Salta, la impune

Desde Salta, el periodista Franco David Hessling, nos proporciona un panorama en relación a femicidios y otros asesinatos que permanecen en la impunidad. “La impunidad es un rasgo característico de la Salta del siglo XXI, una provincia que en cuanto a sus clases sociales y sus mecanismos de dominación, tiene poco que envidiarle a la España del siglo XIX. Hibrida con justeza elementos del más recalcitrante conservadurismo feudal con las licencias burguesas del liberalismo político–económico. Aquí burguesía, oligarquía y aristocracias familiares, conforman un entramado que ha sabido distribuirse en todos los estamentos del poder”.

Por Franco David Hessling (*)

El 29 de Julio de 2.011 la provincia de Salta se conmocionó ante la aparición de dos cuerpos sin vida en el paraje turístico La Quebrada de San Lorenzo, ubicado a menos de 10 kilómetros de la ciudad capitalina. Unas horas más tarde se comprobaba que los cuerpos pertenecían a dos estudiantes francesas, con lo cual se anticipaba que más allá de los groseros intentos del poder por ocultar este tipo de descubrimientos, en este caso la cuestión tomaría trascendencia no sólo nacional sino también internacional.

El doble crimen de las francesas no tardó en cundirse en los matutinos nacionales, a pesar que en la provincia de Salta los abusos contra la mujer son moneda corriente. En el año 2.014 fue la provincia que proporcionalmente tuvo más femicidios en todo el país ya que se registró uno por cada 63.493 habitantes. Pero sólo la procedencia de las mujeres halladas aquel gélido mes de Julio puso en el ojo de la tormenta esa vetusta problemática olvidada por el aluvión mediático.

Pero el revoltijo no se redujo a los medios de comunicación ni a las autoridades que debieron salir a dar explicaciones, presurosas por cierto, sobre el intricado hallazgo. La sociedad salteña se paralizó quizá como efecto dominó del poder de la repetición mediática, porque en sí no había elementos novedosos en el caso de las francesas, ni el turismo, ni el femicidio, ni las imprudencias y solapamientos políticos judiciales.

El turismo, post–devaluación de la moneda en 2.001, es una de las principales fuentes que motoriza la economía salteña en lo que a servicios refiere. Todavía más, la afluencia de europeos es ingente no sólo en épocas invernales si no también durante todo el año. Ciertamente el receso de Julio es una ocasión particular porque visitantes argentinos y extranjeros se combinan para abigarrar las postales.

Por otra parte, como ya se ha dicho, los femicidios también son una triste constante en el enclave norteño que además de estar inserto en el esquema patriarcal imperante tiene un fuerte arraigo por los tradicionalismos decimonónicos, los cuales no sólo se asientan en las prácticas culturales sino también en las políticas de estado que priorizan, realzan y fomentan el abrazo a esos mandatos morales. El machismo es una de las formas de dominación más naturalizadas en la sociedad salteña, que cuando adopta formas violentas es sólo relativamente repudiado.

Hay un factor más que tampoco se destaca como sobrecogedor en el hecho de aquel doble–crimen, la renuencia del poder político y el poder judicial —los cuales conforman el poder económico— a respetar los procesos legales y las investigaciones para que arrojen luz de verdad sobre los sucesos delictivos. Ese factor es el más conspicuo en la sociedad salteña en lo que a justicia respecta.

Esto último quizá explique porque los salteños mantienen tanta vinculación con el culto monoteísta del catolicismo, ya que en la estructura estatal del moderno país argentino se nos afirma que somos iguales ante dos magnánimos sistemáticos: la ley y dios. Como la ley en Salta demuestra no ser aplicada con rigor de igualdad, los pobladores tienden a refugiarse en dios como aquel sabio que todo lo hace por el bien de cada uno, porque a todos nos ama por igual.

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La impunidad es un rasgo característico de la Salta del siglo XXI, una provincia que en cuanto a sus clases sociales y sus mecanismos de dominación, tiene poco que envidiarle a la España del siglo XIX. Hibrida con justeza elementos del más recalcitrante conservadurismo feudal con las licencias burguesas del liberalismo político–económico. Aquí burguesía, oligarquía y aristocracias familiares, conforman un entramado que ha sabido distribuirse en todos los estamentos del poder.

Debido a ello a ningún salteño podía tomarlo por sorpresa todo aquello que se vislumbraba en los primeros días luego de ese 29 de Julio. Implantación de pistas, captura de inocentes con pocos recursos, criminalización de la pobreza, impericias en los procesos judiciales, encubrimiento de responsables poderosos, apremios ilegales de la fuerza policial, y declaraciones teológicas de los políticos —“si dios quiere”—, no tenían nada de extraño en las formas clásicas de operar del poder.

De todos modos la enorme repercusión que este caso tomaba, ya que hasta las más encumbradas plumas o cámaras nacionales se preocupaban por lo sucedido en Salta, dio ánimo a muchos de los que habían padecido de cerca esa recurrente característica local: la impunidad.

Alertados de una oportunidad insondable, la ocasión de visibilizar que lo sucedido con las francesas no era un caso aislado ni mucho menos, un grupo de familiares que habían perdido a algún pariente y que compartían su cercanía con la impunidad reinante, se nuclearon para tomar protagonismo en las calles. Ninguno de ellos tenía trayectoria política ni había participado en armados partidarios, su indignación ante el avasallamiento y el silenciamiento los movilizó a manifestarse.

Algunos de ellos, férreos combatientes individuales de sus causas, ya tenían cierto reconocimiento en el ámbito local. Por ejemplo Ana Fernández, madre de Cinthia, hacía mucho tiempo que no tenía reparo en denunciar que a su hija la mataron porque se enteró de algo que no debía, ya que mantenía una relación de pareja con un miembro de la brigada de investigaciones de la provincia. Ana recibía cada vez menos prensa, y con una sutiliza galante pero con una malicia supina, los gobernantes fueron deslizando la idea de que la mujer había perdido parte de sus facultades mentales por el profundo sufrimiento ante la pérdida de su hija.

Raúl Córdoba y Marcela López, padres de Marco, también tenían ya cierto reconocimiento en el medio salteño. Si bien su caso no implica directamente a ningún poderoso, las espurias maneras de aplicar el rigor de la ley desahuciaron a esos padres en más de una ocasión. No se intimidaron ante eso, por el contrario ganaron voz en la prensa a fuerza de una voluntad inexpugnable.

Esas luchas individuales que habían atesorado cierto reconocimiento en el entorno provincial, no obstante se silenciaban rápidamente en la madeja de hechos permanentes con los que se asemejaban. Como se ha dicho, la impunidad en Salta no es una cuestión aislada ni remota, muy por el contrario es noticia semana tras semana. Es por esa razón que más allá de la perseverancia indiscutible de Ana Fernández o de los papás de Marco Córdoba, sus reivindicaciones se desdibujaban ante la marea de hechos similares que los superaban por su condición de actualidad.

La impunidad se actualiza permanentemente, por ello no había persistencia que mantuviera presente en el imaginario el desconsuelo y la denuncia de esos familiares aguerridos. Los canales, los diarios y las radios se nutrían siempre con lo más actual —criterio tirano de la noticiabilidad—, y por ello sólo eventualmente se hacían interesantes las intervenciones de los Córdoba o de la mamá de Cinthia Fernández.

Sin embargo esas dos familias eran una sinécdoque social para muchos otros afectados por la misma impunidad, ya que en esas como figuras destacadas se condensaba la miseria de todo un sistema político–judicial y el desgaste de los damnificados por esa pobreza institucional. Eran la parte que simbolizaba a un todo, que por aquel 29 de julio estaba todavía en diáspora, disperso pero latente.

Ese todo finalmente tomó forma en el nombre de “Comisión de Familiares contra la Impunidad”, un colectivo heterogéneo que incluía muchos casos, que no tenía más programa político que la simple manifestación de sus desavenencias con la atención judicial de sus denuncias. La pérdida de sus familiares, zozobra irreparable, se reaviva con cada desplante que la Justicia les hace.

El flujo de visibilización de esa perversa Justicia, dado por el caso del doble crimen de las francesas, engendró esa Comisión. Se decidieron a colectivizar su lucha, una lucha dirigida directamente al hueso de la estructura social salteña: la connivencia entre el poder económico, el político y el judicial, que por su solidaridad de clase obstaculiza el descubrimiento de las verdades que empañan los discursos sobre inclusión, igualdad e imparcialidad de los magistrados e investigadores.

El viernes 12 de agosto, luego de entablar los primeros contactos mutuos, marcharon alrededor de la Plaza 9 de Julio. Ese espacio verde ubicado en el corazón de la ciudad capital, en el que se distinguen la Catedral, el Cabildo, algunos museos, un teatro, y varios bares remilgados, fue escenario de una gesta tenaz que aún hoy pervive.

Hicieron vueltas a esa plaza, ante la mirada indiferente de muchos transeúntes acostumbrados a observar manifestaciones allí. “Será una de tantas otras”, habrán supuesto esos aletargados cerebros ensimismados en sus faenas, sin embargo la marcha a estas alturas se replicó ya más de doscientas veces.

Por casi cuatro años de forma ininterrumpida la Comisión hizo suya la plaza todos los viernes, en la franja horaria que va de las 19 a las 21 horas. Independientemente de su falta de programa político propio, ellos tienen muy claro dónde se sintetizan los poderes a los que apuntan con su reclamo, por eso los corolarios de las marchas son justo en frente de la Catedral. Allí forman un gran círculo en el que todos pueden observarse los rostros y abren el micrófono para quien desee tomar la palabra.

Los gritos desgarradores que horadaban el espacio público de forma individual en una polifonía aturdidora, ahora tienen asidero en un cauce más diáfano y abierto: la marcha de los viernes. La práctica se institucionalizó a tal punto que muchos funcionarios han abierto sus puertas a reuniones con la Comisión, en tanto que entidad colectiva. Aunque esas reuniones no hicieron que prospere la maquinaria que imparte justicia, fueron demostraciones de que la lucha silenciosa, colectivizada a partir de Agosto del 2.011, se arrogó un lugar en la agenda de urgencias.

Como todo pliego de la historia social de un pueblo, más aún cuando se trata de un movimiento social, vale la pena desentrañarlo profundamente para que se enriquezca como jalón indeleble contra todo intento de borrar la memoria. La Comisión de Familiares contra la Impunidad de Salta es historia viva, tesoro del combate social del presente.

(*) Periodista. Especial para revista superficie.