En esta primera entrega de la presente investigación periodística, empezamos a desglosar un documento oficial de la Entidad Binacional Yacyretá clave  para comprender la compleja trama que derivó en la mega estafa  a miles de afectados de la represea hidroeléctrica Yacyretá en Misiones.

Se trata del Plan de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación" que data de 1992. Sus casi 150 páginas, exhiben en detalle todo lo que la EBY debió hacer para evitar el caótico proceso que acabó configurando barrios enteros que hoy son focos de problemáticas sociales, hacinamiento y marginalidad en Posadas.El proceso de relocalizaciones  empezó en plena dictadura militar, en 1979 y aún continúa. Pese al evidente abuso, falta de compensaciones justas y perjuicio que han sufrido los afectados, nunca el Poder Judicial investigó la totalidad del fraudulento proceso. 

PLAN DE ACCION PARA EL REASENTAMIENTO Y REHABILITACIÓN

"El objeto de este documento es presentar el PLAN DE ACCION PARA EL REASENTAMIENTO y REHABILITACION (PARR) de la población que será desplazada como consecuencia de la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, según el programa oficial de llenado progresivo del embalse aprobado por Notas Reversales entre los Gobiernos de los dos países, a partir de cota 16m (septiembre 1994), cota 18m (diciembre 1995) y cota 83m (junio 1998)".

El Programa de Relocalizaciones Urbanas y Rurales fue iniciado en 1979 (urbanas) y 1980 (rurales), estableciéndose las correspondientes unidades de planificación y ejecución. El Programa se establece a partir de una política que se propone mitigar y compensar los efectos negativos que el Proyecto ocasione" consigna la introducción del documento, que años después sería modificado (y ocultado), motivo por el cual hoy el PARR no es considerado dentro de la EBY como un plan vigente, pese a que como se verá más adelante, poco y nada de lo planificado se cumplió.

Incumplimientos de ayer y hoy

Este programa tenía como objetivos básicos: "lograr un reasentamiento funcionalmente eficientemente de la población b) Minimizar los impactos potencialmente negativos de la relocalización. c) Promover condiciones que posibiliten un desarrollo independiente de los nuevos asentamientos, como así también la integración armónica a sus respectivos entornos.

Constaba de diez subprogramas como los de "Preparación para el traslado"; "Capacitación laboral y recursos humanos"; "Comunicación para la Relocalización" entre otros, que jamás se cumplieron.

"A la mayoría de los relocalizados nos sacaron a la fuerza, con amenazas, quema de ranchos, con la policía o Gendarmería viniendo de noche y madrugada por tu casa; nos cargaron en camiones con nuestras cosas, y nos llevaron a 20 kilómetros a un barrio sin nada, donde no pasan los colectivos, no había salita de salud ni un kiosco, una muerte y una tristeza. Miles de familias se destruyeron, la gente no tenía trabajo, y varios se suicidaron. Sólo basta recorrer hoy mismo los barrios de relocalizados de Posadas para darse cuenta lo que significó el desastre social que ocasionó Yacyretá a miles de vecinos" aporta Ramón Gonzalez, relocalizado en la década del noventa junto a su familia al barrio Fátima. 

Estafa legal

En un segmento del documento se explica el mecanismo legal que permitió a la EBY manipular legalmente y excluir de los supuestos beneficios para los relocalizados al 92% de la población afectada: los que no tenían títulos de propiedad, situación que viene al caso decirlo, padecen hoy muchos de los habitantes que viven en zonas de afectación de la promovida represa de Garabí.
"El carácter legalista de los procedimientos oficialmente acordados y aplicado por la EBY" se titula el apartado, y dice así:

"Los criterios de tipo legal, se han superpuesto a los de desarrollo social, y en algunos casos, los han reemplazado. Concretamente, la distinción entre propietarios y no propietarios, entre inquilinos arrendatarios e invasores, etc, como el factor básico y determinante de la solución de reasentamiento, además de acarrear complicaciones jurídicas, alargamiento de procesos, dificultades y estratificaciones sociales adicionales, ha impedido aplicar un sano y correcto principio social, de asistencia y protección a la población más marginal y desvalida, que precisamente suele estar entre los grupos de "ocupantes", "invasores", inquilinos, etc. En el sector urbano de la margen Argentina, el 92.6% de la población afectada no es propietaria del lote y vivienda que habitan. La política de reasentamiento contemplará esta situacion, ya que los propietarios legales de predios y vivienda, constituyen una minoría. Los procedimientos aplicados para el Lós procedimientos aplicados para el área rural parten de considerar la tierra como unidad productiva que genera excedentes económicos y que por lo tanto debe ser pagada por las familias relocalizadas".

"Este criterio, aún cuando tiene un claro fundamento legal, no se corresponde con la realidad socioeconómica y cultural de la gran mayoría de familias rurales, que como se verá en capítulos posteriores de este documento, dependen de la tierra y de la explotación de recursos naturales más como única alternativa de subsistencia, que como empresa productiva, generadora de excedentes o ganancias que les permita a los jefes de hogar asumir deudas patrimoniales como consecuencia del desplazamiento forzoso que ellos no planearon ni decidieron" reza el documento de la EBY.

"Por su parte el grupo de no propietarios, generalmente ocupantes precarios, con poca o ninguna capacidad de pago, reciben una vivienda con un boleto de compraventa (compromiso de adquisición del bien que paga) en margen argentina y adquieren una deuda equivalente al 35% del costo de la solución, la cual, dependiendo del tamaño de la vivienda puede oscilar entre US$ 4.000 a US$ 5.000 -14 tomando en cuenta el valor de las viviendas ya construidas y en construcción" agrega, explicando cómo se discriminó alevosamente a los afectados de bajos recursos económicos (la enorme mayoría de los pobladores ribereños desalojados), obligándolos a aceptar convenios irrisorios en comparación del perjuicio ocasionado.

María Florentino, hoy viuda, fue desalojada y relocalizada desde su casa cercana a lo que hoy es la Bahía El Brete, hacia Nueva Esperanza. "Yo siempre digo que Yacyretá le terminó matando a mi marido. El murió dos años después que vinimos. Demasiada mala sangre le hicieron dar. Vivíamos cerca del río desde hacía treinta años, pero nunca tuvimos título, como casi todos. Muy poquitos tenían algún papel. Nos mandaron a esta casita, mi marido no pudo seguir trabajando porque el era pescador, y se fue muriendo de impotencia y tristeza", cuenta María.  

El optimismo desarrollista

Otro apartado del documento de la EBY tiende a la aurocrítica optimista y aporta un consejo a nivel de la comunicación publicitaria y mediática de la institución, que claramente nunca nadie se encargó de poner en práctica.  "En un principio, el proyecto Yacyretá fue presentado ante la comunidad local, en campañas que lo mostraban como el "portador de desarrollo y bienestar para todos", lo cual generó expectativas imposibles de cumplir, con el consiguiente deterioro de imagen y credibilidad en la EBY. El efecto es más negativo, dado que no se explicaron al mismo tiempo los impactos inevitablemente negativos de este tipo de emprendimientos, como es el caso de los efectos ambientales que recientemente comienzan a perfilarse. Se evitará en los mensajes futuros dirigidos a la comunidad, este tipo de propaganda institucional estatal, que lejos de causar el efecto esperado de aprobación y sanción social, crea desconfianza y oculta el carácter integral de estos emprendimientos".

La profundización de la estafa

Si de por sí el programa de la EBY contempló desde un principio manipular a piacere al afectado, en la década del noventa se profundiza la estafa a partir de un recorte en el presupuesto destinado a la construcción de viviendas e infraestructura de los relocalizados, lo que determinó la estrepitosa caída en la calidad de estas obras. Dice el documento, en un apartado que lleva por título "Los costos económicos de las soluciones".

"Se readecuaron los proyectos para disminuir el costo económico de las soluciones hasta ahora entregadas a las familias reasentadas.

Las dimensiones físico-espaciales tanto de los conjuntos habitacionales como de algunas tipologías de vivienda y equipamiento comunitario, han implicados sobrecostos innecesarios, que pueden reducirse. Bajo una postura filosófica simple, pero socialmente práctica, y bajo condiciones de recursos económicos escasos y costosos, se reducirán las especificaciones y costos de las soluciones".