Chile, 40 años no es nada

Un recorrido por el Chile rebelde. Al cumplirse 40 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, una mirada que abarca las luchas actuales de pueblos originarios, estudiantes y trabajadores. Radiografía de un presente de resistencias con marcas de identidad del pasado reciente. Un material especial del periodista chileno Patricio Escobar Romero para las revistas Sudestada y superficie.

Algo está pasando en el silencioso Chile. Desde hace años, la postal de quietud que dejó como herencia la Dictadura de Augusto Pinochet comenzó a resquebrajarse en las manos, en las voces y en las fuerzas de los sectores desplazados por el “modelo de desarrollo”. Si se tratara de un asunto meramente cronológico, podríamos situar este despertar en la oleada de manifestaciones contra proyectos energéticos (como HidroAysén y Punta Alcalde) y mineros (como Pascua Lama) que amenazaron y amenazan la rica y diversa geografía de este país.

En esas manifestaciones, tras tantos años de “recogimiento político”, de conformismo y de mediocridad, hubo quienes se reconocieron en sus desgracias compartidas y en su temerosa apatía. Reconocimiento que les permitió a muchos cuestionarse el producto país que les venden hace varias décadas: ese que presume de república ejemplar y que actúa como un sutil absolutismo que condena a sus habitantes a la violencia del endeudamiento para vivir y para estudiar, del endeudamiento para sanar, del endeudamiento para olvidar.

Esa violencia —material y simbólica— es fundamental para comprender el panorama al que asistimos, porque se tradujo en un malestar que representó vívidamente el surgimiento del movimiento estudiantil. Aunque venía mostrando energía desde el gobierno de Michelle Bachelet en 2006, durante el mandato de Sebastián Piñera adquirió las fuerzas necesarias para sentarse a la mesa como actor político. Sus marchas catalizaron este malestar gestado en dictadura, criado en transición y ya maduro en esta democracia sólida y restringida, que asegura la estabilidad necesaria para el apogeo de la acumulación de capital.

Un importante sector de la sociedad se familiarizó con sus demandas de “educación gratuita y de calidad”, del “NO al lucro”, entre otras, al punto que la simpatía por las demandas estudiantiles llegaron a concitar cerca de un 80 por ciento del “apoyo ciudadano”. No obstante, frente a los avances del movimiento, la respuesta de las élites fue la misma: si con la violencia económica no basta; violencia real, pura y dura. Y después de esos golpes, el llamado a la institucionalidad y al orden, una invitación a encauzar esas reivindicaciones por el camino leguleyo, donde pueden quedar atrapadas nuevamente.

Este movimiento estudiantil ha sido el más mediático, pero no el único. Bajo la administración del multimillonario hombre de la lista Forbes, se levantaron también las regiones del país, fuentes de inmensos recursos naturales y sedes de numerosas injusticias. En 2011, fue Magallanes, donde sus habitantes exigieron medidas paliativas a los altos costos de vida y, en especial, al precio del combustible, cuestión fundamental en la cotidianeidad de la región más austral de Chile. Un año después, la vecina región de Aysén fue la que exhortó a La Moneda a dirigir su atención nuevamente hacia la Patagonia para que escuchara que la vida es cara y difícil en el sur.

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El norte abundante en minerales y en tradición obrera se alzó por Calama, ciudad que alberga la mayor reserva de cobre, “viga maestra de la economía nacional”. Allí sus habitantes denunciaron que, pese a ser el pilar productivo de Chile, las mejorías no llegan o llegan mal cuando se administran a miles de kilómetros de sus problemas. Y tras la capital minera, vino Freirina, ciudad que enfrentó el desprecio de un empresariado propietario de una contaminante planta criadora de cerdos, que desnudó la debilidad de las políticas ambientales. Actualmente, es Tocopilla la que condena el abandono de una centralización extrema.

Por su parte, el movimiento de los pescadores puso a remar a este Chile contra una ley que entregó casi a perpetuidad la concesión del mar a siete familias controladoras de casi el 90 por ciento de la industria que explota este patrimonio. Su lucha interpretó la batalla de los pequeños contra los monopolios, que hallan en nuestra legislación un clima tan propicio para que se formen a su antojo. Y si ello encarnó las inequidades de nuestra sociedad, al sur del modelo, el conflicto del Estado chileno con la nación mapuche reveló, una vez más, la barbarie de las clases dominantes cuando se ponen en riesgo sus intereses.

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Los mapuches, que enfrentaran durante tres siglos los embates de la Corona Española en la llamada Guerra de Arauco, siguen resistiendo aunque frente a un opresor distinto. En efecto, desde la eufemística Pacificación de la Araucanía en 1861, ha sido el Estado nacional el que los ha perseguido, usurpando militarmente sus tierras ancestrales para entregárselas a colonos, 150 años después devenidos en poderosas empresas forestales. El incansable conflicto no puede sino entenderse desde la continuidad de ese despojo realizado a punta de balas en nombre de la civilización.

Actualmente, el Wallmapu (como le llaman) se encuentra totalmente militarizado y asediado por la aplicación de la cuestionada Ley Antiterrorista, que castiga a quienes se rebelan contra esta maquinaria que permite la depredación de la naturaleza y del hombre. El Gobierno de Sebastián Piñera —que replica el actuar de las administraciones Concertacionistas— desplegó hace unos meses la última ofensiva sobre la zona, la cual dejó a Rodrigo Melinao (muerto el 6 de agosto) como la víctima más reciente de la violencia estatal. Una más para la extensa lista de nuestra historia nacional.

Hace unas cinco décadas, Violeta Parra lo cantó en unas décimas que, lamentablemente, no han perdido su vigencia ni su urgencia: “Arauco tiene una pena/ más negra que su chamal/ ya no son los españoles/ los que les hacen llorar/ hoy son los propios chilenos/ los que les quitan su pan./ Levántate, Pailahuán”.

En el medio de todas estas bataholas, el Banco Mundial informó que Chile se instaló en el concierto de los países con más altos ingresos del orbe, gracias a un Producto Interno Bruto (PIB) de 22.655 dólares per cápita. El anuncio invitó a enérgicas celebraciones de representantes de las dos coaliciones que se han repartido el poder —la Alianza y la Nueva Mayoría (La Concertación renovada)—, pero también provocó reflexiones en torno a la cruel brecha que se abre entre los números azules de la economía y la dura realidad cotidiana.

Útiles para comparar la riqueza de las naciones, pero inservibles a la hora de medir la calidad de vida de los chilenos, estos indicadores terminan siendo un mero ejercicio estadístico para legitimar el discurso hegemónico. De hecho, al mismo tiempo que nuestras autoridades celebraban junto a sus gurúes internacionales el éxito del “milagro chileno” —como le acuñara Milton Friedman—, en prácticamente todas las grandes ciudades del país los trabajadores salían a protestar por sueldos dignos, el fin del actual sistema de pensiones y un cúmulo de derechos amputados durante las últimas décadas.

¿Cómo puede ser que en el superlativo momento económico de Chile sus trabajadores salgan a marchar contra las actuales condiciones laborales?

Según datos de la Fundación Sol, “la participación de los trabajadores en el salario nacional se ha reducido drásticamente, al punto de que el 0,001 por ciento más rico gana el equivalente a un sueldo mínimo cada 20 minutos”. Gonzalo Durán y Marco Kremerman, economistas de dicha entidad, agregan que “el 1% con mayores ingresos concentra el 32,8% de los ingresos totales”, una cifra muy por sobre el “21% de concentración que exhibe Estados Unidos, uno de los países más desiguales del mundo occidental”. Al parecer, la torta para repartir no alcanza para todos.

Cuarenta años no es nada

Hoy, toda esta geografía del malestar confluye en este nuevo septiembre, el mes con mayor peso emocional del calendario chileno. Durante estos 30 días, se han producido una serie de acontecimientos que han terminado por marcar aquello que llamamos Historia de Chile. Sucesos como el establecimiento de la Primera Junta de Gobierno (1810) comparten este periodo con hechos tales como el suicidio del Presidente Balmaceda, el 11 de septiembre de 1891, tras una sangrienta Guerra Civil en la que el imperialismo —inglés en este caso— ya metía su mano.

O qué decir del Golpe de Estado contra Arturo Alessandri Palma, Presidente Constitucional hasta 1924, cuando el Ejército le obligara a renunciar, también un 11 de septiembre. Más por las causas que los azares, estos treinta días reúnen hitos que invitan al ejercicio de la memoria a quienes habitamos este largo territorio entre océano y cordillera. Invitación que cobra más sentido este septiembre de 2013 en el que se cumplen 40 años desde que la oligarquía chilena, en comunión con el imperialismo estadounidense, derribara al Gobierno de Salvador Allende; otro 11 de septiembre, el más reciente de esta macabra lista.

Hace cuarenta años, aquí, las Fuerzas Armadas abatían al presidente democráticamente electo Salvador Allende. El Ejército se tomaba las calles de Arica a Punta Arenas, la Marina se sublevaba en Valparaíso, la Fuerza Aérea rasgaba el cielo de Santiago y terminaba bombardeando lo que minutos antes había sido la casa de gobierno. Adentro un pequeño grupo de hombres, entre los que estaba el mandatario socialista, resistía los embates de la Junta Militar, que desde zonas estratégicas desplegaba recursos bélicos como si se tratara de un enemigo brutal.

Chile se despertó de golpe, con estruendosa violencia, poniendo fin a un sueño que había iniciado lustros atrás. Ese sueño se había construido sobre la paulatina incorporación de los trabajadores en los órganos del poder político; se había cultivado sobre la creciente liberación del campesinado, que a través de la Reforma Agraria se sacudía el poder que durante siglos ostentó el latifundio; así como también se había erigido con un Estado que progresivamente tomaba mayor protagonismo en la búsqueda de la “verdadera independencia”: la independencia económica.

“La vía chilena al socialismo” era el corolario de una dinámica de inclusión social en la que los de abajo lograron instalar sus históricas reivindicaciones, cuestionando de paso el orden que los relegaba a los márgenes de nuestra sociedad. Gabriel Salazar, historiador de la Universidad de Chile, sostiene que “La dictadura de Pinochet puso fin a un periodo de transformaciones que va desde 1938 a 1973. Fue un proceso que se nutrió de las más diversas experiencias democráticas realizadas siempre en los marcos institucionales. Allende recogió las luchas y las demandas populares, articulándolas en su programa de gobierno”.

Por supuesto, en los ojos de quienes estaban aterrados por el avance de dichos sectores, el asunto tomaba otro cariz. La institucionalidad quebrantada, la crisis económica, el caos social fueron las principales ideas que conformaron el universo discursivo con el que intentaron legitimar el “pronunciamiento militar”, como le llamarían. El democratacristiano Eduardo Frei Montalva, presidente entre 1964 y 1970, sintetizaba esto de modo particular: “Toda la historia de Chile consiste en evitar que los indios atraviesen el río Biobío (la frontera de Guerra con los Araucanos); con el gobierno de Allende y la Unidad Popular los indios lo atravesaron. ¡Por eso se produjo el golpe!”.

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De vuelta al país de siempre

Es por motivos como estos que el 11 de septiembre de 1973 viene a constituir una fractura en la historia nacional. Una fractura que pronunció aún más la división entre quienes habitamos este país, así como también marcó una diferenciación clara entre el Chile de antes y el de hoy. Independientemente de la vereda en la que un individuo se sitúe para pensar en lo que ocurrió cuarenta años atrás, existirá un consenso —quizá el único real— en que ese día marca nuestro presente como nación.

Desde entonces, comenzó a escribirse otro relato cuyos rasgos más evidentes y brutales fueron los 17 años de dictadura, los más de 3.000 asesinados y los más 40 de mil torturados. Sin embargo, la explicación sería insatisfactoria si se apuntara al disciplinamiento social como el único objetivo de este plan urdido entre la élite nacional y el siempre estratégico apoyo de Estados Unidos. Hubo, además de los crímenes civiles, otro crimen en el que encontramos la continuidad necesaria para comprender el andar del Chile actual.

Bajo el régimen de Augusto Pinochet se cimentó el camino del llamado “neoliberalismo”, una suerte de contrarrevolución que sólo podía haberse impuesto en tales condiciones de terror. Aunque durante los primeros años de su andar, la dictadura se caracterizó por la represión y una que otra receta económica antiestatista (la conocida doctrina del shock), posteriormente comenzó a construirse un nuevo “modelo de desarrollo” bajo la promesa de integración al primer mundo.

Obviamente, ese bosquejo no fue obra de las Fuerzas Armadas, más instrumentales que ideólogas. A las líneas de este nuevo modelo las había trazado unos años antes un grupo de académicos, los Chicago Boys, formados por Milton Friedman en aquella ciudad de Estados Unidos. Ellos idearon soluciones que buscaban alejarse tanto de las antiguas prácticas del régimen oligárquico como del empoderamiento peligroso e indeseable de las clases populares. El régimen castrense aseguraba las condiciones necesarias para tal experimento social. “Chile, país cobayo”, resumió el siempre agudo poeta Armando Uribe.

Joaquín Lavín, ferviente devoto de esa línea de pensamiento, escribió un libro propagandístico titulado La revolución silenciosa, en el que aplaudió las políticas “modernizadoras” de la nueva administración. Entre las medidas que celebraba se encontraban la apertura total de Chile a los mercados internacionales, la liberalización de la economía, las reformas laborales y el Código del Trabajo, la atomización del Estado y las privatizaciones de empresas estratégicas, entre otras.

Paradójico resulta que, cuarenta años después, el propagandista en cuestión sea un reconocido ministro de Sebastián Piñera, quien se encuentra lidiando con los movimientos sociales que piden fin a estas “modernizaciones”, porque al parecer el milagro chileno no fue para todos.

Las luchas por mejores sueldos, la incipiente pelea por los derechos sindicales, las cada vez más frecuentes críticas a un sistema de pensiones que no da el ancho de política pública, la batalla por una educación estatal gratuita y de calidad, así como las críticas contra un modelo rentista de acumulación que avasalla todo a su paso; asoman como los renovados desafíos de este Chile, quizá un nuevo Chile de frente a otro viejo septiembre.

Y si durante la dictadura y la transición democrática, las élites que se han repartido el poder pusieron cerrojo al pasado, es deber de las nuevas generaciones de desplazados encontrar el hilo que explica su presente. Lo básico es rechazar esa republicana invitación al silencio y al olvido, porque niega la existencia de una continuidad que posibilita la concentración en pocas manos y que reparte democráticamente la miseria. El “milagro económico” sólo existe en el privilegio de algunos y en el gran teatro de su política. Quienes se hallan en el subterráneo deben emerger para que esta injusta postal de quietud no sólo se resquebraje, sino que desaparezca totalmente.