Misiones: se profundiza el modelo represivo y de violación de Derechos Humanos

Dos personas muertas, golpizas varias (incluso contra un epiléptico), represión a trabajadores, aprietes a un intendente y complicidad con multinacionales y terratenientes, configuran el prontuario de la Policía de Misiones en lo que va de 2015. Estos casos se suman a la veintena de muertes en comisarías y más de medio centenar de denuncias por apremios ilegales que acumula la fuerza del ministro Jorge Franco desde 2010. Sigue desaparecido Mario Golemba, visto por última vez en la comisaría de Dos de Mayo. De cara a un nuevo Día de la Memoria, nada que celebrar en materia de Derechos Humanos en la provincia.

Por redacción superficie

Desde 2010, revista superficie viene llevando adelante un registro de los casos de violencia institucional y violación de Derechos Humanos cristalizadas en la provincia de Misiones. Este recuento permite visibilizar claramente un comportamiento sistematizado por parte de la Policía de Misiones –cuyo máximo responsable político es el ministro de Gobierno Jorge Franco- en cuanto a prácticas de brutalidad policial que redundan en feroces golpizas, asesinatos e incluso en la desaparición física de personas. Tal es el caso de Mario Fabián Golemba, desaparecido desde el 27 de marzo de 2008 tras ser visto por dos testigos en la comisaría de Dos de Mayo.

Franco y policías

Sólo en lo que va de 2015, la fuerza policial fue acusada de dos asesinatos –uno en Posadas y otro en Guaraní- , varios casos de apremios ilegales, y una nueva faceta: el apriete a un intendente para que no se sume a los reclamos de Justicia ante un caso de presunto asesinato policial.

“A Esteban lo mataron”

Esteban Benitez tenía 21 años y vivía en el barrio San Isidro. El sábado 7 de marzo de 2015, fue “encontrado muerto” en una celda de la comisaría 11º de la ciudad de Posadas, dependencia que acumula frecuentes denuncias por maltratos policiales hacia jóvenes de los barrios cercanos a esa comisaría. Esteban estaba detenido –aunque su nombre no figura en el registro de detenidos de la comisaría- por presunto robo, y según el parte policial “se habría quitado la vida, ahorcándose con una prenda de vestir”.

Policia San Isidro

Familiares del joven aseguraron que Benitez fue asesinado a golpes en la comisaría, que había recibido amenazas previas y que la versión de suicidio es totalmente inverosímil. Como “medida preventiva”, el Jefe de la Policía dispuso el traslado de los integrantes de la guardia a otra unidad regional, a la espera de “avances en las investigaciones u otras decisiones judiciales”.

Muerte y aprietes al intendente en Guaraní

Situada a pocos kilómetros de Oberá, la pequeña localidad de Guaraní se vio sacudida a principios de marzo ante la noticia de la muerte de Antonio Lloret, quien según demuestran las primeras investigaciones, fue asesinado a golpes por policías de la comisaría de Guaraní. Por el caso fueron relevados de sus cargos dos jefes de la seccional y otras seis personas.

El hermano de la víctima relató que “lo vi por última vez el viernes 27 de febrero. Me informaron que le había caído un árbol encima pero cuando yo lo vi me contó que le patearon con el borcego, yo vi los golpes que tenía en todo el cuerpo. Estuvo en la casa de otro hermano y después lo llevamos al hospital donde le dijeron que no había cama, volvimos y ahí murió”.

Según la denuncia de la familia, Lloret fue interceptado por un grupo de policías mientras aguardaba un colectivo, trasladado a un lugar que se intenta determinar con exactitud, y gravemente herido por una golpiza que incluyó patadas en todo el cuerpo, hasta quebrarle una pierna y romperle los dientes. Unos días después, murió en el hospital. Tenía 25 años de edad.

Días después que el caso tomara trascendencia mediática, el intendente de esa localidad, Daniel García, denunció aprietes por parte de la policía local, para que no se sumase a los reclamos de Justicia.

Golpiza a un epiléptico y asedio a un fotoperiodista

El lunes 2 de febrero de 2015, familiares de Diego B, de 37 años, denunciaron que el muchacho fue detenido en la zona céntrica cuando caminaba por la plazoleta ubicada frente al casino, y tras un intercambio verbal, fue brutalmente golpeado por efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Seccional Primera de Oberá. “Él estaba caminando por ahí y la Policía le habrá maltratado de palabra. Como sufre de epilepsia se pone nervioso, pero eso no les da derecho a pegarle de la manera que le pegaron. Le patearon mucho en la cabeza” refirió un familiar al diario El Territorio. Por estas golpizas, la víctima debió ser internada por politraumatismos.

También el periodismo sufrió el asedio policial, ya que el reportero gráfico Marcos Otaño fue detenido por sacar fotos de automóviles pertenecientes a altos mandos policiales que estaban estacionados en forma irregular.

Al servicio de Alto Paraná y otros terratenientes del norte

En el norte provincial, campesinos vienen denunciando el accionar represivo e intimidante de la policía al servicio de la empresa multinacional Alto Paraná S.A y terratenientes de la zona, siempre con la finalidad de expulsar a pequeños productores de las tierras donde viven y trabajan, por fuera de instancias judiciales. Martín Sereno, periodista de la FM San Martín (San Antonio) y corresponsal del diario Primera Edición, confió a revista superficie que “el accionar de la policía contra los productores y ocupantes que viven de la agricultura a escala familiar en el norte es brutal; llegan a las chacras sin permiso, con armas, acompañados de fuerzas parapoliciales o “ñandúes” en el caso de Alto Paraná. Trabajan para esos sectores interesados en seguir acaparando más y más tierras para sus negocios”.

Más represión

En los primeros días del mes de marzo, en pleno marco de discusiones salariales entre el gobierno provincial y gremios docentes, educadores del Movimiento Pedagógico de Liberación llevaron a cabo una serie de movilizaciones en la ciudad de Montecarlo. Alicia Rivas Zelaya, periodista y secretaria de Prensa y Comunicación de la CTA Misiones, relató en relación a la represión sufrida por docentes el pasado 7 de marzo: “Hubo gases lacrimógenos, prohibidos por ley para la intervención en protestas sociales, además de un accionar de la policía que puso en extremo riesgo a los manifestantes, permitió que un colectivo de larga distancia atravesara un piquete de docentes chocando al auto de una maestra, situación que terminó con golpes, empujones y 2 docentes heridas, las cuales debieron ser atendidas en emergencia”.

Ante estos episodios, la CTA emitió un comunicado en el que expresa:

“Basta de reprimir la protesta de los trabajadores. Basta de criminalizar y judicializar nuestros reclamos. Esta política represiva no nos va a sacar de las calles ni de las rutas. No vamos a renunciar a nuestras herramientas de lucha, las que construimos entre todos, las que nos permitieron conquistar derechos y nos permiten ejercerlos. No vamos a renunciar al derecho a la protesta, nuestro primer derecho, el que nos garantiza los demás derechos. Basta a la militarización de nuestros territorios. Exigimos se retiren de nuestras protestas los miles de efectivos de la policía de la provincia, de una policía que está manchada con sangre de ciudadanos asesinados, en plena democracia, por integrantes de esta fuerza. Todos crímenes impunes… No nos olvidamos de Golemba desparecido por esta Policía, ni de las decenas de muertos en las comisarías tras ser brutalmente torturados; sólo esta semana sumamos dos: Antonio Lloret y Esteban Benítez”.

A estos dos nombres hay que agregar otro supuesto “suicidado” en una comisaría (Misiones tiene un triste récord a este respecto), identificado en los medios como Rogelio B., de 27 años, que apareció el sábado en una celda de la comisaría de Bernardo de Irigoyen ahorcado con un pedazo de manta. Estaba detenido desde el día anterior e intervino Asuntos Internos para determinar posibles responsabilidades “administrativas”.

Otra vez apremios ilegales en la UP 17

En materia penitenciaria, este año vuelven a aparecer denuncias por apremios ilegales contra detenidos de la Colonia Penal U17 de Candelaria. El 27 de febrero de 2015, la Delegación Misiones de la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó una denuncia penal por malos tratos ante el fiscal de turno. Se detalla allí que son 18 los internos alojados en la Colonia Penal U17 de Candelaria que fueron víctimas de golpes y vejaciones en una requisa violenta el pasado 18 de enero. Ante esta situación y otras irregularidades en esa colonia penal, la diputada provincial Myriam Duarte intervino en el caso, pero las autoridades de la Penitenciaría le negaron el acceso a la dependencia carcelaria.

Informe represivo 2010-2014

Para acceder al informe de los casos de muertes, torturas y demás situaciones represivas en Misiones, hacer click aquí: http://revistasuperficie.com.ar/la-peor-inseguridad.html

Crédito de las fotos: Adalberto Pighin y medios digitales locales.