Criminalización de la locura

Criminalización de la locura

A raíz del sorpresivo anuncio de que trasladarían al Hospital de Salud Mental “Dr. Ramón Carrillo” a los inimputables de la cárcel de Loreto, los trabajadores se reunieron en asambleas para afrontar la situación. En rechazo del proyecto oficial, instalaron una polémica que se trasladó a los medios y que se expuso en una charla debate realizada la semana pasada en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a aula llena. Uno de los panelistas expuso la oposición general de enfermeros, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras a lo que consideran una política de ajuste, un proyecto de militarización de la salud mental y un retorno a viejas prácticas de encierro. A continuación transcribimos su intervención.

Por David Vandendorp (*)

Comenzaré por definir uno de los términos a tratar. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad psíquica de culpabilidad que se le otorga a toda persona según el Código Penal argentino. Dicho esto, la inimputabilidad es la suspensión de esta capacidad, ya sea por factores biológicos, ya sea por factores psicológicos. La referencia es el artículo 34 del Código Penal.

Pasemos a los anuncios oficiales del poder político sobre el tema que nos convoca. El 1ro de mayo de 2017, en la apertura de las sesiones de la Cámara Legislativa a cargo del gobernador de la provincia Hugo Passalacqua, resuena, entre todos los anuncios, uno en particular: “…los inimputables que se encuentran en el pabellón de la Unidad 1 de Loreto serán trasladados al hospital Dr. Ramón Carrillo de la ciudad de Posadas”. Acto seguido, un silencio categórico: no se precisan datos sobre ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? ¿bajo qué condiciones y circunstancias? Pasan los días y para los trabajadores del hospital Carrillo no hay nada oficial, nada que tenga carácter formal, ningún comunicado sobre el anuncio. La página oficial del Ministerio de Salud de la provincia y la página oficial del Servicio Penitenciario Provincial no anuncian nada, no se hacen eco del proyecto. Hay desconcierto, incertidumbre, desconocimiento y, sobre todo, un deseo de saber, por parte de los trabajadores. Se conversa, se debate en asambleas, se convoca a las autoridades pertinentes a dar respuestas. Sólo se encuentra silencio, ausencias, falta de respuestas serias y orientadoras.

David Vandendorp en el debate público sobre el traslado de inimputables al Hospital Carrillo.

De repente, el diario local Primera Edición publica en su versión digital un artículo fechado el 9 de mayo, con el detalle no menor de que aparece la expresión DDHH como anticipo del contenido de la nota. La misma se titula: “Avanzan las obras para trasladar a los inimputables de Loreto al hospital Carrillo”.

El artículo dice: “Será un nuevo espacio de atención integral destinado a los internos que padecen alguna discapacidad psicosocial y que hasta el momento se alojan en la Unidad 1 del penal provincial de Loreto, a pesar de su condición. El nuevo espacio estará adaptado en RRHH como ediliciamente para dar una solución de fondo a estas personas que tienen problemas de salud, contemplando su seguridad y tratamiento, medicación y atención constante por personal capacitado.

Nos surge la duda: ¿acaso eso no se cumplía en el pabellón modelo del SPP? Es de público conocimiento que en el 2011 el actual gobierno de la Renovación, con la conducción en ese momento del gobernador Maurice Closs, llamó a licitación para la elaboración de un proyecto de construcción en la Unidad 1 del penal de Loreto, proyecto que consistía en un pabellón modelo para los inimputables, destinando para ello $3.402.186,14, según figura en la página oficial del SPP. El pabellón fue inaugurado ese mismo año, el 27 de diciembre. Tres años más tarde el gobierno inauguró el módulo B de la Unidad 1 del penal destinado a “tratamientos específicos” y “comunidad terapéutica”. Entonces, ¿por qué seis años después ese mismo gobierno dice “a pesar de su condición, contemplando su seguridad y tratamiento”? ¿Cuál es la condición actual de los inimputables? ¿Dónde están los responsables de ese abandono y ese incumplimiento? ¿Por qué fracasó el proyecto? Otra vez silencio.

También estuvieron presentes como panelistas Coqui Duarte, referente de la CTA, a la izquierda de Vandendorp, y el médico psiquiatra Oscar Krimer, trabajador del Carrillo, a la derecha.

Continúo con el artículo: “…son más de 40 los internos que se prevé serán trasadados; éste es el trabajo en conjunto de las carteras de Gobierno y Salud, con el propósito de ofrecer una mayor vigilancia sanitaria a los internos”. Pero lo cierto es que el mismo diario publica en otra nota que los autores intelectuales del proyecto son el gobernador Passalacqua y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira.

Volviendo al artículo en cuestión, observamos que está acompañado de una foto que fue tomada dentro del hospital Carrillo, en la cual aparecen el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el ministro de Salud, Walter Villalba, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Wellbach, el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Marín Cesino y el presidente del IPRODHA, Santiago Ros. Hay que aclarar que la presencia de dichas autoridades nunca respondió a una iniciativa por parte de ellos de socializar, informar o notificarnos del proyecto anunciado por el gobernador. Entraron, posaron y se fueron. De igual manera, ninguno de ellos respondió ni siquiera de manera informal a nuestra invitación sobre la problemática que generó esta decisión autoritaria, unilateral y totalitaria, al mejor estilo de una sociedad feudal. Siguieron ninguneándonos, despreciándonos y difamándonos, y aun hasta ahora siguen sin tenernos en cuenta en nuestra dimensión de sujetos de derecho. Hay un no reconocimiento y un rechazo de nuestra subjetividad.

Notamos, por otra parte, cierta complicidad por parte de algunos medios de comunicación locales, un aparente blindaje mediático, ya que ubicaron primeramente el tema en cuestión en el encuadre de los DDHH de los sujetos inimputables, y a medida que se realizaban las asambleas y se iba marcando la oposición a esta decisión antidemocrática, fueron desplazando la temática hacia lo meramente gremial. Entendemos que en esa operación hay una intención de reducir y confundir a los lectores sobre cuál es la problemática de fondo: las políticas de ajuste desenfrenado y el retorno a la ideología manicomial queda así oculta bajo una supuesta discusión gremial interna de los trabajadores de salud.

Hay otro desplazamiento mucho más interesante e ilustrativo que nos permite entender mejor cuál es la postura oficial y la verdadera intención detrás del “traslado”. Lo que quiero señalar se puso de manifiesto en el discurso oficial que encarnaron el ministro de Gobierno Marcelo Pérez y el subsecretario Ricardo Wellbach en el programa periodístico El Foro. Allí dejaron claro cuál es la razón que quieren esconder detrás de una aparente iniciativa en nombre de los DDHH. En palabras del ministro Pérez (cito): “…hacer una incorporación masiva de psiquiatras y todo lo que se necesita para atender a las personas que están en Loreto, hacer edificios y trasladarlos es muy costoso para todos nosotros… El traslado al Carrillo es mucho más simple e inmediato”. ¿Pero acaso los edificios y los profesionales no estaban ya desde el 2011? Y lo de “muy costoso”, señor ministro, sugiere que la salud de los misioneros sólo se mide en costos, gastos, en un marco económico, y no de derechos. El subsecretario Wellbach, por su parte, redobló la a puesta y reforzó la posición de su par: “Hay que optimizar los RRHH en Misiones en el área de salud mental; no existen muchos especialistas psiquiatras en la provincia, no tenemos ni 50, por eso la medida será algo necesario”. ¿”Optimizar” no es acaso una palabra de uso corriente en el discurso empresarial? ¿Gobierno o empresa? ¿Funcionarios o CEOs? ¿Cuando el subsecretario dice “optimizar”, no querrá decir en realidad explotar y exprimir de manera eficiente y eficaz con el menor costo y en el menor tiempo posible a los recursos humanos con los que cuenta la provincia? Hay más preguntas: ¿por qué sólo psiquiatras? ¿Qué pasa con la interdisciplina, las demás profesiones, la Ley de Salud Mental 26.657?
¿Qué otra cosa podemos escuchar ahí si no es acaso el ruido de las botas marchando y la risa del capitalista resonando en el hospital público?

El Aula Magna de Humanidades se llenó para el debate público sobre el traslado de inimputables y los paradigmas de salud mental.

Creemos entonces que no se trata de políticas de DDHH, sino más bien de políticas económicas de ajuste, de especulación financiera, de reducción progresiva del espacio público y de quita de inversiones, que favorecen el crecimiento del sector privado y empresarial e implican la suspensión de la Ley de Salud Mental, la cual prohíbe la apertura de nuevos manicomios y establece el cierre total de los mismos para el 2020. Todo esto, acompañado de un fuerte retorno de la ideología manicomial, con prácticas de encierro, de hegemonía de la profesión médica, que reducen la salud mental al modelo biologicista y farmacológico y soslayan la dimensión psicosocial.

Se trata de una avanzada sobre los trabajadores de la salud, que busca militarizar el hospital público: ya no se trata del traslado de inimputables, sino del traslado de la lógica carcelaria, con sus dispositivos de control y de represión, a un hospital que funciona actualmente con un modelo de puertas abiertas y de asistencia comunitaria.

Gente armada en el hospital Carrillo. Criminalización de la locura. Justificaciones para volver necesario un dispositivo policial, dispuesto a cualquier cosa para servir al amo.

No somos los únicos. Así como vinieron por los trabajadores y por la salud, también vinieron por la educación y hace unos días por las pensiones por discapacidad.

Enmarcamos esta problemática local y regional en un contexto país donde se ve claramente la irrupción de la complicidad entre ciencia médica y mercado farmacéutico. En Capital Federal hay una embestida del gobierno de la ciudad por parte del jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y el neurocientífico Facundo Manes, que consiste en crear en los hospitales monovalentes como el Borda, el Moyano, el Tobar García y el Alvear, el denominado proyecto del “polo de neurociencias”, con el propósito de reconvertir los hospitales públicos en ámbitos propicios para la “investigación” de sectores privados. Además de que implica anular el aspecto psicosocial de los sujetos, el proyecto sirve de pantalla para el gran negocio de maximizar las ganancias de los laboratorios.

Frente a este panorama, no creemos que detrás de esta iniciativa del gobierno provincial, enmarcada en un modelo de gobierno nacional que pregona el ajuste, la destrucción del rol del Estado y del ejercicio de la política de sus ciudadanos, se encuentre un interés real por la salud mental de los inimputables o por la recuperación de sus derechos humanos, así como tampoco le interesa la situación de precariedad y de riesgo inminente que se va a generar si se concreta el proyecto.

No acordamos con que se salteen espacios democráticos como el Poder Legislativo, hacia donde queremos redirigir el proyecto para que sea tratado y reformulando consultando todas las voces y considerando las condiciones reales del hospital y de la salud mental pública.

No queremos que Misiones sea “vanguardia” (para tomar una palabra usada por el ministro Pérez) en reconstruir el manicomio, ni tampoco queremos que sea “vanguardia” en hacer del hospital público un laboratorio de experimentación de psicofármacos.

Como trabajadores de la salud, queremos debatir políticas y programas de salud mental de manera seria y sostenida en el tiempo, que tengan instrumentación con independencia de los gobiernos de turno.

Queremos que se respete y se trate con dignidad a los inimputables, a los internados del hospital Carrillo, a los familiares de estos pacientes, a los vecinos y ciudadanos de la comunidad y los trabajadores. Nada más.

(*) Psicoanalista, jefe de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo