Paraguay: 25 años de gua’u democracia

Paraguay: 25 años de gua’u democracia

Familiares de las víctimas de Marina Kue, ahora con orden de detención e imputación.
Familiares de las víctimas de Marina Kue, ahora con orden de detención e imputación.

El pasado 3 de febrero que cumplieron en Paraguay 25 años de “dice qué” democracia. Pero el asesinato de Nery Benítez, de Luz Bella, distrito de Guayaibí, simpatizante de la Federación Nacional Campesina (FNC), nos recordó que no hay motivos para celebrar. Con su muerte suman ya más de 130 campesinos y campesinas asesinados en etapa “democrática”.

Por Delia Ramírez (*)

Los asesinados son personas a las que se les ha arrebatado la existencia y con ello la posibilidad de luchar. El desprecio por esas muertes se expresa en una no investigación posterior. El cuadro se completa con los encarcelamientos, represiones, amenazas que por todos los frentes asecha al campesinado.

La represión, los asesinatos y el proceso de criminalización del campesinado tienen una función disciplinadora. La reciente imputación y orden de detención en contra de Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta, familiares de las víctimas campesinas de la masacre de Marina kue (Curuguaty), es un ejemplo de lo que acabamos de decir.

La excusa para la criminalización de estas personas, es que realizaron una siembra simbólica en esas tierras, que son del Estado y que corresponden por disposiciones oficiales a la reforma agraria. Esta información es la que el fiscal José Zarza, al igual que otros funcionarios judiciales, se niegan a reconocer. Por cierto, hace poco tiempo nos enteramos por los diarios de Paraguay que se plantaron enormes cantidades de soja en ese mismo lugar dónde ocurrió la masacre, pero ningún sojero fue imputado por ese hecho 1. Y es fácil interpretar esto. Sabias palabras las de Martina Paredes:“Es evidente que quieren descabezar la lucha” 2.

En Paraguay se persigue a los campesinos porque forman parte del único movimiento con capacidad de presionar al Estado en base a los reclamos de acceso a derechos humanos fundamentales. Estos reclamos se sostienen a través de sus acciones directas como las ocupaciones de predios públicos y privados o el cierre de rutas nacionales e internacionales.

En definitiva, decimos que la violencia se dirige principalmente a los campesinos e indígenas, no solo porque ellos no tienen cabida dentro del modelo del agronegocio sino porque poseen capacidad de agencia para la acción política. La violencia hacia ellos no busca solo el despojo sino destruir toda forma de organización y alternativa de vida.

Las metodologías represivas de destrucción de casas, escuelas, huertas comunitarias y sistemas de autogestión pueden leerse en un plano empírico de destrucción de la subsistencia, pero también en un plano semiótico y político de aniquilamiento de la organización comunitaria a través de la desmoralización. Los atropellos a la comunidad indígena de Iva Poty como a otros asentamientos campesinos, tienen una función de generar una acción ejemplar que discipline toda forma de resistencia de estos sectores. El caso de la masacre de Curuguaty y su posterior aberrante tratamiento, tienen este mismo sentido “aleccionador”.

El origen de los problemas: la “concentración escandalosa”.

La Comisión de Verdad y Justicia (2008) estima que se localizan unas 8 millones de hectáreas de tierra mal habida, que hasta el momento han sido inaccesibles para los campesinos y campesinas. El poder político de Paraguay tejió durante un tiempo extenso e intenso la conformación de un conglomerado de tierras malhabidas. Para convertirse en latifundistas, los stronistas despojaron de sus territorios a campesinos e indígenas de manera violenta. La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta.

Desde principios de siglo XX se observa un continuo corrimiento de la frontera agraria, pero el modelo de la agricultura globalizada acelera el proceso de concentración mientras destruye con llamativa rapidez la vida de los sectores marginados. El proceso de globalización de la agricultura se presenta de un modo muy similar en los diferentes países de América Latina, no obstante en el caso paraguayo se observa un mayor grado de profundización de la beligerancia vinculada a los conflictos territoriales por la desigualdad de los recursos.

Ya en la década de 1940, Carlos Pastore advertía algunos de los flagelos que marcarían al Paraguay durante el siglo XX y XXI: la explotación extractiva de la riqueza forestal, la debilidad de la legislación en materia de protección de bosques, la preeminencia de intereses extranjeros en el control de la industria y del territorio paraguayo. En sus propias palabras dice este autor “Cinco de las principales firmas extranjeras que operan en el Paraguay poseen el 20% de sus bosques y son las principales exportadoras de productos forestales” (Pastore, 2013: 496).

Es sorprendente la lucidez de Pastore cuando dice temprana, concreta y literalmente: “Es un sistema económico destructivo, de liquidación, en que la vida humana vale menos que el de las bestias y en que la ley no regula los actos de los gobernantes ni los derechos de los gobernados. La dilapidación de la riqueza forestal y el vaciamiento económico del país con las manifestaciones visibles de este sistema. Los capitalistas internacionales se llevan el jugo y la esencia de los frutos, dejando a los paraguayos la cáscara y el bazago” (Pastore, 2013: 500)

Blas Riquelme, terrateniente beneficiado por el stronismo y usurpador de las tierras de marina Kue, junto con Horacio Cartes, presidente del Paraguay y demás cuadros del partido Colorado: Lilian Samaniego (senadora y presidenta del partido colorado), Kalé Galaverna (senador, cuadro principal e ideologo del partido colorado).
Blas Riquelme, terrateniente beneficiado por el stronismo y usurpador de las tierras de marina Kue, junto con Horacio Cartes, presidente del Paraguay y demás cuadros del partido Colorado: Lilian Samaniego (senadora y presidenta del partido colorado), Kalé Galaverna (senador, cuadro principal e ideologo del partido colorado).

Otra cuestión interesante en la obra de este autor es la identificación en aquellos tiempos de la inserción de capitales financieros en la figura de bancos extranjeros (argentinos y brasileños). Esto resulta en los tiempos actuales un aspecto fundamental para la agricultura globalizada. El capital financiero, y sus mecanismos de especulación, definen condiciones que impactan en los territorios locales.

Como se puede observar, estudiando el comportamiento del capital y la agricultura a lo largo de la historia, lo novedoso en este modelo de “globalización de la agricultura”, o modelo del agribussines o del agronegocio, no es la concentración, sino los cambios en las tramas de las relaciones sociales, cambios productivos, tecnológicos e identitarios que terminan reconfigurando el mundo rural (Gras y Hernández, 2013).

Las transformaciones en la modalidad productiva no son solo cuantitativas, sino también cualitativas ya que generan otra lógica de concentración empresarial. Uno de los pilares de esta forma de “hacer negocios” radica, justamente, en la gran escala. En rigor, la vieja “cuestión agraria” de cómo hacer para “revertir el atraso” de “pequeños productores” y que éstos se incorporen al proceso capitalista, deja de ser un problema, pues estos productores de baja capitalización resultan un estorbo y por ello deben ser desplazados. En el caso argentino pasan a ser clasificados como “pobres rurales”; el caso paraguayo es más dramático aun porque se promueve directa o indirectamente su exterminio.

Mientras que en Argentina el conjunto de reformas políticas e institucionales neoliberales de los 90 fueron sustanciales para la incorporación de elementos centrales del modelo del agronegocio, en Paraguay no hubo necesidad alguna de reformar los marcos institucionales. El transgénico ingresó sin mayores restricciones y se llevó puesto a un presidente cuando así lo necesitó.

América Latina es la región de mayor extensión de cultivos transgénicos en el mundo. El Cono Sur ha devenido la principal plataforma mundial para la producción de soja. Esto no puede mirarse sin considerar el modo en que se sustenta la división internacional de las actividades económicas (Rojas Villagra, 2009; Gras y Hernández, 2013). Los “empresarios globalizados” (Gras y Hernández, 2013) son aquellos que organizan su producción independencia casi total con las relaciones sociales y económicas localizadas territorialmente. Para ellos el territorio es solo un recurso funcional a su acumulación. Esto contrasta fuertemente con lo que significa el territorio para los campesinos, que conectan la tierra con sus tradiciones, y ni que decir para los indígenas.

Una de las cuestiones más interesantes resulta el perfil del empresario latifundista en Paraguay, se trata de un tipo de empresario dependiente de los recursos del Estado y de las licitaciones que deberían ser públicas. Palau los denomina “empresaurios” o “pseudo empresarios” por su carácter corrupto, tradicionalista, no autónomo, no competitivo y dependiente de la competencia desleal. Este empresario propende al enriquecimiento por vías del contrabando, evasiones, desvíos de fondos públicos (Palau, 2005).

Este tipo de empresario que recurre al fraude y a la coerción física como estrategias económicas. Estos empresarios, muchos de ellos con tintes mafiosos, se encuentran nucleados en la Asociación de Productores de la Soja (APS), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPEO).

Estos “empresaurios” ven en las acciones de mensura de la tierra por parte del Estado una amenaza. Ese detalle en si mismo da cuenta de las necesidades y características de este actor que basa la generación de su renta en condiciones fraudulentas e irregulares que datan de la época del stronismo.

La fragilidad de campesinos e indígenas es aún mayor de la que se observa en otros grupos sociales marginados en los demás países asechados por la agricultura globalizada. A diferencia de otras poblaciones que confrontan con el agronegocio la capacidad económica de los campesinos paraguayos se encuentra totalmente erosionada quizás porque nunca contaron con una capitalización previa que les permitiría resistir o tomar otras alternativas por fuera de la migración forzosa o la simple desaparición.

Salvo en muy contadas excepciones, la acción judicial ha tendido a la hegemonía de la clase terrateniente y a producir, profundizar y perpetuar la marginalidad de los sectores campesinos e indígenas. Las eventuales barreras que dispone la ley, son sorteadas fácilmente con artilugios montados por los empresarios. En este sentido, la masacre de Curuguaty representa la antesala de una nueva etapa, en la que la violación de los DDHH se realiza bajo un marco de “legalidad” supuestamente democrática. A diferencia de lo que sucede en otros países, en Paraguay poseer el título de la tierra no resguarda a los campesinos e indígenas, pues la gran cantidad de documentos adulterados resulta conveniente para los terratenientes que gozan además de la protección del sistema judicial. En este sentido, el Instituto de Bienestar Rural y el Instituto Nacional de Desarrollo y Tierra tienen una historia de corrupción al favorecer directamente a los “empresaurios”.

Además, existen comprobados vínculos que unen al agronegocio con los medios de comunicación. Empresarios y medios realizan una fina tarea para consolidar el modelo agroexportador paraguayo (Segovia, 2009). Esa tarea se basa en una batalla simbólica que intenta degradar la imagen de los campesinos e indígenas como “haraganes”, “especuladores”, “terroristas” mientras se exalta al sojero y al ganadero como los “productores que hacen progresar al país” (Guggiari, Ramírez y Torrents, 2012).

Finalmente, cabe mencionar que existen no pocos estudios que hablan de la reducción, contracción, achicamiento del Estado con el neoliberalismo. También hay investigadores que advierten que el Estado hace “la vista gorda” a las violaciones que suceden en los territorios, un Estado ausente. El caso paraguayo, por el contrario, es un Estado muy presente en el proceso de expansión de los empresarios del agronegocio, en la territorialización ejercida por las corporaciones y en la destrucción del campesinado.

Más familiares de víctimas de Marina Kue.
Más familiares de víctimas de Marina Kue.

1Plantan soja en el lugar donde ocurrió la masacre de Curuguaty

2Pretenden descabezar la comisión de familiares de víctimas de Curuguaty

(*) La autora es Magister en Ciencias Sociales, Becaria Doctoral CONICET. Colaboración especial para revista superficie.

Bibliografía

Gras y Hernández, (2013), “El Agro como negocio. Producción, Sociedad y territorios en la globalización”, Buenos Aires. Editorial Biblos.

Guggiari, Ramírez y Torrents, (2012), “Narrativas autoritarias del “frente golpista” en el contexto de ruptura de la democracia en Paraguay a partir de un Golpe Parlamentario en junio de 2012”, Revista Paraguay desde las Ciencias Sociales, ISSN 2314–1638, Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP).

Pastore, Carlos (2013), “La Lucha por la tierra en Paraguay”, Asunción, Intercontinental Editora S.A.

Palau, Tomás (2005), “El Movimiento campesino en Paraguay: conflictos, planteamientos y desafíos. En: OSAL: Observatorio Social de América Latina. Año 6 no. 16 (jun.2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005.

Rojas Villagra, Luis (2009), “Actores del agronegocio en Paraguay”, Asunción, Base Is.

Segovia, Diego (2009), “Medios de Comunicación y agronegocio” en Actores del agronegocio en Paraguay, Asunción, Base Is.

El campesino asesinado denunciaba las injusticias que vivían las familias de Guayaibí, según FNC

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