El camino de la impunidad

Por Redacción Superficie.

Mientras la cúpula de la Iglesia Católica Argentina vuelve a hablar de “reconciliación” entre ejecutores y víctimas de la represión ilegal de los años 70 y 80, la Corte Suprema de Justicia otorgó el beneficio del “2×1” al represor Luis Muiña, condenado por el secuestro de cinco trabajadores del Hospital Posadas de Haedo. La polémica medida sienta un precedente nefasto ya que permitirá al resto de los condenados por delitos de Lesa Humanidad solicitar el mismo beneficio.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, votada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, determinó la vigencia de la ley 24.390 para el represor Muiña, quien no estaba preso porque ya gozaba de una libertad condicional desde el 18 de abril pasado. Dicha ley estuvo vigente entre 1994 y 2001, y estipulaba que se considerara doble cada día de prisión preventiva superados los dos años del encarcelamiento sin sentencia firme.

Luis Muiña, miembro de la patota paramilitar “SWAT” que instaló el terror en el Hospital Posadas de Haedo.

El fallo dividido y escandaloso por la abierta ilegalidad de la medida no está, sin embargo, escindido del contexto político creado por la administración macrista.

El camino de la impunidad a los genocidas viene siendo preparado desde hace años desde sectores partícipes, afines y beneficiarios del terrorismo del Estado que tienen su máxima expresión política en el Pro y Cambiemos, pero no se limitan a ese espacio.

Esto puede detectarse fácilmente leyendo el tratamiento cada vez más insistente de medios como La Nación, verdadera tribuna de la impunidad a los genocidas a quienes denomina “presos políticos” y para quienes hace tiempo reclama beneficios como la prisión domiciliaria y el fin de las causas judiciales.
En la misma dirección camina la Iglesia Católica, quien a través del arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor José María Arancedo realizó un llamado a la “reconciliación” de los argentinos” en el marco de la celebración de las Pascuas.
La Iglesia Católica, sostén fundamental del Terrorismo de Estado, nunca pidió perdón por su papel en la represión ni abrió sus archivos a los familiares de los desaparecidos.
Al respecto Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, indicó algunas conductas de la jerarquía eclesiástica: ocultaron lo que sucedía, bendijeron las armas, fueron parte del plan de apropiación de niños a través de instituciones como el Movimiento Familiar Cristiano, varios de sus sacerdotes visitaban asiduamente los centros clandestinos de detención tortura y muerte para lograr confesiones de los secuestrados y sostener moralmente a los torturadores y asesinos. Poca autoridad tiene entonces la jerarquía católica para hablar de reconciliación.
A estas voces se sumaron las de algunos sectores políticos, sobre todo de la actual coalición gobernante, que emprendieron una activa campaña de desprestigio y ataque contra la lucha histórica por el fin de la impunidad y salieron a poner en duda la trayectoria y los objetivos de los organismos de derechos humanos.
Una operación central de ese desprestigio fue atacar la cifra de detenidos desaparecidos reivindicada históricamente no solo por los organismos de derechos humanos sino por las organizaciones populares en Argentina. Sin embargo, los términos del ataque muestran claramente las intenciones de quienes lo encabezaron, ya que justamente uno de los reclamos históricos de las organizaciones es la apertura de los archivos sobre la represión ilegal que permitirían determinar no solamente la cifra precisa de detenidos desaparecidos sino también cuál es su destino final. El Estado sigue negando la existencia de tales archivos y con ello sostiene en forma indefinida los crímenes atroces de los secuestros clandestinos, las torturas, las ejecuciones sumarias y la desaparición de personas.

No tan lejos del objetivo:

Más allá de que sectores que fueron parte o apoyan a los represores se esfuerzan en mostrar un escenario dramático de maltrato, falta de garantías y ensañamiento hacia los genocidas, lo cierto es que el larguísimo camino que se debió recorrer para lograr la reapertura de las causas por delitos de Lesa Humanidad no siempre tuvo los resultados esperados por quienes lucharon para hacerlo posible.
Valorando el inmenso esfuerzo que implicó llegar a los juicios como mérito de una larga lucha, no se puede dejar de reconocer que el número de represores que fueron procesados y los que están efectivamente en prisión es relativamente bajo si se tiene en cuenta la cantidad de personas que estuvieron implicadas en la ejecución del terrorismo de Estado entre 1975 y 1983.
El fallecido ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, sostenía que al menos 300 mil personas tuvieron diferentes tipos de intervención en la inmensa maquinaria del terror estatal cuyo funcionamiento no llega a ser determinado en forma exhaustiva. Toda la información que se recabó provino de las víctimas y no de las instituciones, por lo que no se pudo reconstruir de forma completa el accionar del terrorismo de Estado. Eso tiene como consecuencia directa la impunidad de los actores y también que no se haya podido determinar el destino final de los detenidos desaparecidos.
Pese a los denodados esfuerzos de organismos, unos 1200 cuerpos enterrados clandestinamente han sido exhumados, poco más de 700 han sido identificados.
De todos los intervinientes en el plan de exterminio se logró a acusar solamente a aquellos que fueron reconocidos por los pocos sobrevivientes del terror y aquellos que tenían las responsabilidades más altas.

El Cels detalló en un informe emitido el 20 de marzo último que en las causas por delitos de lesa Humanidad hay más acusados libres que presos. A esa fecha, 1.120 acusados estaban presos , 1.285 estaban libres y otros 49, prófugos. Entre los presos cuentan quienes gozan de prisión domiciliaria. En total hubo 176 juicios concluidos y 53 en curso. Los juicios arrojaron el resultado de 755 condenados.

“Impunidad biológica”:
El paso del tiempo desde que se llevó adelante el plan represivo ha sido el elemento más contundente para asegurar la impunidad. Y no ocurrió porque si, fue instrumentado a través de medidas políticas como las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los decretos de indulto que impidieron la prosecusión de las causas judiciales contra los genocidas. Esta “impunidad biológica” benefició principalmente a los represores que tenían mayores niveles de responsabilidad en el plan de tortura y exterminio. 430 acusados fallecieron antes de ser juzgados y 60 con posterioridad. De los que aún viven, muchos son actualmente los beneficiarios de las medidas de prisión domiciliaria que se les otorga dada su avanzada edad.
Solamente entre febrero y julio de 2016 los Juzgados Federales a cargo de las causas por delitos de Lesa Humanidad ya habían otorgado prisión domiciliaria a 50 represores, las que se siguieron otorgando en los meses siguientes hasta ahora.

Lentitud de los procesos:

Otra traba importante a la hora de alcanzar el objetivo de impartir justicia es la lentitud de los procesos judiciales.
Algunos sectores de organismos querellantes en causas por delitos de Lesa Humanidad criticaron reiteradas veces los criterios de ordenamiento de las causas, las metodologías para agrupar los hechos imputados y solicitaron cambios de criterios. Uno de esos espacios es el de Justicia Ya de la Plata que ya en 2007 indicaba que con la metodología asumida de juzgar los crímenes cometidos por centro clandestino y no por circuito represivo (que abarcaban el accionar de varios centros coordinados) los juicios deberían extenderse por al menos 40 años. Es decir, no se terminarían de hacer.

Muchas causas elevadas a juicio tuvieron demoras solamente comprensibles desde el punto de vista político y no de los procedimientos judiciales. En el caso de Misiones, en 2016 se anunció que cuatro causas estaban en condiciones de ser llevadas a debate oral durante el año. En ningún caso eso sucedió.