En el municipio del sur misionero, la corporación Entidad Binacional Yacyretá (EBY) tiene vía libre del Estado - municipal y provincial -desde hace décadas para atropellar, estafar, desalojar y hambrear a las poblaciones afectadas por la represa. Un proceso abierto, que genera resistencias silenciadas y entrama complicidades evidentes.    

                                                                                                                 Por Sergio Alvez (*)

¿Por qué está prohibida la tenencia de marihuana? ¿Qué propiedades posee la marihuana? ¿Es una droga o una planta? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo se beneficia el narcotráfico y otros negocios con la prohibición? ¿Por qué es necesario despenalizarla?
Estas y otras yerbas, en el siguiente informe especial, de cara al encuentro que el 5 de mayo se realizará en Oberá, en coincidencia con actividades en todo el país, planteando la necesidad de la despenalización y el respeto por las libertades individuales.

En Octubre del 2011 la Multinacional Arauco que controla la empresa Alto Paraná S.A. en el norte de la provincia de Misiones fue declarada culpable de Ecocidio y Genocidio. La sentencia, dictada en el marco del Juicio Ético a las trasnacionales, condenó entre otras prácticas la “Profundización de la precarización y flexibilización laboral, con el aumento del trabajo temporario, la tercerización del empleo, la violación de los derechos laborales, la baja calificación laboral e, incluso, el trabajo esclavo”.

También se la responsabilizó de la concentración y extranjerización de tierras que expulsa a miles de pequeños y medianos productores de la zona, condiciona la subsistencia de municipios; la contaminación de suelo, agua y tierra. Se denunció la connivencia de los gobiernos municipal, provincial y nacional en la adecuación de los marcos jurídicos e institucionales para que puedan funcionar sin ser molestadas entre otras  violaciones  a los derechos humanos.

Investigación y entrevistas: Sergio Alvez (*)
Fotografía: Apipé Grande con la represa Yacyretá de fondo. (S.A)

En 1981, para acelerar el proceso de construcción de la mega represa hidroeléctrica Yacyretá, el gobierno de facto encabezado por el etílico general Galtieri, entregó al vecino país Paraguay, la soberanía de las aguas del río Paraná que rodean a las islas argentinas Apipé Grande y Apipé Chica.

Nunca más un gobierno nacional se preocupó por reclamar la soberanía perdida de esas aguas, y desde entonces los isleños padecen un sinfín de situaciones adversas, porque cuando ponen un pie en la orilla de sus islas, están en otro país.

En esta primera entrega de la presente investigación periodística, empezamos a desglosar un documento oficial de la Entidad Binacional Yacyretá clave  para comprender la compleja trama que derivó en la mega estafa  a miles de afectados de la represea hidroeléctrica Yacyretá en Misiones.

Se trata del Plan de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación" que data de 1992. Sus casi 150 páginas, exhiben en detalle todo lo que la EBY debió hacer para evitar el caótico proceso que acabó configurando barrios enteros que hoy son focos de problemáticas sociales, hacinamiento y marginalidad en Posadas.El proceso de relocalizaciones  empezó en plena dictadura militar, en 1979 y aún continúa. Pese al evidente abuso, falta de compensaciones justas y perjuicio que han sufrido los afectados, nunca el Poder Judicial investigó la totalidad del fraudulento proceso. 

Mientras el gobierno nacional plantea estrategias concretas contra el trabajo esclavo y la precarización laboral, el de Misiones – en las antípodas - negrea, mantiene trabajadores con contratos basura y terceriza negociando con empresas que someten a sus empleados a pésimas condiciones. Los casos en el ámbito de la Salud Pública. Lo que nadie controla. 

 

 

Informe especial / Por Superficie

FOTO: Sergio Ramírez, brutalmente torturado por policías.

Hartos de los atropellos del monopolio Alto Paraná S.A, distintos sectores realizaron una importante movilización en contra de la empresa chilena que posee más del 80% de la extensión total de Puerto Libertad. Superficie estuvo allí, acopiando testimonios que relatan los desmadres sociales, sanitarios, ambientales y laborales provocados por la voraz corporación extranjera. Como nunca en muchos años, el pueblo despierta y empieza a ponerse de pie para revertir una explotación feudal que lleva más de diez años castigando a los misioneros con la complicidad de la clase política.

El cierre del Aserradero Bossetti, fue el disparador el pasado 20 de octubre, de una gran movilización de obreros, sindicalistas, vecinos,  organizaciones sociales e incluso funcionarios políticos del norte provincial, contra el monopolio Alto Paraná. SA.

 

  

Por Sebastián Korol (*)

Desempleo, precarización laboral, explotación, pauperización educativa, abandono sanitario, hambre. Las causas enumeradas obligaron a trabajadores (ocupados y desocupados), peones rurales, estudiantes, afectados por represas, padres y vecinos autoconvocados de diferentes puntos de la provincia de Misiones a tomar las calles, rutas, edificios públicos y plazas en reclamo de soluciones al gobierno del Frente Renovador. Las respuestas obtenidas: represión,  persecución política, criminalización, judicialización.
La política de la mano dura se impuso como oficial en el Estado del “Crecer más, crecer en paz”. Prueba de ello es que en los últimos tres años se abrieron más de cuarenta procesos judiciales contra luchadores populares, de los cuales varios ya se encuentran en avanzada instancia, próximos a dictamen de sentencia.

 Por Superficie

Mientras se fomenta la campaña para votar a Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas del Mundo, el gobierno provincial sigue sin blanquear que la Provincia de Misiones recibe apenas un 7% de los ingresos que genera el Parque Nacional Iguazú, y que el resto de los millones se los lleva la concesionaria Iguazú Argentina S.A, integrada por el empresario mimado del gobierno, Carlos Enriquez y la familia del gobernador Maurice Closs.

Un negocio fenomenal que no le deja nada a la provincia, y que se forja a costas de explotar un recurso natural que debería ser de todos los misioneros. La urgente necesidad de replantear la distribución de la riqueza que genera Cataratas sigue fuera de toda agenda política.

 

  Informe central / Superficie

El Archivo Nacional de la Memoria confirmó que el actual subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual de Misiones, Julio César Marturet, fue personal civil de Inteligencia en la última dictadura militar.

Su cargo fue el de Agente de Reunión, cuya función consistía en infiltrarse en distintos grupos para luego delatar nombres a los jefes de área del terrorismo de Estado. Pedirán su inmediata destitución.

 

 

Informe Central Superficie