Espiados, apaleados y criminalizados

La triste crónica de la represión de la protesta social ya ha llenado sus primeras páginas a escasos tres meses de la asunción de los nuevos gobernantes. Represiones en varias provincias y en la ciudad capital, más el marco “jurídico” de la Emergencia en Seguridad y el protocolo “antipiquetes” son los trazos gruesos de lo que sucede a nivel nacional. En Misiones, el gobierno de Passalacqua refuerza el espionaje y la judicialización, con medidas burdas y desprolijas, contra los trabajadores que se manifiestan.

Poco más de tres meses tienen las nuevas “administraciones” en la Argentina; pero en ellos ya han dado muestras suficientes de su vocación represiva contra los trabajadores movilizados, en un proceso sin “cortes” con las administraciones anteriores, sin importar su color partidario.

Docentes golpeados en Santiago del Estero, donde gobierna el Frente Para la Victoria, estatales reprimidos en Santa Cruz, donde manda Alicia Kirchner, bancarios con balazos de goma en la ciudad capital, bastión del Pro, y porteras lastimadas en la provincia de Vidal el día de la Mujer, son algunos de los “saldos” de las incursiones de las Fuerzas de Seguridad contra las manifestaciones públicas en este nuevo período democrático.

En Santiago del Estero, para tomar un caso, los trabajadores de la educación marcharon en rechazo del anuncio de $8.200 de salario mínimo y recibieron gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos manifestantes resultaron heridos y dos de ellos, Darío Palombo e Italo Garnica, terminaron en la cárcel.

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Estos hechos se suman a la declaración de la Emergencia en Seguridad y la sanción del protocolo “antipiquetes”, que garantizan el marco “institucional” de la actuación de las fuerzas armadas y policiales, eximiéndolas de la orden judicial y dándole luz verde para tratar al manifestante como un delincuente.

En Misiones, la represión continúa de la mano del gobernador Hugo Passalacqua, sucesor de Maurice Closs, quien sostuvo, a lo largo de sus mandatos, una política de persecución y violencia contra los maestros, trabajadores estatales y obreros rurales que salían a reclamar en las rutas de la provincia. Y, además, parece haberse vuelto más burda y desprolija, como se vio en los ejemplos del acampe de Ate del 4 de marzo y el corte de ruta de Montecarlo el sábado 12 de marzo.

Estatales: sin protocolo pero con espionaje

La marcha de los trabajadores estatales, convocada para el pasado 24 de febrero, se realizó en Posadas, al igual que en Buenos Aires, sin aplicación del protocolo. Algunos de los asistentes comentaron a esta revista que les llamó la atención “la escasa presencia policial”, a pesar de la gran cantidad de gente convocada en la protesta.

Sin embargo, pocos días después, en un acampe en la plaza 9 de Julio contra los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, los trabajadores estatales fueron visitados por policías “disfrazados” de periodistas. Aparentemente, los “disfraces” no eran muy efectivos y, por medio de consultas y averiguaciones, pudo comprobarse que se trataba de efectivos policiales vestidos de civil en cumplimiento de tareas oficiales.

Espiados - Infiltrados

La denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate) da cuenta de que estos personajes se infiltraron como supuestos noteros en la manifestación y “cubrieron” el acontecimiento con filmaciones y entrevistas. Referentes políticos y sindicales, como Jorge Duarte, de la Central de Trabajadores Argentinos, Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, y Mario Coutouné, del Partido Obrero, repudiaron el espionaje. El próximo 24 de marzo, Ate dará a conocer los resultados de la investigación del caso, con los nombres de los responsables.

Corte de ruta con criminalización y testigos falsos

Según una denuncia de la Central de Trabajadores Argentinos seccional Montecarlo, el dirigente Rubén Ortiz recibió una notificación sobre el inicio de una causa penal ante el Juzgado Federal de Eldorado, durante el corte de ruta del pasado 12 de marzo, que reunió a docentes, tareferos, trabajadores madereros y desocupados en Montecarlo. La notificación fue entregada por el alférez Ariel Dávalos y lleva la firma de dos vecinos del Escuadrón 10 de Eldorado de Gendarmería Nacional, Irma Gladys Armoa y Eugenio David Schimelfenig, en calidad de testigos.

Espiados - notificación

Al respecto puede señalarse la gravedad de dos cuestiones: la causa penal iniciada a un dirigente por participar de una protesta y la utilización de testigos falsos para la redacción del documento legal, ya que según aclara el comunicado, los firmantes no estaban presentes en el momento de la manifestación. Cabe recordar que tanto Rubén Ortiz como otros docentes (Tato Zeretzki y Ramona Romero, por ejemplo) y el referente social Juan Carlos Di Marco, fueron judicializados durante el gobierno de Cristina Kirchner con acusaciones similares.

El comunicado, firmado por Enrique Giménez, secretario general de la CTA Montecarlo, responsabiliza a la Gendarmería por el delito de “falso testimonio” y aclara: “El accionar de la gendarmería y la policía no nos sorprende. Desde hace años están infiltrados en todas las manifestaciones populares y de trabajadores, haciéndose pasar por ciudadanos que acompañan esos justos reclamos.”.

Aunque esta vez no hubo represión, como sucedió el año pasado durante los cortes de ruta, la criminalización trepó a niveles más altos.

Es evidente que los nuevos gobernantes siguen refinando los instrumentos que les dejaron sus predecesores. Sucesos como éstos no son aislados. Dan la pauta de la respuesta política que un Estado al servicio de una minoría pretende dar a las demandas que hacen, y seguirán haciendo, las mayorías.

Fotografías: David Fernández, Resumen Latinoamericano, Agencia de Noticias de Ate Misiones y página de facebook del Movimiento Pedagógico de Liberación.