores condiciones…”

“Nosotros como organización social trabajamos, tenemos 7 merenderos, 6 en Posadas y 1 en Garupá, pero se ha cuadruplicado la cantidad de gente, de chicos, incluso gente grande pidiendo la copa de leche y la galleta (…); nosotros retiramos 215 kits de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social pero la demanda es muchísima, tenemos alrededor de 1000 personas que nos están pidiendo cosas diariamente”.

“Hay mucha necesidad de trabajo: se cerraron muchos comercios, está parada la obra pública, y escasean los trabajos de albañilería, carpintería, en los aserraderos, en las fábricas, entonces todas esas personas están desesperadas (…). Hay personas que hoy no tienen para comer ni una galleta en el día”.

“Lo que nosotros pedimos es especialmente trabajo, que el gobierno pueda ayudar a las personas que más necesitan, y también que se puedan ampliar los insumos recibidos en los merenderos para paliar esta situación… Y, para los que están trabajando, que pueda haber un aumento digno para ellos porque es imposible vivir con lo que ganan actualmente”.

(1) Licenciado en Comunicación Social.
(2) Fotógrafo y reportero gráfico.
(3) “Sobre la investigación documental”. Entrevista a Humberto Ríos por Rodrigo Paz Paredes y Nicolás Gropper. En: http://cinepolitico.com/blogs/arditodocumental/2009/03/21/sobre-la-investigacion-documental-entrevista-a-humberto-rios/ 21/3/2009. [Último acceso 5/10/2016].
(4) Galeano, E. (2011) Ser como ellos y otros artículos. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 101.

Sin pruebas en su contra, Cristina Vázquez está presa desde hace 8 años en la Unidad de Mujeres de Villa Lanús. Se la acusa de un asesinato ocurrido en 2001, cuando trabajaba como empleada doméstica en el Barrio El Palomar. En diálogo con Revista Superficie, el abogado que solicitó su excarcelación explicó que “es ilegal la prisión preventiva” y confió que en poco tiempo podría salir en libertad. Para la Asociación de Pensamiento Penal se trata de “el paroxismo de las prácticas penales pésimas”. Otro caso de criminalización de la pobreza en Misiones.
Por Sergio Alvez (*)

Declaración a 40 años del último golpe de Estado en Argentina

En marzo de 1976 el último golpe cívico-militar en Argentina consolidó un capítulo de violencia represiva que había empezado años antes para garantizar la implementación de un modelo económico concentrador y excluyente. Cuatro décadas después, en Misiones nos preocupa que sigan vigentes mecanismos que posibilitan el uso discrecional de la fuerza policial para seguir garantizando un modelo económico injusto y que violentan derechos constitucionales. La violencia se volvió discurso atravesando y moldeando la trama social. Es urgente desarmar el uso represivo y preventivo de la coerción del Estado. Toda dictadura triunfa cuando logra que el autoritarismo se inscriba en prácticas cotidianas: el orden castrense aún late con “pasión restauradora”. Sólo democratizando los recursos será posible ejercer en plenitud los Derechos Humanos. La democracia no se ganó de una vez y para siempre en 1983: hay que ganarla todos los días. Represión, silenciamiento e impunidad, NUNCA MÁS.

Firman:
Revista Superficie
Diego Bogarin, Periodista
Marina Casales, Periodista, Docente-Investigadora UNaM
Sonia Alfaya, Docente-Investigadora UNaM
Elena Maidana, Investigadora UNaM
Brígida Renoldi, Antropóloga CONICET-IESyH-UNaM
Yolanda Urquiza, Historiadora FHyCS-UNaM

-La fotografía es de Pablo Longoni, en el marco de la muestra #ARGRA40añosdelgolpe

Los gobiernos de todas las provincias del país, oficialistas y opositores, consiguieron que el Consejo de Seguridad Interior declare la Emergencia Nacional de Seguridad para iniciar 2016. Se reforzarán entonces tareas y recursos destinados a las fuerzas policiales y de seguridad, que nunca dejaron de afilarse las uñas y los colmillos. Hay algo más peligroso que monos con navajas.

Por Diego Bogarin (*)

En la primera semana de 2016, a días de la Declaración de Emergencia Nacional de Seguridad, se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que avaló el accionar de la Policía Federal para “pedir documentos sin motivos de sospecha”. Entre los argumentos, los jueces sostienen que esos procedimientos forman parte de la prevención del delito. También puede leerse en el escrito que “la competencia para requerir el documento de identidad está implícitamente reconocida a la Policía Federal en la ley, siempre que su ejercicio constituya una ‘actividad de seguridad’ (de prevención del delito)”.

La inexistencia de fundamentos para la detención, ¿puede legitimarse por el resultado obtenido? Es decir: ¿aceptamos, permitimos que “la policía” detenga a alguna persona que le parezca sospechosa para ver si está implicada en algún delito, especulando con que puede ser culpable? En ese caso, ¿es la sospecha motivo suficiente para legitimar un procedimiento policial?

Las facultades y competencias de la Policía de Misiones están detalladas en la Ley Orgánica IV-N°23 (ex 2.338/96). La norma posibilita a los agentes mucho más que accionar por sospecha: pueden, además, “aprehender” jóvenes “en situación de vagancia”, pueden decir lo que quieran en sus actas porque sus actuaciones “son válidas y merecen plena fe, sin requerir ratificación” y pueden “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida”. Y obviamente, por la forma en que están enunciadas estas opciones dentro de la legislación, pueden no hacerlo. Es decir, pueden actuar a discreción según su ética, humor u oficial de turno se lo indiquen: aquel agente -de cualquier rango- que quiere, puede hacer todo lo que la ley le permite; pero también puede no hacerlo porque la Ley no obliga a reprimir, sólo lo posibilita.

Indagar en el recorrido que tuvo la norma policial permite ver que desde su surgimiento en contextos dictatoriales, pocas funciones le fueron reducidas. La policía provincial de Misiones es creada en enero de 1957, mediante el decreto 81/57. En la primera norma se le asignaban funciones y competencias destinadas a “velar por las buenas costumbres”, “impedir la vagancia de menores” y “vigilar e impedir todo ataque o movimiento subversivo”; para ello tenía la posibilidad de “identificar a toda persona de la cual sea imprescindible conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen”.

La detención para averiguación de antecedentes nace en Argentina en 1958, con la “Ley Orgánica de la Policía Federal”, bajo el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Inicialmente, tenía como objetivo ser utilizado en época electoral, pero pasados los años, todos los gobiernos utilizaron la herramienta para legalizar las detenciones arbitrarias.

En Misiones, 12 años despues, en 1970 y bajo el gobierno del Brigadier Mayor Angel Rossi, se otorgó a la fuerza provincial la potestad de “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a identificarse”, detallando el decreto-ley 517 que “la demora no podrá prolongarse más de 24 horas”.

La facultad de la detención para averiguación de antecedentes, o “doble A”, se convirtió desde entonces en un instituto que permaneció inmodificable en todas las reformas de la ley orgánica que se realizaron en 60 años de existencia policial. Incluso subsistió a la reforma de 1981 que derogó toda la normativa anterior, y a la Ley 3.389 de 1996, que hizo lo propio a través de un proyecto impulsado por el entonces gobernador Ramón Puerta para “adecuar la estructura de la institución a las necesidades que en materia de organicidad y funcionamiento se requiere del organismo responsable de la seguridad en la provincia”.

En 2011, el equipo a cargo del proceso de adecuación de la Ley de 1996 para incorporarla en el Digesto Jurídico misionero, realizó algunas modificaciones vinculadas a aspectos funcionales de la fuerza, pero validó la continuidad de la “doble A” y el plazo de 24 horas para la detención, período que duplica el standar puesto de referencia por la Ley 23.950 de “Limitaciones a las Facultades de Detener”.

Esta norma, sancionada en 1991, modificó al artículo 5 de aquel decreto de Aramburu, atenuando las facultades de la Federal y estableciendo que “no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente”. Añade la Ley de Limitaciones que “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas”. Además, dice que “las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones”.

Un aspecto no menor de la legislación policial de Misiones es que, a diferencia de otras normativas en el país, no otorga la potestad de exigir que una persona acredite identidad, y sólo permite a la policía detener a una persona “cuando se niegue a identificarse”. El artículo 13 de la Ley Nacional 17.671 de “identificación del potencial humano nacional” establece que “la presentación del documento nacional de identidad […] será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas”. Esto quiere decir, literalmente, que respondiendo verbalmente los datos filiatorios, se cumple con la identificación. La presentación del DNI es para probar o acreditar la identidad, algo que la Ley de la policía de Misiones no expresa como justificativo para la detención, pues si digo cómo me llamo, no estoy negándome a identificarme. Punto. Pero.

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), hace 20 años que trabaja sistematizando la información disponible respecto de personas violentadas y muertas por las fuerzas del Estado. En 2009, esta organización elaboró el “Nuevo manual de bolsillo del pequeño detenido”, donde sistematiza información clave para toda persona detenida arbitrariamente. En el inicio del manual, sostiene: “Nadie tiene la obligación legal de llevar sus documentos, menos aún un menor de edad. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, tratá de llevarlos”.

El trato tutelar de la minoridad se enmarcó durante décadas en una perspectiva objetivizante de la niñez y la adolescencia. Toda persona que aún no había cumplido 18 años era “menor” y, por lo tanto, objeto de derecho y tutelada por una persona “mayor” o por el Estado, bajo la figura del Patronato de Menores. Esta perspectiva se modificó sustancialmente con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por el gobierno argentino en 1990 y por la Constitución Nacional en 1994.

En 2006, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consolidó el paradigma que reconoce a toda persona menor de 18 años como sujeto pleno de derecho. En el artículo 19 se establece el “derecho a la libertad”, especificando que “las personas sujetos de esta ley no pueden ser privados de ella ilegal o arbitrariamente”. En la norma, además, se determina que “los Organismos del Estado deberán garantizar […] todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional [y en] la Convención sobre los Derechos del Niño”, convención donde se definió que “la detención será el último recurso y por el tiempo más breve que proceda”.

En el año 2008, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación emitió la Resolución 2.208/2008 para adecuar la actuación de las Fuerzas en los casos de restricción de la libertad ambulatoria de personas menores de 18 años. En tal instrumento, se determina que “la persona menor de edad será tratada por personal idóneo a su condición etaria, quien no podrá ante ellos exhibir armas” y se expresa que “la persona menor de edad en ningún caso compartirá alojamiento con detenidos mayores de dieciocho años” y que “en los supuestos en los que no se pudiera acreditar fehacientemente la edad real, se presumirá la condición de persona menor de edad”.

Estos y otros mandatos son de alcance para las fuerzas federales, pero a través de una reunión de trabajo mantenida entre autoridades nacionales y de las provincias en septiembre de 2008, los gobiernos locales se comprometieron a adecuar sus herramientas legales para que sus procedimientos se ajusten a la normativa vigente. Sin embargo, la ley orgánica de la policía de Misiones contradice estos criterios y posibilita situaciones arbitrarias como la que sucedió el sábado 12 de diciembre de 2015, cuando cinco jóvenes fueron demorados en la zona Oeste por “vagancia”, según reportó la policía en un comunicado difundido a los medios, dando cuenta de que del operativo “participaron el Comando Oeste, la Comisaría 13ra y la Dirección de Infantería”.

Las prácticas represivas de los aparatos de crueldad están planificadas y son legales, es decir, están avaladas por un marco normativo que forma parte del sentido (y del sentir) común. La cultura de la legalidad se construye, en nuestras sociedades occidentales modernas, a partir de la asimilación de un conjunto de acuerdos (arbitrarios) que se vinculan estrechamente dentro de complejas tramas, a veces contradictorias: aprendemos y continuamos sistemas democráticos delegativos, ejercemos derechos contenidos y reglamentados en leyes, avalamos instituciones que evalúan acciones y organizan el encierro. En esta red de sentidos se inserta la institución policial como el organismo encargado de controlar, disciplinar y reprimir todo intento de alteración del estado de las condiciones de vida. Se inscribe la policía como resguardo moral y responsable tutelar del orden, que reacciona como fuerza de choque cuando el poder político lo considera necesario.

De una manera mucho más evidente y literal en décadas anteriores, las policías estaban llamadas a “prevenir y reprimir todo movimiento subversivo” y a “mantener la paz social”. Para ello, los gobiernos (siguen) otorgan(do) a esta corporación el monopolio de la fuerza pública mientras ponen a prueba otros mecanismos de control social (judicializaciones, criminalizaciones, cooptaciones), garantizando(se) protección de la propiedad privada y de las llamadas “buenas costumbres”, que serían algo así como los modos que tiene la burguesía moderna occidental de hacer las cosas.

Los límites de las acciones permitidas a las fuerzas policiales son zonas difusas, viscosas, que están en permanente fricción y se actualizan: a veces para incrementar el poder disciplinante, otras para contener (¿disimular?) la maquinaria represiva. Hay doctrinas y jurisprudencia contradictoria en torno a qué debería serle permitido a un agente en pos de controlar el delito porque las mismas sociedades contemporáneas están atravesadas por contradicciones en direcciones diversas, especialistas que cuestionan la policialización de la sociedad y voces legitimadas que piden mano dura para dar fin a las “puertas giratorias”, referentes que denuncian a la policía como gestora del delito y gobiernos de todos los colores que solicitan y consiguen declarar la emergencia nacional de seguridad. Vale mirar, en este contexto entonces, hasta dónde permiti(re)mos fortalecer los aparatos represivos de nuestras sociedades. Los funcionarios y amplios sectores sociales piden controles fuertes, presencia policial, mayores recursos a los uniformados. Y lo están consiguiendo.

En Misiones, sólo en los últimos dos mandatos de gobierno, revista superficie ha registrado y publicado que la policía de Misiones fue denunciada por más de una treintena de muertes por golpizas y por más de medio centenar de torturas y apremios. No hay ningún juicio -y obviamente tampoco sentencias- por estas causas. No hay sistemas ciudadanos de control a las fuerzas en Misiones. Es necesario discutir y definir con claridad los límites al aparato represivo. Es necesario pensar y construir la seguridad desde una perspectiva no policial. Si le damos más poder al poder, más duro nos van a venir a llevar. Por sospechas.

*El autor es cronista de revista superficie. Por consultas, amenazas y reclamos pueden escribir a contacto@revistasuperficie.com.ar

-La foto es de Marcos Otaño

-Este artículo fue escrito como catarsis luego de indagar sobre El legado de Jorge Franco

Aquí puede accederse al Nuevo Manual de Bolsillo del Pequeño Detenido, de la CORREPI.

-Aquí pueden conocerse algunos aportes sobre la derogación del instituto de la “Averiguación de Antecedentes” en Mar del Plata, en Rosario y en Mendoza.

El 26 de junio de 2003 el soldado voluntario Mauro Ramírez (22) se encontraba de guardia en el Regimiento de Monte Nº 30 de la ciudad de Apóstoles (Misiones), cuando recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte. El Ejército, al igual que todas las fuerzas de seguridad cada vez que hay una muerte en sus dependencias, adujo un “suicidio”. Varias pericias desmontaron esa versión: a Mauro lo fusilaron. Doce años después, la impunidad persiste. Una historia similar a la del soldado Omar Carrasco, plagada de irregularidades y entorpecimientos intencionales.

Investigación y redacción: Sergio Alvez y Cecilia Rodrigues (*)

Noche del 27 de marzo de 2008. Hacía un poco de frío y la humedad formaba una cortina tenue de neblina. Por estas horas, entre el trasnoche y la madrugada, Mario Golemba era visto por última vez golpeado, torturado, en una comisaría de Misiones.

Por Diego Bogarín (*)

El 27 de marzo de 2008 salió de su casa en Picada Indumar, hacia Oberá, No regresó. No hubo pistas certeras durante varios meses, hasta que dos testigos afirmaron haberlo visto detenido y siendo golpeado por policías en la comisaría de Dos de Mayo. Desde entonces, el proteccionismo político y judicial para con quienes deben ser investigados, tiñó la causa de irregularidades. Traslados de efectivos sin explicaciones, cese de búsquedas, insuficiencia de actuaciones judiciales, invisibilización del caso, y otras acciones sistematizadas, apostaron fuerte al olvido. Tanto el gobierno provincial como la Justicia, le dieron la espalda a la Verdad.

Mario Golemba sigue desaparecido. Es un desaparecido en democracia, en Misiones. Uno más. Van 7 años. Su familia, sus amigos, y miles de misioneras y misioneros que no se resignan a una democracia con desparecidos, lo seguimos buscando.

Dos personas muertas, golpizas varias (incluso contra un epiléptico), represión a trabajadores, aprietes a un intendente y complicidad con multinacionales y terratenientes, configuran el prontuario de la Policía de Misiones en lo que va de 2015. Estos casos se suman a la veintena de muertes en comisarías y más de medio centenar de denuncias por apremios ilegales que acumula la fuerza del ministro Jorge Franco desde 2010. Sigue desaparecido Mario Golemba, visto por última vez en la comisaría de Dos de Mayo. De cara a un nuevo Día de la Memoria, nada que celebrar en materia de Derechos Humanos en la provincia.

Por redacción superficie

quizás también te interese:

Este 27 de marzo de 2017 se cumplen 9 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, joven agricultor oriundo de la localidad de...