¿Qué hay detrás de los reclamos por la corrupción en los países latinoamericanos?

Una vez más, ahora en Brasil, multitudes se congregaron detrás de una bandera que dice repudiar la corrupción. La particularidad de este caso, es que la solución planteada por muchas pancartas fue la “intervención militar”, como si las dictaduras y los gobiernos de derecha hubieran estado “libres de corrupción”. Por el contrario, han sido estos últimos los responsables de los mayores desfalcos. En el siguiente artículo, ensayaremos qué hay detrás de las narrativas que insisten sistemáticamente en el tema de la corrupción.

Por Delia Ramírez Ferreira (*)

La corrupción: un tema difícil de abordar

En su definición estricta se refiere a la acción de corromper. En tanto, la corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima. Cotidianamente los medios hacen referencia a esta última, como un comportamiento que se le atribuye sólo a algunos actores de la clase política.
El tema de la corrupción es de difícil digestión para las izquierdas: las mismas encuentran serias limitaciones al momento de realizar definiciones sobre el tema de la corrupción. Pues, efectivamente existen casos de enriquecimiento inexplicables e injustificables, y ¿quién podría avalar el saqueo de los recursos públicos? Pero, la no consideración de matices es lo que provoca que algunos autodenominados de “izquierda” o “progresistas” terminen fluyendo cómodamente por las aguas de los discursos formulados por la derecha más conservadora. Incluso hay militantes y comunicadores sociales que en sus ansias por explicar o justificar el fenómeno terminan por caer en discursos biologizantes al sostener que la corrupción es un problema que se lleva en la sangre o en los genes, como si los argentinos, brasileños, paraguayos o los venezolanos fuéramos por definición corruptos, a diferencia de los ciudadanos del “primer mundo”, aquellos “seres civilizados que sí saben cómo comportarse”.
Pero también hay quienes frente a la incomodidad prefieren simplemente no hablar del tema y hacer de cuenta que el problema no existe, tal como si fuera un asunto menor, intrascendente…grueso error que se paga caro… pues si la ciudadanía lo considera un problema importante (pues así lo expresa cada vez que puede) debe ser considerado como tal.
Diego Segovia (2010) en una investigación sobre medios de comunicación en Paraguay muestra que el tipo de corrupción sobre el que insisten los medios hegemónicos de ese país es la “corrupción hormiga”, es decir, en el eslabón más débil de una cadena de negocios y negociados (por ejemplo, la corrupción ejercida por la secretaria de un senador o un diputado, el despachante de aduana o el agente de recepción de una entidad pública). Pero, poco o nada se habla de la “gran corrupción” aquella ejercida por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) que transfirió ilegalmente casi 8 millones de hectáreas de tierras fiscales a empresarios y grupos privados, y que es la madre de todos los problemas económicos y sociales del Paraguay. Para evitar cuestionamientos a su perverso gobierno, Stroessner propulsó un sistema de corrupción extendida de modo tal que cualquier persona que quisiera o necesitara pudiera alcanzar algún beneficio de los sistemas de clientela y prebenda bajo la condición de no cuestionar las bases injustas y abusivas de esa estructura de poder. Así se gestó la burguesía fraudulenta que hasta hoy día se erige como clase dominante y gobernante.
Los medios de comunicación al insistir en la corrupción hormiga, focalizan sobre las prácticas corruptas de los actores más débiles del prebendarismo y de las redes clientelares y así se termina por trasladar un problema público a la esfera de lo privado, ya que se realiza la construcción de un problema de moral privada. Para que se entienda, la operación sería más o menos así: “existe corrupción porque no hay educación en las familias, no se enseña en las casas, no van a la iglesia” etc., y nuevamente son los pobres los actores pasibles de caer bajo esos rótulos y etiquetas.
En definitiva, lo que observamos es que se realiza una construcción moral de un imaginario que destaca más la corrupción que el problema de la “desigualdad”; además se termina vinculando a la corrupción no a los desfalcos generados durante la dictadura que tienen graves consecuencias en el presente sino a una construcción de una naturaleza del “paraguayo corrupto desde su nacimiento” con lo cual se atribuye a valores intrafamiliares y se traslada el problema de un ámbito público hacia uno privado

La corrupción: un problema estratégico para el imperialismo

En términos geopolíticos, en el portal de la USAID es posible observar cuánto se han incrementado los programas de combate a la corrupción por parte de ese organismo. Pero, ¿cuál es el interés de Estados Unidos de financiar proyectos anticorrupción en países como Perú, Paraguay, Filipinas o Mongolia? La experiencia demuestra que toda vez que la indignación generada por la corrupción no sea inteligentemente canalizada por proyectos de izquierda termina siendo absorbida por nefastas propuestas populistas de derecha.

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En este sentido, el discurso sobre la corrupción que hegemoniza la escena pública se basa firmemente en el sostenimiento de la propiedad privada como matriz que regula las prácticas y las moralidades. Los medios de comunicación consiguen construir una ligazón directa entre los casos de corrupción y los problemas económicos que puedan padecer los ciudadanos, de modo que estos últimos se sientan directamente estafados. Pero, sin la pretensión de justificar los desfalcos, no siempre es posible tejer un puente inmediato entre las prácticas de corrupción y la situación socioeconómica de la población. Si tomamos por ejemplo la crisis argentina de 2001, observamos que bajo ciertas narrativas se ha enfatizado y colocado como causa la cultura política menemista del derroche y el espectáculo (lo cual fue capitalizado fácilmente por los actores opositores conservadores de aquel momento que siguieron las mismas recetas neoliberales) que a las reformas del Estado que radicalizaron el proceso liberal vigente. En este sentido, hay quienes explicaron la situación de endeudamiento argentino como el resultado de prácticas corruptas e inmorales de la clase dirigencial elegida democráticamente, sin prestar mayor atención a la política económica neoliberal que esos mismos dirigentes diseñaron. Pues bien, en Argentina no hubo un quiebre solo por un problema de mala administración, sino que hubo un colapso generado por la implementación de un proyecto neoliberal a la medida del capital transnacional.

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Por lo tanto, los daños de este proceso no se superan con cambios comportamentales de la clase dirigencial, ni tampoco con cosméticas reformas sociales que terminan por extender a nuevos públicos los “beneficios” de la globalización. El desafío es formular un proyecto social transformador y al mismo tiempo, construir una ética de izquierda que sienta respeto tanto por los bienes comunes como por las propuestas colectivas.

La inseguridad: otro tema conocido

La inseguridad en Argentina y en Venezuela aparece relacionada con delitos particulares que generalmente se producen en la vía pública. Actos y prácticas, que son muy diferentes entre sí son abordados con un mismo nivel de intensidad con el objeto de estigmatizar, excluir y perseguir a los sectores pobres de la sociedad. Se construye así una geografía de la peligrosidad e incluso se difunden mapas del delito que contribuyen a reproducir la marginalidad de ciertos grupos.

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En Paraguay, en cambio, la inseguridad está relacionada con la presencia de un supuesto grupo armado (1) (que prolifera y se diversifica) que desde los bordes del país genera hechos que reciben una cobertura sobredimensionada (Segovia, 2010) sobre el cual se tejen procesos de diseminación del miedo que apuntan fundamentalmente a desmovilizar y evitar la organización. En este sentido, toda forma de organización popular, y principalmente las campesinas, son fuertemente demonizadas y castigadas en territorios militarizados donde las mismas leyes habilitan la violación de los derechos humanos. De hecho el uso que el oficialismo de ese país hace de la “lucha contra el grupo armado” resulta también justificación para la introducción de aquellos marcos institucionales represivos, ejemplo de ello fue la modificación de la Ley de defensa que habilitó la militarización del territorio paraguayo y la legitimación de situaciones de estado de sitio al poco tiempo de la asunción de Horacio Cartes como presidente. Esta misma situación se observa en otros países de América Latina. El contexto internacional de “lucha contra el terrorismo” que se forja bajo proyectos imperialistas brinda las recetas que han de aplicarse una vez generados los escenarios. En consecuencia, frente a determinados hechos ambiguos y la aparición de actores “peligrosos”, el “enemigo interno”, se montan operativos de represión y políticas de gobierno de derecha que aseguran negociados y privilegios para determinados actores de poder.

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Por detrás de los discursos de la inseguridad hay un gran negocio: el de las empresas de seguridad privada que requieren de la existencia, persistencia y mediatización del delito. Y también el negocio de las armas que encuentra el mejor de los de los escenarios en aquellos países en situación de guerra permanente contra el “terrorismo” y los grupos armados. Esos mismos países, no casualmente, cuentan con una gran presencia norteamericana en sus territorios. Colombia y México participan de tratados de libre comercio con Estados Unidos; Paraguay, en tanto, tiene una de las embajadas norteamericanas más grandes de América Latina, así como una gran trayectoria de relacionamiento histórico con ese país como consecuencia del programa de la Alianza para el progreso de las décadas de 1960 y 1970.

(1) Las versiones sobre el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) y la reciente aparición de la Asociación Campesina Armada (ACA) como desprendimiento del EPP, son disímiles, controversiales y heterogéneas. No es intención del presente texto definir y hablar sobre esos grupos armados y utilizamos el término “supuesto” porque en la actualidad mucho de lo que se sabe de los grupos guerrilleros son discursos difundidos por las mismas voces “oficiales” (gobierno y medios hegemónicos) que los combaten. Lo concreto es que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) dista mucho de ser “el gran problema del Paraguay” tal como lo monta la propaganda. Los grandes problemas son la pobreza extendida, la concentración de la tierra, los daños que genera el agronegocio, el poder de las elites transnacionales, la represión que sufren los campesinos e indígenas en manos estatales y paraestatales, las migraciones internas y externas a causa de la expulsión del campesinado, el stronismo enquistado en los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y el autoritarismo difundido en los medios de comunicación.

(*) cronista de revista superficie.