Repercusiones del fascismo misionero que se sube al colectivo

Tras la publicación en revista superficie de un artículo sobre los “operativos de prevención” de la policía de Misiones, y luego de las quejas y reproches de la ciudadanía, el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia presentó una nota al ministro de Gobierno para que “se modifique” la práctica de saturación policial. La reacción del organismo es un reconocimiento expreso de que los despliegues y procedimientos responden a una política de Estado diseñada por el gobierno renovador en sintonía con el gobierno nacional.

Por Redacción Superficie

El pasado sábado 27 de mayo, pasajeros de líneas de transporte urbano de Posadas se dieron de frente con una situación que hasta ahora no era habitual: en el marco de operativos llamados “de prevención”, agentes de policía abordaron ómnibus pidiendo DNIs y explicando que desde ahora recomiendan su portación permanente, con la advertencia de que las personas que no lo tengan podrán ser detenidas. Un día antes, el viernes 26, el mismo despliegue se concretó en la localidad lindante de Garupá y se viene desarrollando en diferentes localidades misioneras.

Diez días antes, también en Posadas, se había concretado el “megaoperativo de saturación” encabezado por el jefe de Policia de la Provincia y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, del cual participaron 2.000 agentes, 1.500 de ellos en Posadas. En aquel momento, el procedimiento consistió en ubicar dos policías por cada cuadra en toda la zona comprendida entre las avenidas Corrientes, Urquiza, Lopez y Planes y Jauretche. Los agentes requisaban tanto a peatones, a quienes se les pedía DNI y en varios casos se les revisaba sus pertenencias, como también a conductores, ya que se incluyó el control vehicular de autos y motos, controlándose también a sus ocupantes.

Estos operativos se complementan con los llamados “Operativos Combinados Abiertos Misiones” (OCAM) que se despliegan en toda la provincia en diferentes áreas urbanas y rurales, articulando agencias federales y provinciales, con el supuesto objetivo de prevenir delitos e identificar ciudadanos en espacios públicos. Las reacciones de la población, dispares, van desde celebrar la presencia permanente de uniformados en las calles para desalentar la comisión de delitos a cuestionar severamente el uso de la fuerza represiva en la cotidianeidad. En el medio, la ciudad y los pueblos se encuentran cada día más policializados.

La nota del ministerio

El pasado lunes 29 la ministra de Derechos Humanos, Lilian Marchesini, elevó al Ministerio de Gobierno la nota 78/2017 donde, tras cuestionar que estos operativos vulneran los derechos constitucionales a la libre circulación, a la libertad personal, el principio de inocencia y el derecho de no ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, solicita al funcionario que “se modifique el modo de actuar de los agentes de seguridad de la provincia”. Además, la funcionaria renovadora solicita una audiencia a su par con el objetivo de “intercambiar posibles soluciones con el propósito de que los hechos denunciados no se vuelvan a repetir”.

En la misiva, Marchesini da cuenta de haber recibido denuncias y quejas sobre las actuaciones policiales “durante los diferentes operativos que se han puesto en marcha” por orden del ministro Marcelo Perez. “Hubo un común denominador de los denunciantes” al respecto de las actuaciones, dice la ministra, y detalla diferentes aspectos que denunciamos oportunamente en nuestra revista y que ha generado rechazo en gran parte de la población: nadie está obligado a portar el DNI para circular en la vía pública ni hay legislación que habilite a la detención por la no portación del documento de identidad.

Lo que no cuestiona la ministra en la nota, son otros institutos inconstitucionales reconocidos tanto en la Ley Orgánica de la Policía como en el Código de Faltas, que habilitan la detención arbitraria tanto por “averiguación de antecedentes” como por otras figuras abstractas, que van desde la “vagancia” hasta la “resistencia a la autoridad” y el “desorden público”. Todas estas figuras posibilitan el actuar “de oficio” de una fuerza policial que cada vez cuenta con más presencia en la cotidianeidad y con más legitimidad para reprimir sin consecuencias frente a un discurso social, mediático y político cada vez más celebratoria del uso de la fuerza.

-Fotos gentileza de Misiones On Line

-Más información sobre el tema:
El fascismo se sube al colectivo
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Policía de Misiones vs. La democracia
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Policías en acción
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La policía de Misiones sigue torturando
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“Así no más es”
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