Aníbal y Ángel Verón, presentes

El 10 de noviembre se cumplirán 15 años del asesinato de Aníbal Verón, un trabajador desocupado que fue asesinado por la policía del entonces gobernador Jorge Romero, en Salta, en el marco de una protesta social. Hace días nomás, la policía de Jorge Capitanich, en Chaco, asesinó al militante social Ángel Verón, por reclamar viviendas dignas. Pese a todas las declamaciones, la represión de la protesta y la persecución a los luchadores sociales se mantiene intacta como política estatal de control social.

Por Sergio Alvez (*)

Asesinado por la policía de Jorge Capitanich, al momento de morir Angel Verón tenía 49 años. Dejó 10 hijos. Esposado a una cama de un hospital chaqueño, murió el 21 de octubre de 2015, tras haber sido secuestrado de su propio domicilio y golpeado por la policía chaqueña. Tras la brutal represión que esa misma fuerza desató sobre las organizaciones sociales que el 24 de septiembre osaron salir a reclamar materiales para poder construir viviendas, en el kilómetro 997 de la ruta nacional 11. El crimen de Angel Verón, configura la enésima muestra clara de la devaluación absoluta de la calidad democrática en la Argentina, donde la intolerancia a la protesta social exhibida por los gobiernos de turno se trasluce en asesinatos políticos que, desde 1993 a esta parte, suman un total de 70 muertes.
Represión, persecución política y criminalización de la protesta social, son los elementos de los cuáles el Estado se vale para dar respuesta a las demandas sociales que no sabe cumplimentar con gestión.
El 10 de noviembre de este año se conmemorará un nuevo aniversario del asesinato de otro militante social masacrado por las fuerzas de seguridad. Coincidentemente, aquel luchador se apellidaba del mismo modo. Hablamos de Aníbal Verón, de 37 años, asesinado de un balazo en la cara por la policía salteña, en el marco de una protesta social en Tartagal (Salta).
A continuación, un repaso de ambas historias, para conocer las matrices y responsabilidades de dos asesinatos políticos que demuestran que la represión de la protesta social en la Argentina, lejos de formar parte de un pasado, es una política de Estado que sigue provocando muertes.

Aníbal Verón
En el imprescindible libro “El sueño colectivo inconcluso” de Carlos del Frade (CTA Ediciones, 2011) hay un capítulo dedicado al asesinato de Aníbal Verón. La primera parte del capítulo enuncia:

El 10 de noviembre de 1834, nació José Hernández, el autor del Martín Fierro.
Escritor, periodista y militante en sus años juveniles, Hernández terminó siendo senador y diputado y aquella obra, “la gran novela argentina”, como la calificaría Jorge Luis Borges, terminó siendo una referencia obligada de la cultura popular. De hecho, el nacimiento de José Hernández fue convertido en el día de la Tradición.
Quizás como una mueca en clave de parábola, la tradición de las fuerzas de seguridad de la Argentina del siglo veinte fue celebrada –a su manera– otro diez de noviembre pero del año 2000. Ese día mataron a Aníbal Verón.

De 37 años de edad, y cesanteado por la empresa Atahualpa, en Tartagal (la zona de Salta más castigada por la crisis que asoló a la Argentina tras el torbellino neoliberal de los noventa), Aníbal Verón fue asesinado por la policía cuando participaba de un piquete en la ruta 34, junto a desocupados que habían perdido planes Trabajar o de huertas comunitarias, cesanteados de la compañía Atahualpa, docentes autoconvocados y despedidos de una empresa contratista de Edesa, la empresa eléctrica salteña.
Verón ganaba 600 pesos por mes y al momento de ser despedido la empresa Atahualpa le adeudaba 8 sueldos. El periodista Martín Granovsky, quien investigó el caso, señala que “Aníbal Verón no había llegado a los 40 años. Ya no llegará: una bala lo mató mientras la policía salteña reprimía a 90 piqueteros. Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, se convirtió en perito balístico. Dijo que el disparo no partió de ningún policía. Y otros funcionarios de su administración argumentaron que la policía no usa calibre 22, el tamaño de proyectil utilizado por el asesino. ¿Quién mató a Verón? La verdad, acaso, no se sepa nunca. Salta la linda es, desde hace muchos años, Salta la misteriosa, la opaca, la oscura”.
Para conocer en mayor profundidad el caso, se puede consultar en el libro de Carlos del Frade antes mencionado, cuya versión digital está disponible en el siguiente link: http://ctanacional.org/dev/wp-content/uploads/2015/01/Frenapo.pdf

represion-en-tartagal-y-mosconi (grande)

Ángel Verón
“No vamos a reprimir la protesta social” anunciaba Néstor Kirchner en albores de su gestión presidencial allá por 2003. Años más tarde, ya convertido en Gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich lo repetía: “Vamos a dialogar. No vamos a reprimir la protesta social. Sabemos que es una sociedad compleja y a partir de los menores ingresos que va a tener el Estado se va a requerir de mucho diálogo con los sectores”. A las palabras de ambos, se la llevaron el viento, y las balas.
El crimen de Angel Verón, en Chaco y ya con Jorge Capitanich nuevamente como gobernador tras un paso por un cargo nacional, oficia de evidencia contemporánea acerca del abandono absoluto de aquel slogan sobre la no represión de la protesta social. De punta a punta del país y a través de todas las fuerzas de seguridad disponibles (Gendarmería, Policía Federal, Policías Provinciales, Policías Municipales) en la Argentina la represión de las manifestaciones sociales sigue siendo moneda corriente.
Angel Verón era un luchador social. Vivía en la pobreza. Lo mataron por reclamar uno de los derechos más básicos: vivienda digna. El día de la represión, los policías de la comisaría 4º no sólo desalojaron la ruta a tiros, sino que luego fueron a buscar a Verón a su casa, y aplicando métodos de las dictaduras, lo secuestraron, destrozaron y robaron sus pertenencias. Lo llevaron a un hospital, donde lo esposaron a una cama, ya agonizante por los golpes que lograron abrirle una herida que estaba cicatrizando tras una cirugía reciente en su abdomen.
En su pueril defensa, la Jefatura policial chaqueña sostuvo que Verón “se auto infligió” las heridas mortales. Desde el gobierno nacional apelaron al jefe de gabinete Aníbal Fernandez para justificar el asesinato: “la herida de su abdomen no había tenido nada que ver con la discusión con los hombres de la policía chaqueña y había llegado al hospital con esa septicemia que es la que lamentablemente le provoca la muerte”.
No es la primera vez que Aníbal Fernandez justifica la matanza de luchadores sociales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2002, Maximiliano Kosteki, de 21 años, y Darío Santillán, de 25, ambos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados por la policía durante una represión en reclamo de planes sociales. El presidente era Eduardo Duhalde y el secretario general de la Presidencia era Aníbal Fernandez, quien tras el asesinato de Kosteki y Santillán dijo que los piqueteros se habían matado “entre ellos”.

Volviendo al caso de Angel Verón, vale agregar un detalle para nada menor. La comisaría cuarta, que ofició en el operativo represivo y de posterior secuestro de Angel Verón, es sindicada como “una guarida de torturadores”. Forman parte de su gavilla los agentes Gómez y De La Fuent, ambos acusados de haber empalado a un joven y golpeado a su hermana en 2011. Pese a ello, esta dupla viene recibiendo sendos ascensos por parte de la jerarquía política provincial.
El Centro Mandela, publicó un comunicado donde señalan que “el reciente informe preliminar de autopsia realizada por la Oficina Médica Forense del Poder Judicial de Chaco corroboró que los agentes y funcionarios policiales que intervinieron -el 24 de septiembre pasado- en el procedimiento de desalojo en el corte de la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del Km 997, provocaron la muerte violenta de Ángel. Los golpes y castigos propinados a este dirigente social fueron fatales y determinantes de su fallecimiento”.
Por el asesinato de Verón renunció la cúpula policial de esa provincia.
Los familiares de Verón denuncian también que “el gobierno de Capitanich dio la orden de tratar de mantenerlo con vida hasta que pasaran las elecciones presidenciales”. El gobierno de Capitanich envió una corona al velorio, que terminó siendo quemada por los presentes, como reacción ante una hipocresía oficial que no es exclusiva de ese gobierno provincial, sino de todo el organigrama de poder estatal que, en la Argentina, sigue asesinado a los que reclaman.

(*) Periodista de revista superficie.