Apuntes sobre el Seguro por Desempleo en Argentina

Apuntes sobre el Seguro por Desempleo en Argentina

La última vez que se actualizó la prestación del Seguro por Desempleo fue en 2006 a través de un DNU que estableció un tope de 400 pesos mensuales. Ese monto implicaba un 63 por ciento del Salario Mínimo. Hoy esta cifra se mantiene, pero representa menos del 7% del Salario Mínimo.

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Por Sergio Alvez (*)

En los últimos años, mientras se ha elevado el Salario Mínimo a niveles que lo sitúan entre los mejores del continente, Argentina ha desguazado su sistema de Fondo de Desempleo. Un trabajador o trabajadora que pierde su empleo hoy en la Argentina, y acude a Anses en busca de gestionar su Seguro por Desempleo, se encontrará con que todo lo que el Estado tiene para ofrecer son 400 pesos mensuales. Esta miserabilidad, expone a todo trabajador despedido, en el mejor de los casos, al empleo informal (trabajo en negro).

En Argentina, las prestaciones del seguro por desempleo se rigen por la Ley de Empleo (LE) sancionada en el año 1991. El artículo 118 de esta ley, explicita que un trabajador despedido debe percibir durante un año un monto mensual del 85% de su mejor remuneración mensual como empleado en sus últimos seis meses de trabajo formal.

Entonces, ¿por qué en la actualidad este monto máximo del Seguro por Desempleo sigue siendo de apenas 400 pesos? Aquí debemos detenernos a hablar del Consejo del Salario. Según define el Ministerio de Trabajo de la Nacion, el Consejo del Salario es un “ámbito institucional permanente de diálogo, del que participan pluralmente los trabajadores y empleadores, cuyo objetivo es evaluar temas referidos a las relaciones laborales tales como la redistribución del ingreso, la asistencia a los desempleados, el compromiso con la generación de empleo genuino y decente y el combate al trabajo no registrado, entre otros”. Entre las funciones del Consejo del Salario están: determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil, y determinar periódicamente los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Este Consejo del Salario estuvo constituido hasta ahora por representantes del gobierno nacional, cámaras empresariales, y representantes de algunos sindicatos. En su última reunión, este Consejo definió que a partir de enero de 2016 el salario mínimo en la Argentina sea de 6.060 pesos. Desde el año 2003 A 2015, el Consejo se reunió doce veces, pero en ninguna de estas reuniones se modificó el ridículo monto por prestación de desempleo. La última actualización fue a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/06, que estableció que desde el 1º de marzo del año 2006 el monto mínimo es de $250 y el monto máximo es de $400.

En 2006, ya era un monto desactualizado en relación al salario: representaba un 63,5% del mismo. Hoy, en 2016 y con un salario mínimo de 6.060 pesos, el seguro de desempleo, que por ley debe “cubrir las necesidades básicas del trabajador desempleado mientras busca un nuevo puesto de trabajo”, equivale apenas al 6, 6 % de ese salario mínimo. Hay que imaginar que un trabajador que percibía un sueldo, por ejemplo, de 10.000 pesos mensuales, y de repente al perder su empleo se encuentra con que la contención del Estado no le alcanza ni siquiera para alimentar a su familia dos días seguidos, sin duda alguna es un trabajador lanzado con certeza y desesperación hacia el trabajo informal. Por eso decía al principio, que no cabe duda que el desguace del Fondo de Desempleo ha sido y es uno de los mayores impulsores del trabajo no registrado en Argentina, lo que resulta paradójico con la implementación de políticas públicas para combatir precisamente el empleo no registrado. También le caben responsabilidades a las mayorías legislativas, dado que en varias oportunidades se presentaron proyectos para dignificar el Fondo de Desempleo en la Argentina, sin que jamás prosperara alguno de ellos.

Hoy, asistimos en los últimos dos meses a una ola de despidos masivos que encuentra en la gran mayoría de los casos, a trabajadores que han sido víctimas de la fortísima precarización laboral que se enquistó de manera sostenida en las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales (contratos basura, monotributo, vínculos precarios a través de cooperativas, universidades como promotoras de empleo precario, etc). El brutal ajuste que viene implementando el gobierno nacional de Cambiemos a través de sus expresiones en las provincias y municipios, seguido por administraciones kirchneristas que en determinadas ciudades también vienen despidiendo a mansalva, sumada a la irresponsabilidad de empresarios que durante la última década se enriquecieron a más no poder a base de hacer negocios fenomenales con el Estado, configuran un presente por demás complejo, al cual debe sumársele como elemento no menor, el desguace del Fondo de Desempleo al que hacemos mención y la elevada tasa de precarización laboral que se vino instaurando en el empleo público.

Desde el Observatorio del Derecho Social, de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, indican que “La situación actual del seguro de desempleo exige la instrumentación de soluciones que reviertan el déficit tanto de su alcance como del monto. Resulta absolutamente inaceptable que menos del 10% de los desocupados perciban el seguro por desempleo y que el monto percibido represente apenas entre el 2% y el 3% del salario promedio y ni siquiera llegue al 10% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
En términos institucionales estas soluciones deberían surgir tanto del Consejo del Salario como del ámbito legislativo. Por un lado, el Consejo del Salario debería actualizar los valores mínimos y máximos del seguro por desempleo para que cubran las necesidades básicas de los trabajadores desocupados y realizar actualizaciones anuales que impidan una nueva licuación. Este monto, como mínimo, debería representar el 45% del haber previo recibido por el trabajador.
Por otra parte, es necesaria una reforma legislativa que extienda el alcance del seguro por desempleo a todos los trabajadores que pierdan su empleo por una multiplicidad de causas ajenas a su voluntad, incluyendo a quienes fueron víctimas de una relación laboral fraudulenta (falsos monotributistas, por ejemplo), aquellos que renuncien por situaciones de violencia laboral, los despedidos por causas falsas que acusan los empleadores, los pasantes, los trabajadores del sector público sin estabilidad laboral plena, quienes acceden a un retiro voluntario, los trabajadores del servicios doméstico, entre otros”

(*) director Revista Superficie.