Para la libertad

Para la libertad

Desde 1993, cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En los últimos diez años fueron asesinados 600 comunicadores y periodistas en diversas partes del mundo. En nuestra provincia, los aprietes judiciales y las amenazas contra periodistas comprometidos con causas sociales representan una constante amenaza a la libertad de prensa.

Por Mabel Oviedo (*)

A propósito de la conmemoración que se realiza hoy del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, Adolfo Pérez Esquivel remitió a la “Unión Sudamericana de Corresponsales” (UNAC) una extensa carta en la que destaca la histórica lucha latinoamericana por este derecho. En el texto, recuerda al periodista brasileño Vladimiro Herzog y a Rodolfo Walsh, ambos víctimas de las dictaduras militares. Incluye también al centenar de periodistas hondureños asesinados recientemente.

“Por ellos, al igual que los más de 600 periodistas y comunicadores asesinados en los últimos diez años, es justo y necesario también hacer memoria para iluminar el presente y trabajar intensamente para que la libertad de prensa sea un pilar en la consolidación de la democracia, aún débil en nuestro continente y que debemos fortalecer” argumenta nuestro premio nobel y abanderado de numerosas luchas sociales.

El “Día Mundial de la Libertad de Prensa” fue fijado por la ONU en 1993, tomando como referencia la “Declaración de Windhoek”, realizada como resultado de un seminario para la promoción de la prensa africana independiente que tuvo lugar en Namibia del 29 de abril al 3 de mayo de 1991. La declaración refiere tanto a la independencia de los poderes públicos como a la supresión de los monopolios, instando a la pluralidad de publicaciones “que reflejen la más amplia gama de opiniones dentro de la comunidad”.

Libertad que muchas veces quienes ejercen el poder pretenden acallar. Pasa en el mundo, pasa en el país y, también pasa en nuestra provincia, cuando periodistas que bregan por el libre ejercicio de su profesión sin aceptar prebendas ni condicionamientos de los poderes gubernamentales y/o económicos de turno son víctimas de algún tipo de violencia y/o criminalización. Entre los casos denunciados públicamente señalamos los de Silvio Novelino, Daniel Ortigoza, Martín Sereno y, recientemente también, Sergio Alvez, Graciela González y Ulises Franco Darío Fernández.

En este día, tampoco queremos dejar de resaltar que para la plena existencia del derecho implicado y reconocido constitucionalmente, para que la libertad de expresión sea más amplia y posible, también es necesario el acceso a la información pública, muchas veces denegada en violación de nuestra Carta Magna, de pactos y tratados internacionales y aún resistiendo sentencias judiciales.

Por eso, consideramos un gran paso el dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia que ordena la entrega de información sobre los planes sociales que fuera denegada por el ministerio requerido, al reforzar también la “imperiosa necesidad de contar con una ley nacional” precisando que “resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho”, en referencia directa a la una ley sobre acceso a la información pública.

Creemos que ahora sí nos encaminamos hacia la sanción de una ley nacional, ya que el pasado 30 de abril, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó la etapa de debate de un nuevo proyecto de ley, presentado ahora por la diputada Diana Conti (FPV). La organización Poder Ciudadano informa en su página y en las redes sociales que participó en el debate y da a conocer que si bien la diputada y presidente de la Comisión, Diana Conti “había presentado un proyecto propio que en primera instancia iba a ser el único tratado, se decidió abrir la discusión e incorporar todos los proyectos de acceso a la información pública presentados al día de hoy, para obtener un dictamen consensuado”. Poder Ciudadano informa también sobre la decisión de incorporar a diversos organismos del Estado al debate, entre ellos, la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Además, por el trabajo realizado en la temática por la Relatoría por la Libertad de Expresión (OEA), trabajo que permitió la elaboración del articulado de la “Ley Modelo de Acceso a la Información Pública” el diputado Manuel Garrido propuso invitar también a representantes de la OEA.

Con estas propuestas, la Comisión habría girado el tema a sus asesores y próximamente se cursarían las invitaciones a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática.

(*) Editora sección Acceso a la Información Pública en revista superficie. Coordinadora del Observatorio de Acceso a la Información Pública en Misiones.