represión

Diciembre es el mes en el que se cumplen 10 años de la muerte de David Gómez y en el que Hernán Céspedes hubiera cumplido 22. Ambos adolescentes fueron víctimas de la violencia institucional en la túrística ciudad de Puerto Iguazú, mundialmente conocida por las Cataratas. Allí, en el norte de la provincia de Misiones, uno fue “suicidado” en 2006 y el otro en 2012. Recientemente sus familiares compartieron una marcha denunciando la impunidad judicial.

Por Sergio Alvez (*)

Los dos tenían 18 años. Los dos tenían el pelo negro, la sonrisa plena y el lustre luminoso de la juventud aflorando en sus miradas. Ambos vivían en el norte de la provincia de Misiones. Ambos, con seis años de diferencia, fueron asesinados luego de ser detenidos por la policía en Puerto Iguazú, la ciudad de las Cataratas. David y Hernán. El primero de apellido Gómez, el segundo Céspedes. En ambos casos lo primero que dijo la polícia fue “se suicidó”. Dos pibes. Un mismo victimario: la violencia institucional. Esa maquinaria que bajo el ala de la complicidad política y judicial, ejecutan las “fuerzas de seguridad” en las barriadas humildes del país, cargándose pibes inocentes para tapar casos con “perejiles suicidados” o porque a veces “se va la mano”.

Hernán hubiese cumplido 22 años el 10 de diciembre de 2016. Era compañero de curso de Itatí Piñeyro, en la escuela nocturna. Todo sucede en Puerto Esperanza, Misiones, una localidad donde la multinacional Arauco tiene una de las “papeleras” más contaminantes de la región y donde la familia Gruber supo construir una casta de actores políticos que gobierna el pueblo hace muchos años. En definitiva, uno de los feudos del norte provincial manejado por el modelo forestal implementado en la provincia al servicio de Arauco S.A .
Itatí Piñeyro (18) fue hallada muerta en un descampado el 12 de julio de 2012. Había sido violada. Versiones de testigos atemorizados y anónimos, dieron cuenta a la familia de “Taty” de la posible participación en el hecho de uno de los hijos de Gilberto Gruber, llamado Fabián, a su vez sobrino del intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber. Cuenta el maestro de Taty y Hernán, Carlos Duarte- quien además es un reconocido militante social- que en horas posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima del atroz femicidio, “ la policía desplegó un operativo terrible contra mis alumnos, los compañeros y compañeras de Taty. A muchos los fueron a buscar de noche, los llevaron al río y los amenazaron de muerte, muchos se fueron y no volvieron al pueblo por el terror que les inflingieron”.
Sindicado como principal sospechoso en el femicidio de “Taty”, por orden del ex Juez de Puerto Iguazú, Eduardo Fernández Rissi, la policía detiene a Hernán Céspedes y hasta lo alejan de su pueblo: se lo llevan a la Unidad Regional V, de la turística Iguazú. De allí, a horas de tener que prestar declaración, Hernán aparece “suicidado”, presuntamente con un “cordón” (cuando habitualmente lo primero que se hace con los detenidos es quitarle todo tipo de cordones, cinturones, etc). Fue el 27 de julio de 2012. Días antes, Hernán le confesó a su madre, Rosa, que tenía miedo que lo matasen, porque estaba amenzado por los guardias, que le pedían que se declare culpable del femicidio de Taty Piñeyro.

Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial
Reclamo por la muerte de Hernán Céspedes en dependencia policial

Dos años después, un joven que en las últimas horas de vida de Hernán estuvo detenido en la misma comisaría de Iguazú (posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria de Eldorado), hizo pública una carta-entregada a organismos de Derechos Humanos nacionales e intgernacionales- en la cual señala : “Yo (…) preso en este momento en la cárcel de Eldorado, en el pabellón de menores, actualmente condenado por robo calificado, declaro que presencié, cuando ocurrió la muerte del joven Hernán Céspedes en la Comisaría Seccional V de Puerto Iguazú, a fines de junio del año 2012. Ese día yo estaba preso enfrente de la celda en que estaba preso Hernán Céspedes y escuche reiteradas veces, en muchas ocasiones, presencié y vi como le pegaban brutalmente (el) policía López, Mariano, y una mujer policía que venía de Puerto Esperanza, entre otros policías”, escribió el joven.

Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad
Familiares de Hernán Céspedes en la marcha contra la impunidad

“Entonces, las sesiones de torturas eran constantes contra el preso. La distancia de mi celda a la de él era aproximadamente de dos metros y medio. Y la celda de él, la tenían con la luz apagada. Estaba acurrucado sobre un tipo de banca de cemento. Y venían constantemente, lo sacaban y lo traían de (regreso) al calabozo”.
Terminando 2016, la familia de Hernán Céspedes no solo no pudo conseguir que la Justicia investigue debidamente, sino que con el caso impune, siquiera cuentan con un abogado por falta de recursos.

Mural que pide Justicia para David Gómez
Mural que pide Justicia para David Gómez

David Gómez vivía en Iguazú. El 5 de diciembre de 2006, después del acto de colación en la escuela- terminaban quinto año-acudió a una fiesta con sus amigos. Un patrullero de la comisaría local arribó al lugar a pedir que bajen el volumen. No querían que escuchasen cumbia villera ni nada que hablase contra la policía. Cuentan que se dio un intercambio de palabras entre algunos de los pibes, entre ellos David Gómez. Terminada la fiesta todos volvieron a sus hogares. Todos menos David, quien fue interceptado por la policía. Calixto Gómez, militante de ATE y CTA y padre de David, recuerda que “vino el comisario a decirnos que apareció el cuerpo a 40 kilómetros, ahorcado en un pinar en Puerto Esperanza”.
Desde la aparición del cadáver de David, múltiples irregularidades se fueron sumando a la magra investigación judicial. “Cuando llegamos al pinar, mi hijo ya no estaba colgado, sino tirado en una camioneta de la policía de Puerto Libertad, lleno de hematomas, con los testículos muy inflamados, con claras marcas de haber sido brutalmente golpeado. Después apareció una testigo que dijo que vio como la policía lo golpeaba, pero fue amenazada y se apartó de la causa. A todo esto, las ropas de David no aparecieron nunca. La rama donde se colgó apareció cortada y el terreno bajo el árbol quemado”.
El caso, permanece impune y la causa judicial cerrada.

Familiares de David  Gómez, 10 años pidiendo justicia.
Familiares de David Gómez, 10 años pidiendo justicia.

El pasado 7 de diciembre, la familia de David Gómez organizó una marcha en Puerto Iguazú, a 10 años del asesinato impune de su hijo. Acudieron organizaciones, vecinos y amigos de David. Estuvieron presentes los padres de Hernán Céspedes y su hermana Paola. Al llegar al mural que recuerda a su hijo y exige Justicia, bajo un sol tremendo, Calixto Gómez dijo a los presentes: “Si estamos acá es porque no queremos que ningún pibe más en Misiones ni en ningún lugar de la Argentina pase por esto. No queremos que haya más victimas de la violencia institucional, que siempre son jóvenes y humildes, pibes de barrio. No queremos un sistema judicial corrupto y cómplice del poder. No queremos más impunidad. Ni un pibe menos”.

* Director de revista superficie

Operativo conjunto

Toda represión, toda tortura, es tan legal como la ley se lo permite y tan legítima como la sociedad lo pide o lo tolera. En Misiones, la policía volvió a torturar, esta vez, en plena calle céntrica de la capital y frente a cámaras de celular. La impunidad del uniforme es avalada por los pedidos de más policías en las calles, la resignación ante la violencia policial y la inacción connivente de los organismos que deben prevenir los tratos crueles e inhumanos.

Hace unos días, digamos una semana atrás, se difundió un video grabado en pleno microcentro de Posadas en el que se ve cómo ocho policías reducen violentamente a un hombre de unos 40 años, lo esposan sometiéndolo a golpes contra la vereda y ocasionándole un desmayo con posteriores convulsiones. Como es frecuente en estos operativos, ningún efectivo tiene el nombre, aunque en las imágenes pueden reconocerse facciones y rangos de oficiales y suboficiales. Es decir, son identificables. Se escucha que los policías acusan al hombre tirado en el piso de oponer resistencia y lastimarse solo y, ante el reproche de los testigos por la violencia ejercida, el suboficial que intenta evitar que se grabe la situación, argumenta: “Así no más es”, toda una declaración de la función reaccionaria de la institución.

Ante el desmayo del sujeto-reducido-a-objeto, uno de los uniformados comenta con liviandad “pará, pará, yo le voy a curar” y lo sienta con las manos esposadas en la espalda. El sujetado tose desde el fondo de las entrañas. El policía pregunta “¿estás bien amigo?” y ante la respuesta desgarrante de otra tos espasmódica, le palmea diciendo “está bien, liiisto”.

Alrededor de la situación se escuchan reproches de decenas de ocasionales testigos agolpados alrededor de la situación: “paren, no le pueden golpear así”, “¿alguien es abogado?”. La joven que graba valientemente con su celular, registra con minuciosidad el violento operativo y expone la magnitud de los modos de tortura que los uniformados ni siquiera precisan esconder: la impunidad de los agentes de disciplina funciona así desde siempre. No son resabios de la dictadura ni son malos policías: la Policía es así. Es eso, aunque a veces algunos se disfracen de parteros de emergencia y otras de custodios de la seguridad pública.

El espectáculo no fue casual, no fue un descuido: el control social del Estado requiere manifestaciones eventuales del ejercicio del poder sobre los cuerpos.

Legalidad ilegal

Al informar del procedimiento, los uniformados argumentaron que la detención se produjo porque el hombre entorpeció un procedimiento e insultó a los uniformados. La Ley Orgánica de la Policía de Misiones establece que los testimonios de los uniformados no requieren ser validados, id est, lo que sea que digan es válido para la institución. Por lo tanto, mientras esa norma esté vigente -y nada indica que haya intenciones de cambiarla-, tendremos que asumir que todo policía dice la verdad y que, en este caso, actuaron ante una contravención. Esto mismo es lo que indica la institución policial en su descargo mediático realizado días después del operativo: el hombre golpeado está supeditado a una causa contravencional.

Pero aún asumiendo ese lugar incómodo de decir que “tienen razón” -en realidad no tienen “razón” sino “poder” y con ello, la posición para establecer verdades-, nos queda por decir que no hay justificación para el trato deshumanizante. La reacción es desproporcionada, lo que no quiere decir que fue un exceso: eso que vemos en el video, eso es lo que fueron a hacer. Puede verse un minucioso despliegue de un operativo conjunto -tres policías de uniforme negro, dos de uniforme azul y tres sujetos de civil-, puede notarse el estudiado comportamiento y la distribución de roles y funciones según escalafones y áreas. Nada estuvo librado al azar.

El video expone a ocho funcionarios públicos sometiendo a vejaciones y torturas a un ciudadano. Podría decirse, entonces, que toda la patrulla es grabada en flagrante delito: el inciso 2 del artículo 144 del Código Penal establece pena de prisión para “el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”. Pero sabemos que en Misiones, la pena por mostrar la hilacha es apenas un traslado a comisarías con menos visibilidad.

Organismos orgánicos

En Misiones existe hace algunas semanas la Comisión provincial de prevención de la Tortura, puesta en marcha como parte del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, creado a su vez en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, asumidos por la Organización de las Naciones Unidas y aprobados en 2004 en Argentina por Ley Nacional 25.932. Misiones tardó 12 años en crear su propio mecanismo, y lo hizo de una manera tal que corre el riesgo de resultar una escribanía del buen obrar represivo. De hecho, la norma original, de 2014, fue reprochada por la Procuraduría penitenciaria federal por carecer de garantías de independencia del gobierno de turno, lo que llevó a modificar la norma y volver a aprobarla en 2015. A mediados de 2016, se convocó a postulantes para integrar la comisión provincial y el gobierno postuló a funcionarias públicas del Ministerio de Derechos Humanos y allegadas.

Pasando momentáneamente por alto esos “detalles”, vale preguntarse: ¿por qué aún no se han manifestado repudiando y promoviendo una investigación por este caso la Comisión Provincial contra la tortura ni el Ministerio de Derechos Humanos? Y podría agregarse además al párrafo de preguntas: ¿cuántas actuaciones como ésta no trascienden por realizarse en lugares distantes de la vista pública? ¿Cuántas denuncias de vejaciones y “apremios ilegales” no se toman en serio por ser de pibes de barrio o de “personas con antecedentes”?

La detención grabada se produjo sin orden judicial, algo habilitado por el Código de Faltas de la Provincia y la Ley de la Policía misionera. Ambas normas sostienen principios antidemocráticos que habilitan actuaciones arbitrarias de las fuerzas represivas y posibilitan procedimientos inconstitucionales, si atendemos que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que nadie puede ser detenido sin orden judicial; pero también ambas leyes sobreviven a gobiernos militares y civiles porque son de suma utilidad para poner a andar la maquinaria policial a discreción del gobierno o a pedido del público, que luego se asombra cuando ve lo que hace la policía que pidió liberar.


Enlace al video subido por MisionesOnLine

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