Ellos saben donde está Santiago Maldonado

La desaparición del artesano es el capítulo más oscuro del accionar represivo y muchas veces ilegal del Estado contra los pueblos originarios en Chubut

Por Cecilia Rodrigues (*)

Desde el 1 de agosto pasado muchas personas buscan incansablemente, con desesperación y angustia a Santiago Maldonado, quien fuera visto por última vez durante la represión ejecutada por la Gendarmería Nacional dentro del predio de la comunidad mapuche de Vuelta del Rio, Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, Chubut.

Según lo cuentan los comuneros ese día, a raíz del ataque de unos cien gendarmes que ingresaron al lugar disparando postas de goma y plomo, debieron correr a resguardarse en dirección al río Chubut. Santiago no cruzó el curso de agua y fue detenido minutos después, golpeado y subido a la fuerza a una camioneta de Gendarmería. Es el último dato cierto de su paradero.

Quienes posteriormente lo fueron a buscar no lo encontraron en ninguna dependencia judicial ni policial.

Tres hábeas corpus se presentaron intentando esclarecer su paradero, todos con respuesta negativa.

La comunidad mapuche y las organizaciones de apoyo comenzaron inmediatamente a denunciar públicamente la desaparición de Santiago, logrando receptividad y acompañamiento de parte de centenares de organizaciones y personas en todo el país, entre ellos un arco de organismos de derechos humanos que convocaron a una conferencia de prensa sobre el hecho el viernes 4 de agosto en Buenos Aires y denunciaron el caso ante instancias internacionales.

Sin embargo, entre quienes deben dar cuenta de la suerte de Santiago Maldonado, el juez a cargo de la causa Guido Otranto; la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, los jefes de los escuadrones de Gendarmería que llevaron adelante el operativo, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti y el secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, lo único que se encendió, después de varios días de cerrado silencio, es la máquina de negar.

Referencias necesarias: represión continua contra la comunidad de Vuelta del Rio

Santiago Maldonado es un artesano bonaerense que hace pocos meses se afincó en El Bolsón, y se acercó el 31 de julio pasado hasta el Lof en Resistencia para solidarizarse con los comuneros a raíz de la represión que vienen sufriendo, circunstancias ligadas al reclamo por la libertad del lonko Facundo Jones Huala.

El lonko se encuentra detenido en la cárcel del Esquel de manera notoriamente ilegal, ya que el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva lo retiene en prisión desde el 28 de junio pasado en virtud de un pedido de extradición que ya fue anulado en 2016 por el juez Federal de Esquel Guido Otranto. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la resolución dictada por Otranto.

Apenas se tuvo la certeza de que Jones Huala fue apresado en virtud de la misma causa que fuera resuelta el año pasado su defensa reclamó por la situación al juez Otranto, quien se desligó de toda responsabilidad en el tema.

A pesar de que se trata de un doble proceso por la misma causa, el 1 de julio el juez Villanueva dictó la prisión preventiva de Facundo Jones Huala por 30 días, plazo que se cumplía el 31 de julio. El lunes 31 familiares y comuneros que se habían acercaron hasta el Juzgado Federal de Bariloche a solicitar información fueron reprimidos y seis personas resultaron detenidas.

El 1 de Agosto los comuneros fueron reprimidos dentro del predio de la comunidad. Unos cien gendarmes atropellaron el lugar, dispararon con balas de goma y plomo, incautaron herramientas de trabajo y enseres, retuvieron por la fuerza a mujeres y niños que presenciaron la quema de libros, colchones, frazadas y otras pertenencias de los habitantes del lugar. Durante seis horas estuvieron dentro del predio. En esas circunstancias de represión, donde no hubo resistencia posible por parte de los comuneros, fue detenido sin paradero conocido Santiago Maldonado.

Durante el operativo de represión al Lof estuvo presente en las inmediaciones el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti, circunstancia que fue cuidadosamente silenciada por la cartera de Seguridad y que fue revelada por el periodista Ricardo Ragendorfer cuando tomó notoriedad la desaparición de Maldonado. Ragendorfer, autor de La Bonaerense y La Secta del gatillo, investigador y profundo conocedor de la temática del accionar de las fuerzas de seguridad, mostró la secuencia de fotos que muestran a Nocetti junto a efectivos de Gendarmería durante el allanamiento a la comunidad de Vuelta del Río. Nocetti admitió haber estado “en Esquel” ¿Qué hacía allí el funcionario? ¿Por qué su presencia no fue mencionada por ninguna autoridad ante el reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado?

Mapuches enemigos de la seguridad pública: el signo de la ilegalidad estatal

Santiago no desapareció por obra de la fortuna ni de la mala suerte. Fue detenido ilegalmente en un marco político trabajosamente preparado por el gobierno nacional, su ministra de Seguridad Patricia Bulrich, su jefe de gabinete Pablo Nocetti y otros funcionarios menos conocidos que vienen preparando a veces declaradamente y a veces silenciosamente una brutal ofensiva contra las fuerzas populares. Ya salieron a la luz maniobras represivas legales e ilegales como parte de esa política que comenzó mucho antes de diciembre de 2015.

Como parte de ella, Facundo Jones Huala fue detenido en abril de 2016 en el marco de un violentísimo allanamiento a su comunidad, el Lof en Resistencia. Allí la justicia “se encontró” con que pendía sobre él un pedido de extradición por parte de Chile. Hacía más de un año que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se encontraba en la zona realizando tareas ilegales de espionaje sobre un conjunto de organizaciones sociales y políticas, circunstancia que fue denunciada por integrantes de la Asamblea No a la Mina de Esquel. Las constancias de la tarea de espionaje realizada por un agente de la AFI se encontraban asentadas en un expediente judicial abierto a raíz de la recuperación de tierras por parte de la comunidad mapuche de Vuelta del Río, asentada en tierras cuya titularidad pertenece al magnate Luciano Benetton y que los comuneros reclaman como ancestrales.

Facundo Jones Huala fue sometido a proceso de extradición por parte del Juez Federal Guido Otranto, quien en septiembre de 2016 anuló el proceso dadas las innumerables irregularidades cometidas por las fuerzas policiales durante el mismo, las constancias de espionaje ilegal por parte de la AFI y las torturas a las que fue sometido un testigo cuya declaración permitió establecer el paradero de Jones Huala y que motivó el pedido de captura por parte de Chile.

El fiscal del caso apeló la decisión de Otranto, que asimismo fue duramente criticada por el gobernador Das Neves quien tildó a Jones Huala de terrorista y advirtió que denunciaría al juez ante el Consejo de la Magistratura. El tiempo muestra que esta amenaza contra Otranto de parte de Das Neves tuvo buenos resultados.

En enero de 2017 la comunidad de Vuelta del Río sufrió nuevamente un gravísimo atropello por parte de la policía de Chubut y la Gendarmería, que volvieron a atacar al Lof avaladas por el juez Otranto. Varias personas fueron heridas, algunas de ellas gravemente, y como ya es habitual sufrieron destrucción de sus pertenencias. La situación de hostigamiento motivó la denuncia de Amnistía Internacional.

Desde noviembre de 2016 se reforzó la presencia de efectivos de Gendarmería en la zona próxima por decisión de la ministra Patricia Bulrich quien expresó que las comunidades mapuche son enemigas de la seguridad pública y un obstáculo para el modelo de desarrollo que se pretende en la zona.

Esta declaración de las comunidades como enemigas y su caracterización como bases de organizaciones “terroristas” es la explicación más sólida para entender la represión continua y la recurrencia a acciones ilegales por parte del Estado.

El día 28 de junio Facundo Jones Huala fue detenido en un supuesto control vehicular aleatorio y trasladado a Bariloche. Allí, el juez Federal Gustavo Villanueva, procedió a retenerlo en prisión invocando la orden de captura pedida por Chile, ya ejecutada el año pasado.
Vanas fueron las explicaciones por parte de la defensa de Jones Huala acerca de que la orden ya había sido cumplida. No se trataba de un malentendido, sino de una detención ilegal que aún se mantiene.

El mismo 28 de junio, horas antes de la detención de Facundo, se había reunido el presidente Mauricio Macri con la presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien le planteó dos exigencias: la extradición del ex jefe del MIR Sergio Galvarino Apablaza Guerra, refugiado político en Argentina, y la extradición de Facundo Jones Huala, rechazada, pero con apelación pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

También días antes, funcionarios chilenos se habían reunido con Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, con quien conversaron sobre la extradición de Jones Huala, manteniendo el reclamo de que sea deportado. Es de notar que la secretaría dirigida por Avruj debe ser consultada en un caso de extradición en el cual se discute su carácter político, y que, además, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas funciona en el ámbito de la misma secretaría.

Operativo tardío y arranque de la máquina de negar

Recién el día 5 de agosto el juez Otranto dispuso la realización del rastrillaje para recabar información acerca del paradero de Santiago Maldonado, el cual se realizó en el predio del Lof donde los comuneros denuncian haber visto que fue capturado por Gendarmería.

La familia Maldonado fue la primera en publicar su versión acerca de los resultados del rastrillaje:

“…durante el día sábado 5 de agosto se rastrilló en Pu Lof Cushamen a cargo de la Prefectura Nacional junto al Juez Otranto, defensor Federal (Fernando Machado) y veedores de APDH. El resultado arrojó que los testimonios dados por la comunidad Mapuche eran verdaderos con respecto a la desaparición Forzoza de Santiago Maldonado, quien estuvo en el lugar y no cruzó el Río. Por lo tanto fue desaparecido.
El perro utilizado para el rastrillaje recorrió 3 veces el mismo trayecto que realizó Santiago, tal cual lo había informado la comunidad Mapuche. Todavía falta determinar cómo lo sacaron del lugar.
Nosotros estamos convencidos de que fue desaparecido en manos de Gendarmería que eran los que estaban a cargo del operativo. Por eso no nos parece correcto que Gendarmería siga apostada en la ruta con un micro y camionetas cuando claramente está cuestionada por el accionar en el lugar.
Nosotros como familia exigimos la aparición con vida en forma urgente de Santiago Maldonado, que Gendarmería libere el lugar, que se realice la investigación correspondiente y que el Estado nos dé una respuesta inmediata sobre el paradero y estado de Santiago Maldonado.
Agradecemos profundamente a la Comunidad Mapuche que permitió el ingreso de Prefectura para realizar dicho peritaje…”

Horas después el Juzgado Federal emitió un extenso comunicado que desmiente en gran medida a la familia Maldonado.

Sostiene que no existen indicios de que Santiago haya sido capturado por la Gendarmería, atribuye falta de colaboración e inclusive obstaculización del operativo a los miembros de la comunidad, les recrimina no haber permitido la extensión del rastrillaje hacia el otro lado del río y no haber permitido hacer volar un dron para inspeccionar el área. Inclusive afirma que los testigos de la captura de Santiago se niegan a declarar ante el Juzgado, cuando fueron quienes hicieron la denuncia y relataron los hechos.

Sostiene también que los vehículos de la Gendarmería habían sido incautados y resguardados debidamente y que iban a ser peritados, lo cual ocurrió el domingo 6.

Con estos elementos, el juez Otranto, que no se apersonó en el operativo de rastrillaje, concluyó que no hay indicios de que Santiago haya sido detenido por la Gendarmería.

El comunicado negacionista de Otranto siembra dudas acerca de la denuncia realizada por la comunidad y es la base de la versión del gabinete nacional. Poco después, basándose en esta versión, la ministra de Seguridad Patricia Bulrich aseguró que no se puede saber si Santiago Maldonado se encontraba en el predio en el momento de la represión y comunicó que “no había constancias” de su detención por parte de la Gendarmería, lo cual ya era sabido pues se denuncia que se trata de una detención ilegal.

Sin embargo, el defensor Fernando Machado, quien interpusiera uno de los hábeas corpus a favor de Santiago Maldonado, dio una versión de lo ocurrido en el rastrillaje coincidente con lo expresado por la familia Maldonado en cuanto a que en el mismo se habían podido comprobar punto por punto lo declarado por los comuneros mapuches y valora también la colaboración de la comunidad. Negó que los comuneros hayan obstaculizado el accionar de la Prefectura durante el rastrillaje y ratificó que la huella seguida por el perro de rastreo se detiene antes del río. Además, denunció que las camionetas de la Gendarmería que se incautaron para ser peritadas habían sido cuidadosamente lavadas y que al menos una de ellas tenía el precinto de seguridad roto. Nada de eso fue mencionado por el juez Otranto ni por otra fuente judicial, que sigue sosteniendo la versión de que nada se sabe acerca de la suerte de Santiago Maldonado y echa una sombra de duda sobre la comunidad mapuche.

Criminalización, ilegalidad y terrorismo de Estado

Desde septiembre de 2016 el gobierno nacional y varios sectores ligados a los intereses empresariales y terratenientes de Chubut vienen señalando de “terroristas” las acciones de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y atribuyendo a la vez un carácter de peligrosidad y amenaza a las reivindicaciones territoriales de las comunidades mapuche.

Si bien el gobierno admite no saber quiénes son miembros de la RAM, el funcionario de Seguridad Pablo Nocetti se encuentra trabajando sobre “el tema” desde el año pasado, cuando estuvo presente en al menos una audiencia del proceso de extradición de Jones Huala.

Si bien la comunidad de Vuelta de Río ha aclarado su pertenencia al Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP) y que Facundo Jones Huala no es el dirigente de la RAM, el ministerio de Seguridad insiste en su caracterización de peligrosidad de las comunidades y en relacionarlas con actos “terroristas”.

Tal caracterización es la luz verde para el accionar ilegal del Estado.

De parte del gobierno nacional, que ya embistió en varias oportunidades contra los organismos de derechos humanos, todo este accionar encuentra su fundamento en los intereses que defienden, que son los mismos que instauraron el Terrorismo de Estado en los años 70 y 80. El gobierno asimismo cuenta en sus filas con verdaderos apologistas de dicho Terrorismo y algunos de ellos aparecen ahora implicados directamente como responsables por parte del gobierno de responder por la desaparición de Santiago Maldonado.

El primero de ellos es el mencionado Pablo Nocetti. Según publicó el diario Página/12 “…el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, confirmó que por orden de la ministra Patricia Bullrich y con el aval del presidente Mauricio Macri estuvo ayer en Esquel para acordar “un sistema de coordinación” entre las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut”, además de intercambio de información con el gobierno de Chile, para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM”, organización denunciada como responsable de ataques en los campos cordilleranos, a la que asoció directamente con el líder mapuche detenido Facundo Jones Huala, aunque reconoció: “no sabemos quiénes son”…” Nada dijo de su presencia en el operativo represivo en el que desapareció Santiago Maldonado, pero sí queda claro el aval político con el que contaba.

¿Pero quién es Nocetti?

Nombrado en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Seguridad por Patricia Bulrich, este abogado actualmente a cargo de la cacería de mapuches en el norte patagónico tiene en su currículum haber sido defensor de genocidas en Entre Ríos y en La Pampa. Miembro de la Asociación de Abogados Católicos, sostiene que los juicios por delitos de Lesa Humanidad son “la institucionalización de la venganza”, en tanto cuestiona la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Una vez nombrado en el Ministerio de Seguridad, se avocó a desarticular el área que relevaba información de las fuerzas federales que pudiera servir en apoyo de los procesos por crímenes de lesa humanidad.

El otro alfil del negacionismo y del embate contra los organismos de derechos humanos es el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien debería tener un papel relevante en las diligencias del Estado nacional para determinar lo sucedido con Santiago Maldonado. Es el mismo que dialogó con funcionarios chilenos sobre la extradición de Jones Huala.

Avruj, severamente cuestionado por los organismos por dedicarse a poner en duda la cifra de desaparecidos por el Terrorismo de Estado en vez de aportar desde su cargo al esclarecimiento del destino final de miles de ellos, aplaudidor del beneficio del 2 x 1 dictado por la Corte a un torturador, sostuvo sobre Santiago Maldonado que “El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, está habilitando todos los sistemas de búsqueda para hallarlo”.

Hasta el momento, fuera del rastrillaje en el Lof y el ofrecimiento de una recompensa no se han hecho públicas otras acciones de búsqueda. Lo último que aclaró el Ministerio de Seguridad es que la búsqueda de Santiago no se está realizando en base al protocolo aplicable a los casos de desaparición forzada, sino que se lo está tratando como el caso de una persona extraviada.

(*) Cronista de Revista Superficie.