Curuguaty: la Fiscalía busca una condena ejemplar

El juicio contra los sobrevivientes de la Masacre de Curuguaty va llegando a su fin. A pesar de la solidaridad expresada por un amplio abanico de organizaciones y personalidades, la Justicia y el poder político avanzan en su intención de legitimar judicialmente la versión de los hechos que justificó un golpe institucional en Paraguay.

Por Cecilia Rodriguez *

El día 15 de junio se cumplieron 4 años de la sangrienta masacre de Curuguaty, en la que fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías en la finca de Marina Kue, en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
En muy pocos días y sin que se haya iniciado una investigación sobre lo sucedido, el Congreso paraguayo haría en tiempo récord un juicio político con el cual destituyó al entonces presidente Fernando Lugo.

A los campesinos sobrevivientes de la masacre les tocaría la persecución, el apresamiento, las torturas y la sustanciación de una causa penal escandalosa que descarga en ellos la responsabilidad de lo ocurrido aquel 15 de junio. Esa causa judicial dio lugar a un juicio oral que está ahora ya en sus instancias finales. El mismo día en que se cumplían los 4 años de la masacre la Fiscalía leyó sus alegatos ante el Tribunal.

Si bien la causa judicial ha sido groseramente amañada desde el comienzo, las organizaciones que acompañan a los campesinos acusados expresaron su repudio a las nuevas maniobras de la Fiscalía que, en sus alegatos, cambió en varios puntos su versión de los hechos con el fin de agravar las acusaciones. En base a esto solicitó penas de prisión que van de los 5 a los 40 años de reclusión contra 11 campesinos.

A pocos días de que se emita el veredicto, que muy probablemente dictará severas penas contra los campesinos, es bueno analizar si este juicio podía tener un carácter diferente.

El enorme operativo para el allanamiento que acabó en desalojo y masacre.
El enorme operativo para el allanamiento que acabó en desalojo y masacre.

Juicio contra los sobrevivientes: una causa parcial desde su comienzo

La causa judicial “por la masacre” en verdad es una forma escandalosa de persecución política contra los campesinos sobrevivientes y tiene como fin justificar el accionar político y judicial de quienes ordenaron cometer la misma. Es por eso que, con un resultado de 11 campesinos asesinados no hay un solo policía, agente fiscal, político o judicial que haya sido investigado. Por el contrario, los únicos imputados son los campesinos, algunos de los cuales sobrevivieron heridos al procedimiento judicial/policial.

¿A quiénes se encubre con esta causa?

El procedimiento de desalojo que acabó en masacre se realizó en tierras públicas, que fueron usurpadas por el empresario y político colorado Blas N. Riquelme. Los campesinos ocuparon en reiteradas ocasiones el predio, reclamando que sea destinado a familias sin tierra.

El juzgado interviniente convalidó la usurpación por parte de Riquelme y ordenó a pedido de la Fiscalía un allanamiento que supuestamente tenía como único fin identificar a las personas que se hallaban en el lugar. Sin embargo, 324 policías bien armados y entrenados fueron afectados al procedimiento, algo desproporcionado para el fin expresado, y se concretó un desalojo con los resultados conocidos.

Ni el juez de Curuguaty ni la Fiscalía fueron interrogadas acerca de su responsabilidad en el caso: son los que instruyen la causa judicial contra los campesinos. ¿es de asombrarse que la Fiscalía solicite elevadas penas? ¿sería extraño que los campesinos sean condenados?

Blas N. Riquelme: el empresario y ex-senador colorado falleció meses después de la masacre.
Blas N. Riquelme: el empresario y ex-senador colorado falleció meses después de la masacre.

Pocos días después de la masacre el presidente Lugo fue destituido por considerarse que había permitido la radicalización de los campesinos. Con la criminalización de los campesinos se ocultan los intereses políticos que llevaron a cometer la masacre. ¿Era posible entonces una investigación imparcial que podría demostrar que se trató de una masacre planificada contra los campesinos? ¿cómo se sostendría el resultado del juicio político que posibilitó la destitución si se demuestra judicialmente que la masacre fue ejecutada por la policía?

La repercusión del caso sacó a la luz que las tierras reclamadas por los campesinos habían sido usurpadas por la empresa Campos Morombi, propiedad de los Riquelme, y el hecho de que el juez Goiburú convalidó tal usurpación fallando irregularmente a su favor en el juicio de usucapión. A pesar de esto y de ser responsables directos de lo acontecido en el procedimiento de desalojo, el mismo juzgado quedó a cargo de la causa judicial por la masacre y siempre actuó como si los Riquelme fueran los dueños de la finca y los campesinos, los invasores.

Luego de los hechos, la investigación fue iniciada por la misma fiscal que solicitó el allanamiento, Ninfa Aguilar, quien al día siguiente ya había formulado la acusación, cuando aún era imposible una reconstrucción de lo sucedido. Posteriormente la actuación fiscal quedó en manos de Jalil Rachid, cuya familia tiene estrechos vínculos de amistad y camaradería partidaria con los Riquelme. Hay que acotar que tanto Blas N. Riquelme como Bader Rachid (padre de Jalil) fueron a su turno presidentes del Partido Colorado.

Fiscal Jalil Rachid
Fiscal Jalil Rachid.

Consecuentemente la Fiscalía no investigó lo sucedido, antes bien, su papel fue el de enunciar una hipótesis que criminaliza la lucha campesina y el de ocultar pruebas de lo que sucedió en Curuguaty: numerosas pruebas se perdieron, o fueron mencionadas en un principio para luego negarse su existencia. Asimismo, la Fiscalía no ordenó la realización de necropsias sobre los cuerpos de los asesinados en ese día, alegando que no se podía conocer mediante estudios forenses ni el tipo de proyectil que había causado cada muerte ni la trayectoria de los mismos.

Investigaciones independientes y elementos colectados por la defensa indican que los policías muertos habrían caído como consecuencia de “fuego amigo” disparado desde el helicóptero policial que sobrevolaba la finca. Pero si bien el piloto del helicóptero, el importador de los helicópteros y hasta la propia Fiscalía admitieron que la nave registra en filmaciones todo su accionar, posteriormente el Fiscal aseveró que tal filmación no existe.

La Fiscalía sostiene que un grupo de aproximadamente 60 campesinos, entre niños, hombres y mujeres, entre ellos, ancianos, emboscaron a 324 policías con alto nivel de entrenamiento, con armamento pesado y que contaban con apoyo táctico aéreo en el momento del procedimiento. Que los policías fueron asesinados con armas tales como escopetas, machetes y foisas que fueron usadas por los campesinos.

Inclusive partiendo de esa hipótesis descabellada, el entonces fiscal Jalil Rachid no pudo explicar por qué en su “investigación” no incluyó a la muerte de los campesinos, acerca de las cuales organizaciones independientes colectaron pruebas que indican que varias de ellas se trataron de fusilamientos.

Hasta el momento de los alegatos, la enunciación fiscal era que los campesinos habían matado a los seis policías, sin que se pueda determinar quién mató a quién, porque según Jalil Rachid “eso no se puede saber”. Sustentaba en ese juicio la acusación de “homicidio en grado de tentativa”.

Rachid asume como viceministro

En enero de este año Rachid abandonó el equipo de la Fiscalía para ser designado vice ministro de Seguridad de la Nación. Dejó a sus sucesores la improbable tarea de sostener en las instancias finales del juicio la acusación cuando su tarea en este tiempo fue destruir toda la evidencia posible.

Ahora en los alegatos, el nuevo equipo fiscal sostuvo que Rubén Villalba, Avelino Espíndola (asesinado) y Luis Olmedo asesinaron al jefe del grupo táctico, Erven Lovera, sin haber presentado una sola prueba de lo afirmado. Basan en ello el pedido de 40 años de prisión para Villalba y 20 años para Olmedo.

Asimismo cambió la versión acerca de la acusación de “invasión de inmueble ajeno” que era la base de la versión de Rachid: ahora alegan que para llegar a las tierras de Marina Kue los campesinos, invasores, debieron pasar por la finca 30, propiedad de los Riquelme.

A todo esto, a pesar de que está más que demostrado que los Riquelme usurparon Marina Kue, el año pasado el Congreso de la Nación aceptó la donación de Marina Kue por parte de los Riquelme.

Condena ejemplificadora

El carácter político de la causa judicial, el propósito de legitimar el accionar de algunas fracciones de poder y criminalizar a la lucha campesina fue enunciado explícitamente por el fiscal Nelson Ruiz en sus alegatos, cuando pidió al tribunal que dicte una “sentencia ejemplificadora”, que resulte “persuasiva para otros grupos de campesinos que en el futuro pretendan ejercer derechos usando esta vía (de la ocupación de tierras)”.

Para ello recurrió también a la estigmatización ideológica cuando argumentó su pedido de 30 años de prisión para Rubén Villalba, con más 10 años de “medidas de seguridad” debido a su peligrosidad, la que a su juicio se demuestra en el hecho de que, declarándose analfabeto, el dirigente campesino “hace proclamas ideológicos citando a Lenin” además de que un supuesto perfil psicológico realizado a través de una pericia -que nunca fue mencionada en el juicio- establece que “tiende a percibir el mundo como amenazador e injusto”.

Las demás condenas solicitadas por la Fiscalía son:

Luis Olmedo: 25 años.
Néstor Castro y Arnaldo Quintana: 20 años.
Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolore López: 8 años.
Felipe Benítez, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería: 5 años.

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* Cronista de revista superficie.