Mujer: derechos y datos públicos

Mujer: derechos y datos públicos

superficie presentó esta semana cuatro solicitudes de información dirigidas al Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia. Están referidas a datos sobre el aborto en Misiones y son las primeras de la serie de próximos pedidos que compartiremos en esta sección que hoy inauguramos.

Por Mabel Oviedo (*)

El derecho de acceso a la Información Pública conforma el andamiaje jurídico misionero bajo la Ley IV Nº 58 sancionada en junio de 2012 y reglamentada por el Decreto Nº 846 del mismo año. Si bien es una ley perfectible, ha cambiado el umbral de la información pública en nuestra provincia —en general celosamente custodiada en los archivos del poder— posibilitando que l@s ciudadan@s hagamos ejercicio de este derecho.

Además del ejercicio ciudadano, reivindicamos también la utilidad de la herramienta que posibilita el acceso a la información para el ejercicio del periodismo, ya que implica colaborar en el proceso de hacer pública la res–pública, la cosa pública. Este es nuestro aporte en la formación de opinión de una ciudadanía calificada para sostener el proceso deliberativo de la democracia. Una cuestión que excede la mecánica del voto periódico.

Quienes integramos superficie, consideramos que necesitamos sumar–nos, ser ciudadanos exigentes de nuestros derechos para hacer efectivas las promesas electorales, para imponer la agenda ciudadana y para emponderarnos ante el clientelismo que orada lo político.

Por ello, estamos inaugurando esta sección, donde haremos público el uso de la herramienta para obtener información pública. En esta primera entrega, información ligada a derechos por los que muchas luchadoras sociales han perdido su libertad y/o su vida. Como ejemplo, basta remitirnos a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, pero también a la reciente represión en Garupá, donde varias mujeres pusieron el cuerpo y fueron víctimas de la violencia institucional que por medio de sus poderes ejerce el estado, ignorando el derecho ¡humano! a protestar, criminalizando la protesta.

No nos callemos más, no podemos limitarnos a enaltecer los derechos humanos violentados en la dictadura, porque si se nos vuelve tolerable la violencia presente, la ocurrida durante la dictadura se podrá vaciar de contenido y sólo los sacaremos a relucir en los actos por el Día de la Memoria y por lo tanto será muy difícil hacer perdurable esta memoria en las generaciones por–venir.

El Estado Argentino, a través de todos los gobiernos democráticos también ha ejercido –y lo sigue haciendo— violencia simbólica al imposibilitar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos en decisiones vitales que a su vez se inscriben en históricas luchas. Uno de esos derechos es el acceso a un aborto seguro.

Por eso, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, reforzamos esta herramienta con cuatro solicitudes de información dirigidas al Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia. Estas solicitudes están referidas a datos sobre el aborto y son las primeras de la serie de próximos pedidos que compartiremos en esta columna que hoy inauguramos.

¿Por qué elegimos el aborto? Porque más allá de la controversia que genera entre defensores y detractores, queremos conocer la cantidad de mujeres atendidas en los servicios públicos de nuestra provincia por complicaciones de abortos inducidos, como así también la cantidad de muertes que ocasiona esta práctica. Porque Misiones seguramente no es la excepción a las alarmantes cifras mundiales que visibilizan la cantidad de muertes que se podrían haber evitado. La ONU estima entre 300.000 y 500.000 la cantidad de muertes anuales de mujeres por complicaciones de abortos realizados en condiciones inseguras.

Pedimos conocer también los datos relativos al aborto no punible ¿cuántos se realizaron? ¿cuántos se judicializaron? ¿cuántos profesionales se ampararon en la objeción de conciencia?

¿Cuándo el aborto es no punible?

El aborto está tipificado como delito en nuestro régimen jurídico, con las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal que establece que el aborto no es punible, cuando “es practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta” en las circunstancias que describe en sus dos incisos: “Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (inciso 1º) o “Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”1 (Inciso 2).

Diana Maffía2, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que en nuestro país este amparo legal es cercenado por diversas conductas que empujan a las mujeres —que por ley están en condiciones legales de interrumpir su embarazo— a realizar esta práctica en condiciones de clandestinidad e inseguridad. Entre esas conductas, cita “el arraigado hábito de los médicos de remitir a la justicia las solicitudes de aborto, o requerir autorización judicial para realizarlos”. Maffía, considera que los médicos que obstaculizan del ejercicio de derechos de las mujeres deben ser condenados por “mala praxis” profesional e incluso por abandono de persona “en el caso de que de la denegación de la solicitud deriven daños para la paciente”.

A su vez, ante la cantidad de casos de abortos no punibles que llegaban a los estrados judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación3 determinó el alcance del derecho establecido en el artículo 86 del Código Penal. Calificó a la judicialización como una práctica innecesaria e ilegal, ya que obliga a la mujer a exponer públicamente su vida privada y porque además, como consecuencia de la demora que ocasiona, se pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la usuaria como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo de forma segura (CSJN, F.,A.L considerando 19). En su interpretación, la Corte dejó en claro que para acceder a un aborto amparado por el art. 86.2CP sólo es necesaria una declaración jurada en la que la mujer o su representante, manifiesten ante el profesional tratante que el ilícito es la causa del embarazo. (CSJN, F.,A.L., considerando 27). La Corte exhortó también a la implementación de protocolos hospitalarios. Averiguaremos próximamente sobre la operatividad del protocolo en nuestra provincia.

Porque saber más es nuestro derecho, nos ponemos en acción y peticionamos. Esperamos que ustedes también se sumen iniciando sus propias solicitudes y/o sugiriendo temáticas a abordar desde superficie.

(*) Editora Acceso a la Información Pública.

Notas:

1En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto” se aclara al final del inciso 2º.

2Maffía, Diana. “Aborto no punible: ¿Qué dice la ley Argentina?” en Susana Checa (comp.) Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad. Buenos Aires, Paidos, 2006.ISBN 950–12–4537–3 consultado en Aborto
no punible: ¿qué dice la ley?

3F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. Consultado en http://www.csjn.gov.ar/om/img/f259.pdf