(Posadas, 19/12/2011). El juez de Instrucción Nº 7 José Alberto López, que intervino ante los recientes casos de violencia en el barrio de relocalizados conocido como A-4, culpó a "los planes sociales" por el comportamiento de un grupo de jóvenes que participó de una serie de hechos violentos y enfrentamientos con la policía. "Son hijos de los planes sociales" acusó el juez, que por miopía y quizás por intereses adquiridos, no observa que el grado de violencia en los barrios de relocalizados - y estafados - por la Entidad Binacional Yacyretá se relaciona directamente con los impactos sociales propios de ese traumático proceso de relocalización, que dejó a miles de desocupados, desarraigados, y a una generación que creció viendo injusticias y respirando bronca y pobreza gracias a Yacyretá.

En esta primera entrega de la presente investigación periodística, empezamos a desglosar un documento oficial de la Entidad Binacional Yacyretá clave  para comprender la compleja trama que derivó en la mega estafa  a miles de afectados de la represea hidroeléctrica Yacyretá en Misiones.

Se trata del Plan de Acción para el Reasentamiento y Rehabilitación" que data de 1992. Sus casi 150 páginas, exhiben en detalle todo lo que la EBY debió hacer para evitar el caótico proceso que acabó configurando barrios enteros que hoy son focos de problemáticas sociales, hacinamiento y marginalidad en Posadas.El proceso de relocalizaciones  empezó en plena dictadura militar, en 1979 y aún continúa. Pese al evidente abuso, falta de compensaciones justas y perjuicio que han sufrido los afectados, nunca el Poder Judicial investigó la totalidad del fraudulento proceso.