Esa manía de no cumplir la ley

De acuerdo con l@s diferentes expositores de la jornada de capacitación “Periodismo, derecho y ciudadanía: acciones por el acceso a la información pública” realizada el 7 de junio en Posadas, los organismos encargados de la aplicación de la Ley IV Nº 58 estarían realizando prácticas tendientes a la obstaculización del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Por Mabel Oviedo (*)

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Por ley, el Ministerio de Gobierno es el encargado de la aplicación de la Ley IV Nº 58. A su vez, el decreto reglamentario ha delimitado la actuación de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia en esta temática, en cuyo ámbito se ha creado una Oficina de Acceso a la Información Pública.

En el desarrollo de la jornada de capacitación “Periodismo, derecho y ciudadanía: acciones por el acceso a la información pública”, organizada por OBAIPUMI (Observatorio de Acceso a la Información Pública Misiones) el pasado 7 de junio, la cuestión del incumplimiento fue uno de los ejes y también, podríamos decir, el punto que tuvieron en común las exposiciones realizadas por periodistas y abogados que participaron en los paneles.

En ese sentido hemos coincidido Luis Huls (“Primera Edición” y “Misiones Opina”), Sergio Alvez y Diego Bogarín en nombre de revista superficie, y quien suscribe1, durante el desarrollo del panel “El acceso a la información pública como herramienta de investigación periodística”.

Y en la misma dirección han confluido las opiniones de los participantes en el panel “Casos de aplicación, interpretación y judicialización del acceso a la información pública en Misiones”, en el que los abogados Isaac Lenguaza y Rodrigo Bacigalupi compartieron la experiencia del primer caso de judicialización del derecho en nuestra provincia. A su vez, el abogado Rafael Pereyra Pigerl se explayó sobre los pedidos realizados ante las autoridades del Municipio de Oberá y la Cooperativa Eléctrica de Oberá (CELO).

La ley IV Nº 58 habilita a cualquier persona física o jurídica a realizar la solicitud de acceso a la información pública. Para comenzar a trabajar en la temática y conocer el estado del derecho en acción teníamos que contar con datos que la misma Subsecretaría podía brindarnos, entre otros: ¿cuántas solicitudes se habían presentado? y ¿qué poderes habían sido interpelados? Creímos que este pedido no generaría ningún inconveniente, pero no fue así. Más allá de otras particularidades, en esta nota compartimos dos prácticas que definimos como típicamente obstaculizadoras del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Obstáculo I: restricción del concepto de información

Al referirse a los sujetos obligados, el artículo 3 de la ley IV 58 adopta un concepto amplio de información, al establecer que los sujetos obligados deben “proveer a quien lo requiera la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido o que se encuentre en su posesión o bajo su control”.

Sin embargo, se postula un concepto restrictivo de la información en el artículo 2 de la misma ley, que determina: “A los efectos de la presente ley se entiende por información pública cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de las reuniones oficiales”.

Esta grosera contradicción podría sortearse si los organismos requeridos y, principalmente, el organismo de aplicación, tomaran el espíritu de la ley y se inclinaran por sostener el principio amplio y abarcativo del artículo 3, pero, lamentablemente, no es eso lo que está sucediendo. Hemos recibido varias respuestas de la Dirección de Acceso a la Información Pública (dependiente de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia) en las que claramente se escudan en el artículo 2 para no brindar información.

Estas interpretaciones restrictivas van a contramano de lo estipulado en distintos documentos en los que la OEA ratifica que toda ley de acceso a la información debe garantizar un derecho amplio, basado en el principio de máxima divulgación. Esto implica que l@s funcionari@s a cargo de la interpretación de la ley y/o de algún otro instrumento que pueda afectar el derecho de acceso a la información deberían inclinarse hacia una interpretación razonable a favor de la divulgación y no de la restricción.

Vemos así que los funcionarios dependientes de la autoridad de aplicación fijada por ley (IV 58, art. 18) en el Ministerio de Gobierno y l@s que de éste dependen, incumplen sus preceptos y también los principios de publicidad, transparencia y celeridad que establece la misma norma.

Obstáculo II: incumplimiento de plazos

El artículo 9 de la Ley IV Nº 58 establece: “El organismo requerido está obligado a proporcionar información en el momento en que se solicite o proveerla en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles administrativos”.

El 14 de marzo2 presentamos siete solicitudes a la Dirección de Acceso a la Información Pública/Subsecretaría de Seguridad y Justicia incluyendo varias preguntas en cada requerimiento. Queríamos conocer datos que sólo obran en su poder y que están vinculados con los deberes de este organismo de aplicación. Como ya informáramos en nuestra nota “Hecha la Ley, hecho el observatorio”, no obtuvimos la contestación en tiempo y forma, razón por la cual el 30 de abril insistimos con los pedidos y ya sobre el final del plazo conseguimos algunas respuestas. Algunas satisfactorias, otras incompletas y otras contestadas en la forma restrictiva que mencionamos en el punto anterior, haciendo gala de la máxima del secretismo que aún impera en nuestra cultura.

Entre los datos obtenidos, nos fue suministrada una lista con detalles de fecha de iniciación, datos de l@s solicitantes, número y estado del trámite. Estos datos son de fundamental relevancia para conocer el estado del uso del derecho en nuestra provincia.

Ahora sabemos que desde la vigencia de la ley, en julio de 2012, hasta el 25 de abril, fueron presentadas 106 solicitudes, de las que se informa que 74 de esos trámites han finalizado y 32 estarían en curso. En algunos casos estamos comprobando que la finalización estaría vinculada a cuestiones de formas y/o falta de insistencia de los requirentes en continuar con el trámite ante los obstáculos formales que el organismo comunica, en general, también fuera de plazo.

De esta manera, incumplir la ley se traduce en la lesión del derecho ciudadano de acceso a la información pública, ese derecho democrático necesario para el ejercicio de otros derechos humanos: salud, vivienda, educación, seguridad, justicia, derecho a un ambiente digno, etc.

Desde esta revista y en conjunto también con quienes abogamos por el conocimiento, la difusión y el cumplimiento de la Ley AIP agrupados en OBAIPUMI, nos preguntamos: ¿hasta dónde y hasta cuándo pueden continuar estos incumplimientos? ¿es posible que el mismo poder que lo infringe pueda reparar esta lesión a los derechos ciudadanos? o ¿continuará el culto a la manía de no cumplir la ley, incluso cuando media una orden judicial? Cualquiera de los escenarios requiere una urgente acción-intervención, que en OBAIPUMI ya comenzamos a debatir para lograr una propuesta superadora.

Porque como lo afirmara Carlos Andreucci3 en el cierre de las jornadas, simplemente tienen que respetar nuestro derecho ciudadano a ser curios@s.

Notas:

1En este caso, presentando algunos aspectos de un trabajo de investigación académica que desarrollo en el Proyecto “Metamorfosis del contar V. Formatos y dispositivos” que dirige el Dr. Marcelino García (FHyCS-UNaM) ensamblados con el rol de editora de esta sección.

2Solicitudes realizadas como parte del trabajo del proyecto referido en el punto anterior.

3Expresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En próxima nota nos explayaremos sobre la excelente conferencia “Acceso a la información pública en el derecho argentino: avances y retrocesos. Jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia de la Nación” que brindara el Dr. Andreucci al cierre de la jornada de capacitación.

(*) Editora de la sección “Acceso a la información pública” y coordinadora OBAIPUMI.

Fotos: Tatty Lencina.