Hecha la ley, hecho el observatorio

Hecha la ley, hecho el observatorio

Con una jornada de concientización y capacitación, el Observatorio de Acceso a la Información Pública en Misiones comenzará a instalar la temática en la agenda mediática y ciudadana. Este espacio colectivo también pretende realizar un monitoreo del cumplimiento de la ley que sancionó el derecho hace casi dos años y que ya evidencia ciertas “triquiñuelas” en los plazos por parte de los mismos gobernantes que debieran velar por cumplimiento. Fue elegida como coordinadora del Observatorio, la editora de la sección AIP de revista superficie (*).

El pasado 21 de abril, se llevó a cabo el desayuno de trabajo “Ley de Acceso a la Información Pública en Misiones” que organizamos desde nuestra revista superficie. A la reunión fueron invitados especialmente ciudadanos, actores sociales y políticos que habían hecho uso del derecho como titularles y/o asesores.

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Tal como lo expresa el comunicado dado a conocer oportunamente, durante la reunión compartimos diferentes casos de solicitudes de acceso a la información pública que han sido presentados en el marco de la Ley AIP IV Nº58 y su decreto reglamentario Nº 846/2012.

Esta puesta en común nos permitió tener un diagnóstico general que daría cuenta de un dispar nivel de cumplimiento. En pocos casos se habrían cumplido los plazos, obteniendo además la información solicitada en su totalidad. En tanto, serían varios los casos de solicitudes que no obtuvieron respuestas dentro de los plazos que fija la mencionada ley, mientras que otros requerimientos fueron directamente ignorados.

A su vez, hubo plena coincidencia sobre la cuestión de los 10 días hábiles de plazo que tiene que cumplir el organismo requerido para contestar según la Ley AIP, plazo que se desvirtuaría porque el Decreto 846/12 que reglamenta su ejercicio no emplaza a la Subsecretaría a la remisión al organismo pertinente. Entonces, ¿cuánto tiempo se toma la Subsecretaría para realizar los envíos? ¿cuánto tiempo más para entregar la información una vez que los organismos contestan? Estas son las inquietudes que esperamos conocer próximamente.

Por eso, como una muestra muy emblemática de estos incumplimientos legales, queremos informar sobre la evolución de nuestros pedidos ante la Subsecretaría de Seguridad y Justicia de la Provincia. Como ya lo expresamos, por el mencionado decreto reglamentario, este organismo es el encargado de recepcionar todos los requerimientos, por lo tanto, con tiempo suficiente para obtener información con la que pudiéramos trabajar más seriamente, hemos solicitado tener acceso.a varios datos referentes a la implementación y/u operatividad del derecho que referimos.

Así, oportunamente preguntamos sobre el desarrollo de las actividades, cumplimiento de plazos, organismos requeridos, cantidad de solicitudes recepcionadas, presupuesto, planta de personal de la Dirección de Acceso a la Información Pública, entre otras cuestiones.

Realizamos nuestra presentación el 14 de marzo. Como en este caso el organismo requerido fue la propia Subsecretaría de Seguridad y Justicia, ninguna otra oficina ha intermediado en el pedido, no obstante, pasados los diez días hábiles fijados por ley no se obtuvo ninguna respuesta, ni tampoco se ha recibido una solicitud de esa oficina para ampliar el plazo a los otros diez días hábiles que determina la misma ley.

Si bien el incumplimiento nos habilitaba a la acción judicial prevista, por nuestro interés en acceder prontamente a la información y a modo de ensayo de la cuestión, hemos insistido en este pedido el pasado 30 de abril. Esperamos esta indispensable información para completar nuestro conocimiento del estado del cumplimiento de la Ley AIP a nivel provincial y esperamos también que esos datos no sigan abarrotados en las oficinas públicas como en el más que simbólico frente del lugar que se ha asignado a la Dirección de Acceso a la Información Pública, situado en la calle Salta al 1825 de la ciudad de Posadas.

A simple vista, el lugar no es el adecuado, ninguna bandera da cuenta del uso del edificio afectado a una oficina pública. Ni siquiera existe un cartel identificatorio. Sí, nobleza obliga a dar cuenta de la amabilidad y predisposición del personal afectado al área. Nos preguntarnos si tienen la cantidad necesaria de personal técnico, profesional y de apoyo.

Más allá de esto, ningún indicio pareciera dar cuenta de que la información pública ha sido asumida como una cuestión de Estado, de política y bandera pública.

Como muchos activistas de este derecho, consideramos que la cultura del secretismo sólo podrá franquearse cuando se asuma la política de la transparencia, no sólo ante los requerimientos ciudadanos, sino también como una política de transparencia activa, es decir que los distintos poderes pongan a disposición de la ciudadanía los datos públicos, principalmente los atinentes a las decisiones sobre políticas públicas y a la rendición de las cuentas del Tesoro, que como sus mandantes ayudamos a conformar cuando pagamos impuestos directos y/o regresivos impuestos indirectos.

Así las cosas, el Observatorio de Acceso a la Información Pública tiene mucho trabajo por delante y dará un paso importante a principios de junio con la incorporación de otros actores que conformarán este espacio.

Entre sus objetivos iniciales y primordiales, quienes hemos decidido crear el Observatorio destacamos la necesidad de difundir este derecho, para que la ciudadanía haga plenamente suyo su ejercicio, como así también la importancia de trabajar con las organizaciones profesionales pertinentes en el asesoramiento y monitoreo de su ejercicio.

El primer paso fue dado y la relevancia otorgada por los medios de la provincia a la noticia generada por la creación del Observatorio ha posibilitado su primera intervención con interconsultas realizadas entre varios miembros y el abogado Rafael Pereyra Pigerl, quien recientemente ha presentado una solicitud de acceso a la información pública a la CELO (Cooperativa Eléctrica de Oberá) y en el día de ayer a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de la ciudad de Oberá, éstas últimas con fundamentos en la Carta Orgánica Municipal además de la Ley AIP.

Quienes integramos el Observatorio de Acceso a la Información Pública en Misiones, los invitamos a obtener mayor información sobre nuestra iniciativa y/o a escribirnos con sus inquietudes a observatorio.aip.misiones@gmail.com

(*) Mabel Oviedo, Licenciada en Comunicación Social. Editora Sección Acceso a la Información Pública.